El 'ecocidio' y la urgente necesidad de un marco jurídico

Los ecocidios son el origen de conflictos armados, por ello es necesario un marco jurídico internacional que se traslade al ámbito nacional para detener la destrucción de la biodiversidad y la naturaleza, además de terminar con la plutocracia que impide reformas en organismos internacionales encargados de vigilar la paz mundial.
Así lo han señalado varios expertos participantes en el encuentro virtual ‘Alcance global del reconocimiento del ecocidio en la Unión Europea’ organizado por la Fundación StopEcocidio, en el que participaron el director de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza; la directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), Ana Barreira; el eurodiputado por el Grupo Verdes/Alianza Libre Europea, Floren Marcellesi; la directora de StopEcocidio, Maite Mompó, foro moderado por el médico y divulgador de Radio Clima Internacional, Carlos Ferreyra.

StopEcocidio
Mompó ha asegurado que la movilización social en todo el mundo ha permitido que la definición de ecocidio esté cada vez más cerca de llegar a la Corte Penal Internacional (CPI) para ser incluido como el quinto delito que juzga este tribunal, como el genocidio, los crímenes de guerra, agresión o los delitos contra la humanidad.
La directora de StopEcocidio ha manifestado que «vivimos momentos difíciles» no solo por el conflicto creado por la invasión en Ucrania sino también porque la humanidad afronta la crisis del cambio climático, la pérdida de biodiversidad que se encamina a la sexta extinción y la crisis de contaminación en tierra, mar y aire con sustancias muy peligrosas.
Mompó ha manifestado que trabajan a «contrarreloj» para afrontar y resolver esta situación que tiene «carácter urgente», no obstante, «hay que centrarse en cómo resolver problemas» para volver al estado de «armonía con la naturaleza» y ha incidido en la necesidad de crear leyes que «cambiarán las reglas de juego».
Las cosas han cambiado y «en este momento no está bien visto causar daños a la naturaleza, por ello, los delitos contra el medio ambiente hay que igualarlos con los crímenes de la CIP, según Mompó, quien ha recordado que el término ecocidio «ya ha entrado en los diálogos internacionales con gran impacto» con la nueva definición hecha por abogados de un panel internacional.
Tipificar el ecocidio permitiría a los defensores ambientales trabajar en la defensa ambiental sin los peligros que afrontan en la actualidad y evitarían además ser criminalizados por esa labor, según la directora de StopEcocidio, porque los delitos contra la naturaleza están relacionados con los derechos humanos, la justicia climática, entre otros derechos.
«Estamos en el buen camino», ha apuntado, «el sistema se está cayendo».

Cambiar la gobernanza internacional
Federico Mayor Zaragoza ha asegurado que «la solución ya la tenemos», con la definición de ecocidio, con la que se puede hacer una propuesta para la modificación del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, «pero la gobernanza actual no cumple con los compromisos adoptados».
«Ya está bien!, ha exclamado ante el silencio de la comunidad internacional frente a los compromisos no vinculantes que se adoptan en las convocatorias y foros internacionales.
«Todo está hecho y dicho», pero quienes tienen que ejercer la presión en este momento son los pueblos, porque «hemos resuelto evitar a las futuras generaciones una habitabilidad deteriorada».
«Ahora ya no podemos pensar que con esta gobernanza podemos funcionar, no se puede funcionar con vetos en Naciones Unidas, ni en la Unión Europea», y ha recordado que «diariamente se gastan 4.000 millones de dólares en armas y gastos militares», mientras millones de personas afrontan pobreza.
En este momento, se necesita «el liderazgo de las mujeres» para afrontar los fenómenos meteorológicos como el deshielo del Ártico que «lo estamos dejando pasar».
«O cambiamos la actual gobernanza del G7, G8 y G20 para ser multilaterales y tener la voz de la sociedad, de lo contrario tendremos normas muy buenas, pero no se pueden llevar a la práctica».
«Estamos delante de las futuras generaciones, tenemos que hacer una gran movilización contra el ecocidio», ha urgido, y ha mencionado el artículo tercero de Naciones Unidas que dice «compelidos a la rebelión» para conseguir los fines.

Soberanía ambiental
Ana Barreira, del IIDMA, ha remarcado que se necesita una reforma de la ONU y de la soberanía ambiental a nivel internacional.
En un repaso sobre las normas internacionales, Barreira ha explicado que la carta de San Francisco sobre la fundación de Naciones Unidas no recoge nada sobre la protección del medio ambiente ni el ecocidio porque se firmó tras la II Guerra Mundial, por ello, «es necesaria una reforma de la ONU».
No obstante, ha manifestado la abogada de IIDMA, «en el Estatuto de Roma sí se contempla los daños ambientales por conflictos armados», y ha recordado que Irak fue condenado por la quema de pozos de petróleo en la guerra de Kuwait.
Barreira ha explicado que es necesario tener varios instrumentos jurídicos para calificar el ecocidio y ha abogado porque Europa se convierta en «el ejemplo a nivel planetario» en el tema del ecocidio.

Armonización en las instituciones europeas
El eurodiputado Florent Marcellesi ha manifestado que en los últimos años ha habido mucha presión social -sobre todo de los jóvenes- para definir el ecocidio, junto al trabajo que lleva realizando StopEcocidio.
Marcellesi ha explicado que es necesario armonizar la legislación ambiental y sobre el ecocidio en las instituciones europeas, las mismas que están aportando sus enmiendas para la celebración del próximo trílogo, reunión de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeos.
No obstante, ha dicho, la Comisión ha dado un paso adelante y dentro del marco legislativo ha propuesto mayor armonización, cooperación transfronteriza, más sanciones y protección para los defensores del medio ambiente, «pasos muy positivos, pero se queda en crímenes existentes».
Además, ha reclamado la definición de crimen ambiental como autónomo y la revisión de la legislación secundaria, tocar nuevas posibilidades y la vía penal.
Ha manifestado que hay eurodiputados de casi todos los grupos políticos trabajando en el reconocimiento del ecocidio, no obstante, ha incidido en la presión ciudadana y social a los eurodiputados para la inclusión de enmiendas.
En España existe una proposición no de ley (PNL) sobre ecocidio apoyada por varias agrupaciones, pero hay que insistir para que se convierta en la posición española ante la UE, se coordine con los otros países y se actualice la definición del 2008.