Cuando la política ambiental agrava la sequía

La falta de agua en varias provincias genera tanto perjuicios económicos como ambientales por la afectación de cultivos e incendios. Por qué se produce y qué se puede hacer para mitigar el impacto.
La falta de agua se registra en más de la mitad de los suelos del país: son 1,64 millones de kilómetros cuadrados afectados por la sequía según los últimos informes presentados por el Sistema de Información sobre Sequías para el sur de Sudamérica (SISSA). El 45,52% se encuentra en un estado de “no seco”, 22,19% exhibe una situación de “sequía moderada”, otro 14,39%  muestran una “sequía severa”, un 8,9%  un área “anormalmente seca”, un 7,43% con “sequía extrema”, y otro 1,57% con un estado de “sequía excepcional”.
Entre las razones que aducen los especialistas se destaca la permanencia del fenómeno de La Niña, que lleva más de tres años, y las escasas lluvias. También se suman factores como la pérdida de pulmones verdes, que son espacios para la preservación del agua. Bruno Giambelluca, vocero de la campaña de clima y energía de Greenpeace, señaló ante El Auditor.info que en el país las tierras secas ocupan gran parte del territorio nacional y se ven afectadas por la industria agropecuaria, la deforestación y el uso inadecuado de los recursos hídricos. “Lo principal es asumir que estamos frente a un contexto de crisis climática y de biodiversidad, y eso significa tomar medidas urgentes para frenar la expansión de los combustibles fósiles y migrar desde una forma de generación de energía fósil hacia una renovable. Los Gobiernos deben comprender que un mayor impacto del cambio climático ocasionaría mayores pérdidas económicas y de bienestar en general”, asegura.
Según el último Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, el sector agrícola representa el 69% de todas las extracciones de agua subterránea, los usos domésticos representan el 22% y el 9% tiene fines industriales. “El nitrato, procedente de fertilizantes químicos y orgánicos, es el contaminante antropogénico más frecuente en las aguas subterráneas a nivel mundial”, señala el documento donde también refieren a que insecticidas, herbicidas y fungicidas, cuando se aplican o eliminan de manera incorrecta, pueden contaminar las aguas subterráneas con carcinógenos y otras sustancias tóxicas.
En cuanto a la deforestación, Giambelluca indica que está “directamente relacionado” a las sequías como otros fenómenos climáticos extremos. “Los bosques y sus suelos almacenan más carbono que cualquier otro ecosistema terrestre y juegan un papel vital en la mitigación de la creciente inestabilidad del clima. Si desaparecen los bosques, dejan de ser almacenes de carbono para pasar a ser fuentes, agravando el cambio climático. La deforestación representa aproximadamente el 23% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (más que todo el sector transporte del mundo)”, afirma el ambientalista.
Una mayor conciencia sobre la crisis hídrica y su uso adecuado ayudaría también a más compromiso y exigencias por parte de la ciudadanía. “La sociedad civil debe reclamar que los Gobiernos entiendan que tomar medidas urgentes frente al cambio climático es altamente necesario. Todas las acciones individuales sirven para poner cada uno su grano de arena”, indicó el referente de Greenpeace.

Informe de auditoría
La Auditoría General de la Nación concluyó que hubo un “escaso cumplimiento” del Programa de Acción Nacional (PAN) contra la desertificación. El proyecto es llevado a cabo por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo que se analizó fueron las medidas tomadas para cumplir con los objetivos de conservar los servicios ecosistémicos y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas, conforme a la Meta 15.3 de la Agenda 2030.
El país asumió compromisos internacionales en la lucha contra la desertificación, entre ellos, el de generar información sobre el estado de degradación de las tierras en diversas escalas y el monitoreo de la sequía pero, según el informe, no están siendo acompañados con las adecuaciones normativas, institucionales ni presupuestarias necesarias para su cumplimiento.
En el documento se resaltó el efecto que causa el aumento de la sequía y la degradación de la tierra, ya que trasciende las zonas directamente afectadas, y los beneficios de una lucha contra la desertificación que contribuiría a mitigar la pérdida de la biodiversidad, combatir el cambio climático global y mejorar la calidad de vida de la población favoreciendo la seguridad alimentaria.

Fuente: El Auditor