Reclamo de Río Negro y Neuquén por una mayor injerencia en el manejo de las represas hidroeléctricas

Por Omar Nelson Livigni

Viedma.- (APP) Durante el próximo mes de agosto, después de treinta años de manejo a cargo de empresas privadas y vencidas las concesiones otorgadas en su momento por el ex presidente Carlos Menem de las represas hidroeléctricas instaladas en Río Negro y Neuquén, habrá llegado el momento de discutir si la generación de energía continuará manteniendo el actual y cuestionado modelo o se producirá un retorno de ese tipo de gestión al estado nacional, y/o al de que puedan proponer las provincias propietarias de los ríos, según el artículo 124 la Constitución Nacional.

En realidad, el estado nacional apunta a recuperar la gestión perdida en el proceso de privatización realizado en la década de los 90.

Es por ello que ahora, y ante el vencimiento de los contratos de unas 22 represas hidroeléctricas, aparece la oportunidad de discutir la vapuleada relación nación-provincias, donde casi siempre los estados interiores han quedado subalternizados a los gobiernos centrales.

A partir de la reforma constitucional de 1994 se les otorgó a los estados provinciales la propiedad de sus recursos naturales, entre ellos de los ríos, hecho trascendente que otorga una renovada fortaleza a los planteos federalistas en el debate que se aproxima, que seguramente deberá ser sometida a un profundo replanteo.

Los primeros casos que serán planteados corresponden a los complejos hidroeléctricas de Alicurá (1000 MW), el Chocón (1200 MG), Arroyito (120 MG), Planicie Banderita (450 MG) y Piedra del Águila (1.400 MG).

Ante esta perspectiva la situación se estuvo manejando con especial prudencia y ya desde el año pasado los gobernadores Arabela Carreras de Río Negro y Omar Gutiérrez de Neuquén constituyeron una activa comisión bi-provincial con la participación de técnicos y especialistas de ambas jurisdicciones que estuvieron avocados a diseñar propuestas de acción, los marcos regulatorios del funcionamiento de las represas desde los ámbitos políticos, jurídicos, constitucionales, técnicos y económicos.

Desde la Secretaría de Energía de la Nación se intentó “atemperar” la actividad de los dos gobernadores patagónicos y como respuesta paralela se lanzó desde ese nivel el denominado Equipo de Trabajos de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (Etah).

Entre los objetivos de este organismo se menciona la elaboración de informes detallados de situación de cada concesión en todos los aspectos de sus funcionamientos, una manera de burocratizar los pasos de la inminente y difícil negociación.

A este tipo de jugadas se suman otras sencillamente irrespetuosas, como por ejemplo convocar a los representantes de las provincias, al titular del Departamento de Aguas Fernando Curetti de Río Negro, y al titular de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el funcionario neuquino Elías “El Gringo” Sapag, quienes al llegar a Buenos Aires, en el lugar y hora indicada no pudieron ubicar a sus convocantes que premeditadamente faltaron a la cita, en una tarea de hostigamiento inadmisible.

Mientras tanto se acelera la fecha de los vencimientos, y allegados a la Secretaria de Energía comentan que la única manera de que las represas pase a dominios de las provincias debería ser mediante una donación del estado nacional, lo que solo se podría lograr a través de una ley del Congreso.

Deben tenerse en cuenta, además, las versiones provenientes de ese mismo ámbito, indicativas que el gobierno nacional utilizaría cláusulas contractuales que le permitirían prorrogar las concesiones por el término de un año, hasta el próximo gobierno constitucional.

Haciendo abstracción de este clima adverso en estas provincias nor-patagónicas, la dirigencia gubernamental y política y los especialistas están a favor de que en la disyuntiva que viene Río Negro y Neuquén reivindiquen que la energía es un recurso estratégico para el desarrollo, no un comoditie para hacer negocios y sujeto a las leyes del mercado, y que el manejo de las represas sea ejercidas por las propietarias del recurso hídrico.

El año pasado se sumaron a este clima federal los diputados nacionales de todas provincias sureñas y en términos similares lo hizo el prestigioso Copade neuquino.

La única discrepancia fue planteada por el senador Oscar Parrili, quien presentó un proyecto de ley para que la empresa cuya estructura a utilizar fuera la estatal Enarsa, mientras que para las dos provincias el modelo sería la ex Hidronor reducida en su envergadura, u otros organismos regionales como el ente del Coirco, la AIC, o el aprovechamiento múltiple de Casa de Piedra sobre el río Colorado.

Finalmente, el responsable del DPA ingeniero Fernando Curetti, formuló declaraciones recientes puntualizando los requerimientos claves de Río Negro y Neuquén ante el estado nacional.

Destacó que se insiste en la necesidad de participar en conversaciones con el estado nacional para instrumentar un organismo operativo e institucional que contemple la activa participación de las provincias de Río Negro y Neuquén, ahora como propietarias del recurso hídrico por la reforma constitucional de 1994.

Subrayó que debe administrarse la operación de los embalses multipropósitos y las centrales hidroeléctricas con nomas que eviten la confrontación de intereses y resuelvan las eventuales modificaciones sin la rigidez de prolongados contratos de concesión al sector privado.

Culminó su mensaje destacando que, para operar dichas obras en el ámbito público, en este caso compartido entre nación, propietaria de las represas y las provincias dueñas del recurso hídrico, hacen falta los acuerdos necesarios entre las partes para optimizar el uso del agua -que su prioridad este claramente definida- para el control de crecidas, los usos humanos de consumo, riego e industrial y la generación de energía eléctrica. (APP)

Fuente: appnoticias