Hidrógeno verde: crece la expectativa por la ley para desarrollar el combustible del futuro, pero dudan que llegue a tratarse este año

El proyecto del Ejecutivo para regular la industria ya está listo para ser presentado en el Congreso; su aprobación destrabaría la inversión millonaria anunciada por la empresa australiana Fortescue; sin embargo, la agenda parlamentaria del año electoral podría complicar su tratamiento
El proyecto de ley de promoción del hidrógeno de bajas emisiones de carbono que elaboró el Gobierno ya está listo para ser presentado en el Congreso, luego de las puntadas finales que le dio el Ministerio de Economía. Sin embargo, la agenda parlamentaria signada por el año electoral podría complicar su tratamiento y seguir retrasando una de las mayores inversiones anunciadas durante la gestión de Alberto Fernández. Se trata del proyecto de la empresa Fortescue, que en 2021 anunció una inversión por US$8400 millones para construir una planta de producción de hidrógeno verde en la localidad de Sierra Grande, provincia de Río Negro, y que, desde entonces, está trabada por la falta de marco regulatorio.
“Mientras tanto, estamos realizando todos los estudios con consideraciones sociales, ambientales y de ingeniería para la toma de la decisión final de inversión”, aseguraron en Fortescue, en diálogo con LA NACION. Ello abarca los estudios de impacto ambiental y el análisis de los vientos durante las cuatro estaciones del año, para lo cual instalaron ocho mástiles de medición, que arrojarán sus primeros resultados en septiembre próximo. Para entonces, necesitan contar con una ley.
Si bien hay varios proyectos en marcha para desarrollar la industria en el país, el de la firma australiana es el más ambicioso. Su concreción resulta clave no solo para diversificar la matriz energética y, así, cumplir con las metas de descarbonización asumidas en la Cumbre del Clima (COP) y el Acuerdo de París sino, en lo inmediato, para paliar la escasez de dólares y mitigar su consecuente impacto en la macroeconomía. Además, la iniciativa generaría unos 15.000 puestos de trabajo directos y hasta 50.000 indirectos, de acuerdo con estimaciones del gobierno rionegrino.
Según el texto, que consta de 50 artículos, el objetivo es incentivar el desarrollo de toda la cadena de valor del hidrógeno de bajas emisiones, en sus etapas de producción, transformación, logística y transporte, así como la industria de bienes de capital asociada, con el fin de fomentar el establecimiento de polos productivos y la generación del empleo. Asimismo, procura fomentar el desarrollo científico y tecnológico local.
El proyecto de ley contempla también otros dos tipos de hidrógeno: el azul (logrado mediante procesos que involucran la utilización o transformación de combustibles fósiles para reducir su liberación a la atmósfera) y el rosa (producido a partir de energía generada en su totalidad por fuentes de origen nuclear).

El combustible del futuro
El hidrógeno verde es considerado “el combustible del futuro” por el bajo impacto ambiental que tiene su proceso de producción, ya que para fabricarlo no se libera dióxido de carbono, sino vapor de agua. Esta fuente de energía es generada mediante el proceso de electrólisis –es decir, aquel que separa los elementos de un compuesto, como el hidrógeno y el oxígeno, por medio de la electricidad– a partir de energías renovables como la eólica y la solar. En estos dos tipos, la Argentina tiene un gran potencial debido a los vientos de la Patagonia y el sol de la región del Noroeste.
Tanto en el mundo de los inversores como en el de la política fueron conscientes desde el primer momento de que la mayor expectativa giraría en torno a los incentivos que habría para el desarrollo de la industria incipiente en el mundo. Por ello, el proyecto de ley que baraja el Ejecutivo establece una serie de beneficios fiscales diferenciales de acuerdo con el tipo de hidrógeno, como ser la amortización acelerada del impuesto a las ganancias, la acreditación y/o devolución anticipada del IVA, distintas exenciones por importación de bienes y condiciones favorables respecto de los derechos de exportación.
Además, garantiza la estabilidad fiscal por 30 años –en respuesta al reclamo de la industria por “reglas de juego claras”– y el acceso al Mercado Libre de Cambios para la cancelación de deudas financieras, así como la disponibilidad del 50% de las divisas provenientes de las exportaciones.
Otro de los puntos novedosos es que la iniciativa exige “requisitos de integración de contenido nacional”, como condición para mantener los beneficios fiscales a lo largo del tiempo. El objetivo es que, a medida que los proyectos se desarrollen, cumplan con la transferencia de su tecnología al país e incorporen bienes e insumos locales, al tiempo que promuevan la investigación y el desarrollo argentino.
Asimismo, el proyecto establece la creación de un Fondo de Afectación Específica, destinado a financiar a proyectos de fabricantes de equipamiento de la cadena de valor del hidrógeno de bajas emisiones, y de la Agencia Nacional de Hidrógeno (Anhidro), organismo descentralizado responsable de asesorar en materia técnica y regulatoria a la Autoridad de Aplicación, que será la Secretaría de Energía.

Expectativa y dudas
Fuentes del mercado y la política consultadas por LA NACION acerca de las expectativas que genera la iniciativa oficial en un año electoral se mostraron confiadas porque “la ley es inevitable” y “saldrá más temprano que tarde”, dado que “el mundo está avanzando hacia la descarbonización total”. Sin embargo, reconocieron que los antecedentes no ayudan a pensar en ese sentido.
“Si repasas los anuncios de apertura de sesiones legislativas, el presidente viene hablando de estos temas desde el 1° de marzo de 2020, lo reiteró en 2021 con electromovilidad y en 2022 mencionó al hidrogeno verde, pero es retórico”, aseguró Gustavo Mena, de la Unión Cívica Radical, primer legislador en presentar un proyecto sobre hidrógeno verde, que no logró prosperar. Su iniciativa tomó en cuenta los aportes de la “Plataforma H2 Argentina”, el consorcio que integran la organización internacional The Global Legislators, el Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía (Cacme), el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Argentina (Ceare), la Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE) y la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires (UTN).
Otro factor que hace difícil pensar que la ley sea aprobada en lo inmediato es la actual dinámica del Congreso, dado que el bloque de Juntos por el Cambio advirtió, durante el período de sesiones extraordinarias, que no dará quorum para tratar ningún proyecto mientras se mantenga la iniciativa de juicio político a la Corte Suprema, algo que dividió las aguas en el recinto y paralizó por completo la actividad parlamentaria durante el verano.
“Lo veo difícil porque la agenda del gobierno va por cualquier otro lado. Pasa por atacar al Poder Judicial, reformar el Ministerio Público Fiscal y ver cómo lo echan al procurador general. No ponen en la agenda parlamentaria realmente los temas energéticos”, opinó Mena.
Sin embargo, fuentes oficiales al tanto de este tema en particular confiaron a este medio que hay posibilidades de avanzar el debate del marco normativo en el próximo período legislativo, que inicia el próximo miércoles 1° de marzo, y que harán “todo lo posible” para establecerlo. “No es un proyecto de ley polémico, si la oposición aporta cosas razonables”, dijeron.
Por su parte, en Fortescue evitaron hacer declaraciones públicas sobre el contenido del proyecto de ley porque aún no ha sido presentado oficialmente. “El hidrógeno verde es una realidad a nivel global y la Argentina tiene la oportunidad de convertirse en líder de producción en la región, posicionándose en la vanguardia de la transición energética. Por eso, es necesario que sea considerado un tema principal a discutir en el Congreso”, se limitaron a decir.
Además de la firma australiana, hay otros proyectos que también dependen del marco regulatorio. Es el caso de la compañía estadounidense MMEX Resources Corporation, que prevé invertir US$500 millones para edificar un campo eólico y su respectiva planta en Río Grande, Tierra del Fuego, y el del gobierno de Jujuy, en conjunto con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), aunque este último se encuentra en una etapa muy preliminar.

“Condición necesaria, pero no suficiente”
Juan Manuel Alfonsín, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), entidad que forma parte de la Plataforma H2 Argentina, afirmó: “Está faltando madurez política por parte de los diputados y senadores para impulsar una ley de hidrogeno verde”.
En ese sentido, Alfonsín reconoció las dificultades que podría acarrear un año electoral para el tratamiento un proyecto de este tipo, aunque aseguró que “desde Cader y la plataforma vamos a impulsar que se trate, haciendo todo el lobby necesario, en el buen sentido de la palabra, para que [la ley] salga”.
No obstante, el titular de la entidad advirtió que “tenemos que tener un contexto macroeconómico –que no depende de nosotros– mucho más estable para que desembarquen las inversiones”, por lo que “una ley sería condición necesaria, pero no suficiente”.
Según Alfonsín, la perspectiva para abordar la legislación en materia de energía debe ser más amplia e integral. “Hay que trabajar en un proyecto de ley de transición energética para que no nos convirtamos en un país que tiene una ley para el hidrógeno verde, otra para electromovilidad, otra para la energía undimotriz, otra para [gestionar la] acumulación”, dijo. Y agregó: “Bajo la figura de transición energética hay que incorporar todo, incluida la transición con ciclo combinado a gas natural para que podamos llegar a 2050 con una matriz totalmente verde”.
“Con contexto macro no me refiero solo a tener normas claras, seguridad jurídica y un solo tipo de cambio, sino a garantizar todos los incentivos que estamos impulsando desde esta transición energética. Es decir, que te puedan dejar traer los dólares y llevártelos, que puedas hacer las importaciones necesarias para equipamiento. Un poco lo que está pasando con la ley minera o la de hidrocarburos”, concluyó.
Cabe destacar que, a principios de febrero, el Gobierno oficializó la “Mesa Intersectorial del Hidrógeno”, un espacio de articulación público-privada que “permitirá generar un mecanismo para explorar las oportunidades de desarrollo de la industria”. Está integrado por representante de los ministerios involucrados en el tema, así como también por la Plataforma H2 Argentina, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación e YPF.
Según el Gobierno, el objetivo de la mesa es avanzar hacia una “Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Economía del Hidrógeno”. El nuevo espacio funcionará en el ámbito del Consejo Económico y Social, que está bajo la órbita de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, a cargo de Mercedes Marcó Del Pont, mientras la ley continúa su derrotero parlamentario y, sobre todo, político.

Fuente: La Nación