Santa Cruz: Denuncian el regalo de tierras en Punta Loyola

Punta Loyola, a 25 kilómetros de Río Gallegos, vuelve a estar en el centro del debate público. Desde 2009, esta zona ha sido objeto de "regalos" de tierras fiscales a empresas, un patrón que se repite con preocupante regularidad. En 2009 se otorgaron terrenos para una destilería de dudosa reputación; en 2011, fue el turno de YPF. Ahora, en 2024, el gobernador Claudio Vidal anuncia un nuevo acuerdo con la empresa estadounidense MMEX, que busca construir una planta de destilación de combustibles.

¿El Estado como propietario o administrador?
La concepción patrimonialista del Estado, que trata los recursos públicos como propiedad privada de los gobernantes, alimenta un ciclo de corrupción y autoritarismo. En este contexto, el anuncio de Vidal deja entrever una vez más la falta de transparencia en la gestión de estos bienes comunes. Se comprometió a ceder terrenos sin ofrecer detalles sobre la extensión, valor y condiciones de estas tierras. Además, la promesa de "facilitar" permisos ambientales suscita dudas sobre el cumplimiento de las normativas vigentes, recordando casos pasados donde los controles fueron ignorados.

Promesas vacías y resultados inciertos
Las promesas de desarrollo y empleo que acompañan cada nuevo proyecto en Punta Loyola han resultado, hasta ahora, en decepciones. En ocasiones anteriores, como en el caso de la destilería trucha, las tierras cedidas no cumplieron con los objetivos previstos. En lugar de generar empleo y crecimiento, muchas de estas iniciativas han quedado en la oscuridad, con sus responsables sin rendir cuentas.

Las promesas de "desarrollo industrial" se desvanecen en un entramado de decisiones opacas. Por ejemplo, la sesión de tierras a YPF en 2011 resultó en un terreno que, aunque alambrado, no cumplió su propósito original, mientras que los activos prometidos siguen sin realizarse.

La necesidad de transparencia
La historia reciente de Punta Loyola plantea interrogantes sobre la gestión de recursos públicos. Los ciudadanos merecen claridad sobre cómo se administran sus tierras y qué beneficios reales se obtendrán de estas decisiones. La repetición de este patrón de entrega de tierras sin rendición de cuentas debe ser cuestionada, para que las acciones del Estado se alineen con el verdadero interés colectivo.