Polémica en el Congreso: un proyecto de ley propone permitir fumigar con agroquímicos a solo 10 metros de zonas pobladas

Una nueva iniciativa legislativa sobre el uso de agroquímicos reavivó el debate ambiental en Argentina. El diputado nacional Atilio Benedetti, representante de Entre Ríos por la UCR-Juntos por el Cambio, presentó en la Cámara de Diputados el proyecto “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Aplicación de Productos Fitosanitarios” (expediente 5621-D-2025), que permitiría fumigar con agroquímicos a tan solo 10 metros de viviendas, escuelas o áreas naturales sensibles.

Según Benedetti, la propuesta busca establecer “presupuestos mínimos” de aplicación para aquellas provincias que aún no cuentan con una legislación específica. El legislador sostiene que la norma tiene “carácter federal” y que incluirá requisitos como capacitación obligatoria para los aplicadores y control de recetas agronómicas.

Sin embargo, el punto que generó mayor controversia es el artículo 9°, que fija las distancias mínimas de pulverización:

• Aplicaciones terrestres y con drones: 10 metros.
• Aplicaciones aéreas: 45 metros.

Para el diputado, esas distancias son seguras “si no se fumiga con viento en contra”. Pero las organizaciones ambientalistas y referentes en salud pública advierten que la evidencia científica contradice esa afirmación y que los riesgos de exposición a plaguicidas son altos incluso a varios cientos de metros.

Rechazo de organizaciones ambientales

Desde la Coordinadora por una Vida Sin Agrotóxicos – Basta es Basta, con base en Entre Ríos, calificaron el proyecto como una “ley tapón” impulsada por cámaras empresarias del sector agroquímico. Según sostienen, la iniciativa “formaliza la falta de cumplimiento de las normativas ambientales existentes” y “blanquea” prácticas que vulneran derechos básicos a la salud y a un ambiente sano.

En diálogo con ERA Verde, voceros de la coordinadora señalaron que la propuesta tiene un “triple impacto negativo: en la salud, en el ambiente y en lo fiscal”, porque no plantea trazabilidad ni control sobre los productos, los servicios de fumigación ni las condiciones laborales de quienes los realizan.

La Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas también cuestionó el texto, calificándolo de “regresivo, criminal y negacionista” frente a las abundantes pruebas científicas que documentan los daños de los agrotóxicos en la salud humana y en los ecosistemas. “Autorizar pulverizaciones a 10 metros es ignorar deliberadamente lo que ya demostró la ciencia”, remarcaron.

La “invisibilización” de una actividad riesgosa

Para las organizaciones socioambientales, el proyecto de Benedetti excluye las fumigaciones del derecho ambiental al no considerarlas una “actividad peligrosa”. De ese modo, se las deja fuera del alcance de la Ley General del Ambiente (25.675), que exige controles, evaluaciones de impacto y aplicación del principio precautorio.

“El resultado es una ley que no protege, sino que disimula el problema: convierte una práctica potencialmente peligrosa en una actividad invisible para el Estado”, explicaron desde Basta es Basta. Además, denuncian que al no existir un sistema de seguimiento económico ni fiscal, las fumigaciones también evaden controles tributarios y laborales.

Un debate que vuelve al Congreso

El proyecto de Benedetti replica el modelo de la ley de agroquímicos aprobada en Entre Ríos en 2023, que ya había sido duramente criticada por sectores científicos y ambientales. Las organizaciones esperan ahora que, en el Congreso nacional, se habiliten audiencias públicas para exponer sus objeciones, y que el debate no repita la falta de escucha que, según denuncian, caracterizó a la discusión provincial.

“Durante el tratamiento en Entre Ríos participaron universidades, investigadores, gremios y organizaciones de base, pero sus aportes no fueron considerados. El texto final no se ajusta al derecho ambiental ni a los estándares internacionales de salud pública”, afirmaron desde la red ambientalista.

Agroquímicos, salud y modelo productivo

El proyecto se da en un contexto donde el uso intensivo de agroquímicos es cada vez más cuestionado. En Argentina se utilizan anualmente más de 500 millones de litros de plaguicidas, muchos de ellos prohibidos en otros países. Investigaciones del CONICET y universidades nacionales han vinculado la exposición crónica a estos compuestos con problemas respiratorios, malformaciones congénitas y cáncer en poblaciones rurales.

El debate que abre la iniciativa de Benedetti trasciende las distancias de fumigación: plantea qué modelo de agricultura queremos. Mientras las organizaciones reclaman políticas de transición hacia la agroecología y la producción sustentable, el proyecto del diputado entrerriano parece insistir en una mirada centrada en la productividad, minimizando los impactos ambientales y sociales.

En palabras de especialistas del sector ambiental, “no hay transición justa si no hay justicia ambiental”.