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Malargüe presentó proyecto para hacer minería

Región Cuyo 15/10/2022 León Felipe Alvaredo Von Semasco León Felipe Alvaredo Von Semasco
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El intendente lo ingresó este martes a la Cámara de Senadores. Pretende zonificar parte del territorio de Malargüe para realizar la actividad utilizando sustancias actualmente prohibidas. El Ejecutivo provincial no lo apoya y mantiene su idea de continuar con explotaciones dentro de la ley vigente
El intendente de Malargüe Juan Manuel Ojeda presentó este martes su proyecto para hacer minería por fuera de la ley 7.722. Se trata de una norma que zonificaría un porcentaje de su departamento para que en esos sectores sí puedan aplicarse sustancias como cianuro y ácido sulfúrico, actualmente prohibidos por la normativa, pero necesarios para distintos tipos de extracción. El Gobierno se despegó de la iniciativa.
Extraoficialmente, desde el Ejecutivo remarcaron que es un avance que sólo tiene sólo que ver con las intenciones malargüinas, y que no implica un deseo de Rodolfo Suarez ni de su equipo avanzar en ese sentido en este momento. La definición va en sintonía con lo dicho varias veces por el mandatario: que no volverá a dar este debate mientras dure su gestión.
El jefe comunal ya había anunciado que esta semana era la elegida para ingresar el texto a la Cámara Alta y que, muy probablemente, decidiera acudir en persona a la Legislatura para darle curso a la norma. Allí, según habían afirmado desde su equipo, contabilizaban un posible caudal de votos que le daba posibilidades de aprobarse, incluyendo apoyo de una franja opositora. Ahora que es explícito que el grueso del oficialismo no lo apoya, será difícil que tenga aval en las bancas.
Incluso, existe la posibilidad de que el cuerpo ni siquiera llegue a tratarse. Un dirigente que sigue las tensiones entre Ojeda y Suarez casi desde el principio marcó que, a un mes y medio del cierre de sesiones ordinarias, es una posibilidad que los tiempos lo terminen dejando fuera de discusión; ya que cualquier tratamiento en términos extraordinarios debería ser expresamente pedido por el Ejecutivo, lo que a esta altura asoma como imposible.
Pero en la dilación parecía haber un acuerdo. El propio intendente había marcado que se demoró en presentar la idea porque hubo momentos de alta conflictividad política en el Poder Legislativo. Primero, por el debate salarial de los estatales, que se trasladó a la política partidaria. Más tarde, por la reforma a la Suprema Corte que impulsó el sancarlino, y que también tensó el ambiente en la Casa de las Leyes. Un miembro del gabinete llegó a pedir al sureño que esperara a que se disipasen esos ánimos, y así parece haberlo hecho; pero no alcanzó para obtener respaldo oficial.

Distintos sectores criticaron las formas, pero no el proyecto
El malestar no sólo es político, sino que se visibilizó también desde otros sectores. Incluso de gente ligada a la actividad o que brega porque el proyecto avance. Es el caso de la Cámara de Minería, donde algunos referentes mostraron sus diferencias con la forma en que el proyecto fue gestado y con los modos en los que Ojeda los fue impulsando dentro de la agenda pública de Mendoza -sin darles demasiada entidad a ellos-. De hecho, dicen no haber sido consultados, y hasta este martes en que se presentó, es sabido que menos de 10 personas conocían los pormenores de la ley.
También se cosecharon críticas desde la Cámara de Comercio de Malargüe, que en luchas como la de Portezuelo del Viento y la recuperación de la mina Potasio Río Colorado, han avanzado espalda con espalda junto a Ojeda. En este caso, manifestaron que hubo un error -según ellos- en el secretismo que rodeó a la confección del texto, y en no haberlo hecho de forma más transparente a la sociedad, mostrando de qué se trataba el interior de lo que estaban trabajando.
 “Faltó gestionar apoyo académico, empresario y de distintas instituciones. Que se pudiera presionar al poder y a la vez convencer a los indecisos con esos respaldos sólidos a la propuesta. Y no que, por el contrario, se recibieran quejas de gente que se quedó sin saber de qué iba la norma”, expresó a UNO el titular de ese grupo de empresarios, Gustavo Miras. “Se fue por el mismo camino que con la ley 9.209, que es el de esconder lo que se hace en lugar de exhibirlo y someterlo a críticas válidas. Ahora, se paga de la misma manera; con desconfianza de la ciudadanía”, apuntó.
Además, Miras aseguró que esto puede complicar el impulso de otros proyectos que sí tienen posibilidades de hacerse, ya que no utilizan ninguna de las sustancias prohibidas, como Potasio Río Colorado; Hierro Indio (que está en etapa de exploración) y Cerro Amarillo, que estudia nuevas formas para la extracción de cobre.
Justamente, el aval que sí tienen esas iniciativas se relaciona con el pulgar hacia abajo de Suarez, quien ha manifestado que los únicos avances que apoyará serán ellos que cuenten con “licencia social” (hasta acá no ha sido mesurada, salvo por las manifestaciones en contra y las encuestas) y que estén por dentro de la Ley 7.722. Con esa sentencia, el futuro del nuevo proyecto minero tendría poco horizonte por delante. Si se cae, será el segundo fracaso consecutivo en menos de tres años para aquellos que buscan ampliar la minería metalífera de Mendoza.

Fuente: Diario Uno

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