La Corte Suprema intervendrá en el reclamo por la minería de litio en Salinas Grandes (Jujuy y Salta)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) resolvió intervenir directamente en el amparo presentado por comunidades indígenas de la cuenca Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en reclamo por la violación de sus derechos humanos y ambientales frente al avance de proyectos de minería de litio y borato en sus territorios.

El caso fue iniciado en 2019 y denuncia que las actividades extractivas se desarrollan sin evaluaciones de impacto ambiental integrales ni consultas libres, previas e informadas, tal como lo exige la legislación nacional e internacional en materia de pueblos originarios y ambiente.

La Corte asumió su competencia originaria al considerar que el conflicto involucra un recurso natural compartido entre las provincias de Jujuy y Salta, y que la cuestión reviste carácter interjurisdiccional, según lo previsto en el artículo 7° de la Ley General del Ambiente N° 25.675. Esto implica que las decisiones sobre la cuenca deben analizarse con una mirada federal e integral, y no desde la fragmentación provincial.

Un ecosistema clave y amenazado
La cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc es uno de los humedales altoandinos más importantes del país. Alberga una biodiversidad única, adaptada a condiciones extremas de altura y salinidad, y es fuente de vida y sustento para comunidades originarias que habitan el territorio ancestralmente.

El sistema hídrico depende de un equilibrio delicado entre aguas superficiales y subterráneas. Cualquier alteración —como la extracción intensiva de agua para obtener litio— puede provocar la salinización o el secamiento del salar, afectando tanto a la fauna como a las actividades tradicionales de las comunidades, que viven de la cría de llamas, la recolección de sal y el turismo comunitario.

El litio, componente esencial para la fabricación de baterías, es considerado un “mineral estratégico” en la transición energética global. Sin embargo, su extracción plantea dilemas ambientales y sociales: mientras el mundo busca energía más limpia, los costos ecológicos recaen sobre territorios frágiles y poblaciones que históricamente han sido marginadas de la toma de decisiones.

La Corte exige transparencia y participación
En su decisión, la Corte Suprema ordenó a las provincias de Jujuy y Salta y al Estado nacional que, en un plazo de 30 días, presenten informes sobre los permisos mineros otorgados, las evaluaciones de impacto ambiental y los procesos de consulta realizados. Este requerimiento busca resolver la medida cautelar presentada por las comunidades para suspender las autorizaciones hasta que se analice el fondo del caso.

El tribunal destacó que la protección de la cuenca exige una gestión ambiental integral y recordó que el agua debe ser considerada como un bien del ecosistema, no solo como un recurso económico. De esta manera, reafirmó una mirada “ecocéntrica” del derecho ambiental, donde el equilibrio natural tiene valor propio más allá del uso humano.

Entre el litio y los derechos humanos
El reclamo de las comunidades puneñas y de FARN expone las tensiones entre la transición energética global y los derechos de los pueblos originarios. Mientras los países del Norte Global aumentan su demanda de minerales críticos, los impactos se concentran en el Sur Global, especialmente en regiones como el triángulo del litio, que comparten Argentina, Bolivia y Chile.

Las organizaciones denuncian que la proliferación de proyectos mineros se ha dado sin una planificación ambiental estratégica, con autorizaciones fragmentadas y sin respeto por el derecho a la consulta. En este contexto, la intervención de la Corte puede significar un punto de inflexión.

Una oportunidad para un fallo histórico
La Corte Suprema tiene ante sí la posibilidad de sentar un precedente histórico en la defensa del ambiente y los derechos humanos. Al integrar los principios del derecho ambiental, la jurisprudencia interamericana y los estándares internacionales sobre minerales para la transición energética, el tribunal podría establecer una nueva doctrina para la protección de ecosistemas estratégicos y comunidades indígenas.

Este caso, que combina justicia ambiental, derechos colectivos y transición energética, pone en evidencia un dilema central de nuestro tiempo: cómo avanzar hacia un futuro más sostenible sin repetir las lógicas extractivistas que han degradado los territorios y vulnerado derechos.

En palabras de especialistas del sector ambiental, “no hay transición justa si no hay justicia ambiental”.

Con info de FARN