Organizaciones ambientales llevan a la Justicia un megaproyecto de gas frente a Península Valdés

Un conjunto de organizaciones ambientales presentó una acción judicial para frenar el avance de un megaproyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) que se proyecta en la costa atlántica de la Patagonia. La iniciativa fue impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que advirtieron sobre los riesgos ambientales y legales del desarrollo de infraestructura gasífera en el Golfo San Matías, una zona de alto valor ecológico ubicada cerca de Península Valdés.

La presentación fue realizada ante la Justicia Federal mediante una acción preventiva de daño ambiental. El objetivo es que se ordene la suspensión de cualquier obra o actividad vinculada al proyecto hasta que se garantice el cumplimiento de los procedimientos ambientales establecidos por la legislación vigente.

Un polo de exportación de gas en la costa patagónica

El proyecto busca instalar infraestructura destinada a licuar gas natural y exportarlo a mercados internacionales por vía marítima. Para ello se prevé la construcción de gasoductos, instalaciones portuarias y la operación de unidades flotantes de licuefacción junto a buques metaneros que transportarían el combustible.

La iniciativa es promovida por la empresa Southern Energy, un consorcio integrado por compañías del sector energético como YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y la empresa internacional Golar LNG. El gas que alimentaría el complejo provendría principalmente del yacimiento no convencional de Vaca Muerta, en la cuenca neuquina.

De concretarse, el proyecto convertiría al Golfo San Matías en un nuevo nodo exportador de gas, con una infraestructura industrial de gran escala instalada en una región marina considerada estratégica desde el punto de vista ambiental.

Un ecosistema marino de alta biodiversidad

El área donde se proyecta el complejo forma parte de los golfos norpatagónicos del Mar Argentino, una región caracterizada por su elevada productividad biológica y su importancia para numerosas especies marinas.

En estas aguas habitan mamíferos marinos, aves migratorias y una gran diversidad de fauna que utiliza la zona para alimentarse o desplazarse. La cercanía con Península Valdés, uno de los sitios naturales más reconocidos del país, amplifica las preocupaciones sobre los posibles impactos del incremento del tráfico marítimo y de la actividad industrial asociada al proyecto.

Cuestionamientos a la evaluación ambiental

Uno de los ejes centrales de la acción judicial presentada por FARN y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas es la falta de evaluaciones ambientales integrales. Las organizaciones sostienen que un proyecto de esta magnitud requiere estudios detallados que analicen no solo cada obra de manera aislada, sino también los impactos acumulativos de todo el sistema de infraestructura proyectado.

También señalaron que algunas de las instalaciones previstas —como gasoductos y terminales portuarias— no habrían sido evaluadas de forma completa dentro de los estudios ambientales presentados hasta el momento.

Además, el arribo de materiales destinados a la futura infraestructura energética generó preocupación en las organizaciones, que consideran que cualquier avance logístico debería realizarse únicamente después de que se completen todos los procesos de evaluación ambiental correspondientes.

El rol de las organizaciones ambientales

La acción judicial busca aplicar el principio de prevención del derecho ambiental argentino, que establece que ante el riesgo de daño grave o irreversible al ambiente deben adoptarse medidas para evitarlo.

En ese marco, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impulsaron la intervención judicial con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental, la transparencia en los procesos de evaluación y la participación pública en decisiones que afectan ecosistemas estratégicos.

Un debate sobre el modelo energético

El conflicto abre una discusión más amplia sobre el rumbo energético de la Argentina. Mientras el sector hidrocarburífero impulsa proyectos orientados a la exportación de gas, organizaciones ambientales advierten sobre los impactos ecológicos y climáticos de ampliar la infraestructura vinculada a combustibles fósiles.

La causa judicial recién comienza, pero ya instaló una pregunta de fondo: cómo equilibrar el desarrollo económico basado en recursos energéticos con la protección de ecosistemas marinos sensibles y con los compromisos ambientales asumidos por el país frente a la crisis climática global.