"Minería Responsable": Un Proyecto Controversial en Mendoza

El diputado del Partido Justicialista (PJ), Gustavo Perret, ha propuesto un proyecto legislativo en Mendoza para crear un registro de ambientalistas destinado a supervisar la actividad minera en la provincia. Aunque el proyecto se presenta como un avance hacia una "minería responsable", es fundamental examinar sus implicaciones en el contexto de los graves desastres ambientales que han afectado a otras regiones de Argentina.

El registro propuesto incluirá equipos de ambientalistas que participarán en la supervisión de las operaciones mineras, con la condición de que estos profesionales no tengan vínculos familiares con las empresas mineras. Perret argumenta que esta medida es esencial para defender los recursos naturales de Mendoza y asegurar una explotación sostenible.

Sin embargo, es pertinente cuestionar si esta iniciativa realmente aborda las raíces profundas de los problemas ambientales asociados con la minería en la provincia y en el país. Las recientes modificaciones al Código Minero en Mendoza, que el proyecto pretende regular, han sido criticadas por algunos sectores como insuficientes para prevenir desastres ambientales, dado el historial de impactos negativos en otras provincias argentinas.

Por ejemplo, en San Juan, el derrame de soluciones cianuradas en la mina Veladero en 2015 dejó una estela de contaminación que afectó a los ríos y al suministro de agua en la región. La falta de controles rigurosos y la gestión deficiente de los residuos tóxicos han tenido consecuencias devastadoras para el medio ambiente y las comunidades locales.

En Catamarca, la situación en la mina Bajo de la Alumbrera ha causado la degradación de los ecosistemas circundantes y ha generado conflictos con las comunidades indígenas que dependen de la tierra para su subsistencia. El uso intensivo de agua y la generación de residuos tóxicos han contribuido a la crisis ambiental en la región, poniendo de relieve la insuficiencia de las auditorías internas y la falta de supervisión externa.

El proyecto de Perret, aunque orientado a promover la transparencia, puede no ser suficiente para enfrentar estos desafíos estructurales. El establecimiento de un registro de ambientalistas no aborda los problemas fundamentales de la minería a gran escala, como la falta de regulación efectiva, el impacto de las operaciones mineras en los recursos hídricos, y los riesgos asociados con la gestión de desechos tóxicos.

Las tareas asignadas a los ambientalistas del registro incluyen la evaluación continua de los impactos ambientales, la implementación de medidas correctivas y el cumplimiento de normativas. Sin embargo, para que estas medidas sean efectivas, es esencial que se integren en un sistema de control más robusto y que se garanticen auditorías externas independientes y rigurosas.

El proyecto de Perret debería considerar la experiencia de otras provincias y buscar soluciones más integrales que no solo se centren en la supervisión, sino también en la prevención de desastres ambientales y la promoción de prácticas mineras verdaderamente sostenibles. Mendoza, al igual que otras regiones argentinas, no puede permitirse seguir replicando errores del pasado, y la verdadera responsabilidad ambiental debe ir más allá de simples registros y auditorías superficiales.