Colombia: Aprobó el Acuerdo de Escazú

En horas recientes, el Acuerdo de Escazú, gran pilar de las luchas socioambientales en el país, fue aprobado en último debate en la Cámara de Representantes.

Con 120 votos a favor y a 63 días de haberse iniciado el Gobierno del presidente Petro, la iniciativa pasará a conciliación de la Cámara y el Senado para su posterior sanción presidencial, y así convertirse en Ley de la República.

Cabe recordar que durante su campaña, el presidente Gustavo Petro se había comprometido a impulsar la iniciativa para sacarla adelante en el Congreso, hecho que se materializa con el ‘visto bueno’ en plenaria.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, afirmó que “el cambio político trajo un cambio que no se había podido hacer en tres años, y es la ratificación del Acuerdo de Escazú”.

El Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de 2021, y se trata del primer tratado internacional de América Latina y el Caribe, relativo al medio ambiente, y el primero del mundo que incluye disposiciones sobre los derechos de los defensores del medio ambiente.

Respecto al acuerdo, la representante tolimense Martha Alfonso, opinó que el mismo pondrá ‘a tono’ al país y la región con las dinámicas ambientales de estamentos internacionales.

“Implica más participación y acceso a la información ambiental, participación democrática de las comunidades en las decisiones ambientales que afecten su territorio y, lo más importante, el componente de justicia ambiental que compromete a los estados a garantizar la vida, los derechos humanos y las condiciones de seguridad los líderes y lideresas que defienden el territorio”, precisó Alfonso Jurado.

Las ‘líneas’ de acuerdo en el Tolima

En el Tolima, múltiples colectivos socioambientales han surgido con el pasó de los últimos años. En un panorama complejo, varios activistas en diferentes partes de la región, han dado ‘cara’ a múltiples multinacionales extractivas y proyectos agropecuarios de alto impacto.

En municipios como Cajamarca, Ibagué, Anzoátegui, Líbano o Falan; cuentan con diferentes consorcios ambientales que se han fortalecido, producto de sus contiendas sociales y ambientales.

El tratado ambiental tiene como fundamento garantizar el ejercicio de tres derechos fundamentales: a acceder a la información, a participar en toma de decisiones que afectan sus vidas y entorno, y a acceder a la justicia cuando sus derechos han sido vulnerados.

Robinson Mejía, miembro del Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca), precisó que el acuerdo se convierte en un instrumento regional que pone una discusión frente a los derechos de acceso, a la información, a la participación y a la justicia.

“Cuando pensamos cómo aterriza en la realidad de las personas y los territorios, podría decir que falta mucho. Si bien el tratado abre una ‘sombrilla’ sobre dónde se deben situar estos procesos en los derechos de acceso y contribuye a la democracia ambiental, ahí no se agota la discusión. Tenemos que garantizar que Escazú funcionará si trabaja también por un ambiente sano. Que exista el tratado lleva a revisar cuál es el paso a seguir y el Gobierno deberá reglamentar en qué consiste”, apuntó Mejía.

Y subrayó: “Desafortunadamente, una de las cosas que incidió mucho Colombia en el proceso de negociación del acuerdo fue el hecho de que, por iniciativa de la delegación colombiana, a los mecanismos de participación le restaron su fuerza vinculante en ese tratado. Era más garantista a una consulta popular frente al derecho que plantea el acuerdo”.

Por su parte, Valentina Camacho, subdirectora de Educación y Participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, acotó que aplicar el acuerdo “es reto grande del cual hay conciencia frente a la estrategia de derechos humanos para el acompañamiento a los territorios”, destacando el peligro que representa en Colombia ejercer la defensa ambiental.

“El Ministerio quiere adelantar muchas campañas que ayuden a visibilizar la digna labor que realizan los defensores. También es importante poder tener un sistema de información sobre conflictividad social que nos permita actuar a tiempo en términos de poder atender conflictos socioambientales que se presentan en los territorios”, explicó Camacho.

Y apostilló: “Hay que adelantar diálogos directos con las comunidades. En ese sentido, habrá un equipo de diálogo social en atención de esos conflictos. Se está pensando poder fortalecer las veedurías ambientales y el control social participativo para que las comunidades generen espacios para hacer seguimiento a temas ambientales”.