Chubut: El silencio oficial ante la responsabilidad empresarial por los incendios forestales

El 20 de febrero, la policía realizó cinco allanamientos en los que identificaron a tres personas como responsables de uno de los incendios más devastadores en la Patagonia: el fuego en Atilio Viglione, una localidad en la cordillera de Chubut, que en enero arrasó casi 5000 hectáreas. Según las investigaciones, el fuego se desató en un campo privado, el “Establecimiento La Batea”, donde el propietario y sus empleados habrían iniciado el incendio con el fin de beneficiar intereses comerciales ganaderos y de venta de leña. Sin embargo, a pesar de las pruebas y de la identificación de los responsables, este caso no ha recibido la misma atención mediática que otros incidentes recientes en la región.

Durante semanas, se desató un intenso bombardeo mediático acusando a comunidades mapuches como responsables de los incendios. Pero tras el esclarecimiento de los hechos en Atilio Viglione, la cobertura y las acusaciones se desvanecieron, y las autoridades no han emitido declaraciones sobre los responsables de estos incendios. La diferencia en el trato a los involucrados, dependiendo de su origen étnico y contexto político, ha sido evidente, lo que alimenta la preocupación por una justicia sesgada.

El gobernador de Chubut, Nacho Torres, y otros funcionarios provinciales han sido muy activos en señalar a comunidades mapuches como responsables, pero cuando el fuego amenaza a territorios privados, como en el caso del “Camino de los Rifleros” o el Parque Nacional Los Alerces, la respuesta ha sido menos contundente. De hecho, cuando el fuego se acercó a la comunidad mapuche Nahuelpan, ubicada cerca de Esquel, las autoridades no emitieron un solo comentario sobre el avance del incendio.

El descontrol de los incendios ha dejado al descubierto la falta de recursos y personal para combatir el fuego. Brigadistas de todo el país denuncian la precarización de su trabajo, con salarios bajos y condiciones de trabajo extremadamente difíciles. A pesar de la creciente cantidad de incendios en la región, el gobierno no ha mostrado un compromiso claro con mejorar la infraestructura y la capacitación de quienes están en la primera línea de defensa.

Los brigadistas también alertan sobre la falta de apoyo para mantener un sistema de manejo del fuego que sea efectivo y sostenible a largo plazo. La crisis ambiental que enfrentamos en la Patagonia, exacerbada por el cambio climático, está siendo respondida con medidas de corto plazo que no logran abordar las causas profundas de los incendios, ni proteger adecuadamente los ecosistemas y las comunidades.

Por otro lado, mientras los responsables de incendios como el de Atilio Viglione siguen sin una condena pública firme, se ha intensificado la criminalización de pueblos indígenas y defensores del medio ambiente. Ejemplo de esto es el caso de Nicolás Heredia, detenido injustamente mientras ayudaba a combatir los incendios en Río Negro, una muestra más de la tendencia a tratar a los defensores del territorio como enemigos, mientras se minimizan las responsabilidades de actores económicos que se benefician de la destrucción del medio ambiente.

Este patrón de criminalización, sumado a la falta de responsabilidad de los poderosos, es cada vez más visible en los territorios afectados por los incendios. Las comunidades mapuches, como la Lof Nahuelpan, denuncian que el gobierno solo aparece para desinformar o hacer avanzar sus propios intereses inmobiliarios, mientras que los verdaderos responsables del desastre ambiental quedan impunes.

La situación de los brigadistas, la desprotección de los territorios indígenas y la escasa acción política ante los incendios nos deja una dura lección: el manejo del fuego y la protección del medio ambiente requieren un compromiso real de todas las partes, con políticas públicas que prioricen la vida por encima de los intereses económicos. Mientras tanto, la comunidad sigue luchando no solo contra el fuego, sino también contra la desinformación, la injusticia y el olvido.

Es hora de que el gobierno y la sociedad en general dejen de lado las narrativas divisivas y se concentren en lo que realmente importa: la preservación de la naturaleza y el bienestar de todos los habitantes de la región.