La corte suprema de Estados Unidos volvió a ser noticia esta semana luego del polémico fallo sobre el aborto. Ahora se pronunció respecto a la política ambiental, en lo que respecta a las facultades de la Agencia de Protección de Medioambiente de EEUU sobre la regulación de la contaminación de los gases GEI (de efecto invernadero) y la industria hidrocarburífera. Este pronunciamiento afecta de lleno la transición energética, un compromiso asumido en diversos acuerdos internacionales y en las metas del acuerdo de París.

La composición de la Corte Suprema Estados Unidos:
Unos días antes dejar el gobierno, Donald Trump decretó una serie nombramientos de Ministros en la Corte Suprema de los EEUU con un claro tinte conservador. Esto se reflejó en los últimos fallos de la corte como el del aborto y el fallo actual Roe vs. Wade.

En contraposición, el actual presidente Joe Biden y su secretario de ambiente John Kerry, constantemente marcan en la agenda política los diversos conflictos ambientales de EEUU.

Las limitaciones del poder de policía ambiental:
En disonancia a la política ambiental de América Latina con la reciente victoria de Gustavo Petro que dió un puntapié inicial a una nueva etapa ambiental, la Corte Suprema de EEUU dicta un fallo totalmente regresivo en contraposición al principio de progresividad en esta materia, establecido por La Cumbre de la Tierra de 1992. En Argentina este principio fue acuñado por la Ley General del Ambiente como uno de los principales rectores de la política ambiental, -aunque los procesos judiciales muchas veces lo omitan-. El principio de no regresión/ progresividad establece que ninguna política pública puede retroceder en los avances ya adquiridos en derechos ambientales.

Acá en la Argentina Javier Milei planteó la semana pasada algo similar a lo que establece este fallo, manifestando que el cambio climático no existe.

Por todo ello es necesario un estado regulador homogéneo sobre los lineamientos ambientales