Ecuador tiene que respetar la consulta popular sobre Yasuní

Expertos en derechos humanos del sistema de Naciones Unidas pidieron este martes 20 a Ecuador que cumpla con el mandato de su población y detenga la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, en la región amazónica del país.
“Los proyectos existentes y futuros deben ser detenidos y desmantelados, y el medio ambiente restaurado. El futuro del Parque Nacional Yasuní, de sus habitantes, de las generaciones futuras y del medio ambiente mundial depende de las medidas que se tomen hoy”, asentaron los expertos en una declaración.
Recordaron que “se cumple un año de la histórica consulta popular”, en la que 59 % de 10 millones de personas votaron, el 20 de agosto de 2023, a favor de prohibir la explotación petrolera en el parque.
Posteriormente la Corte Constitucional dio un año de plazo, hasta el 31 de agosto de 2024, para ejecutar el resultado en el Bloque 43 ITT, los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha.
“A través del voto, la nación ecuatoriana envió un mensaje claro al gobierno: Ecuador debe dar prioridad a la protección del clima, del medio ambiente y de los Pueblos Indígenas, y alejarse de un modelo económico basado en el agotamiento de los recursos naturales y la extracción de combustibles fósiles”, dice la declaración.
Los expertos, que actúan bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza, expresaron su preocupación ante las informaciones sobre la perforación de nuevos pozos en el parque.
Demandaron que, al contrario, el Gobierno y a las empresas que posee o controla deben “aplicar urgentemente la voluntad popular, y acelerar el proceso de transición”.
Entre los expertos de la ONU firmantes figuran Astrid Puentes Riaño, relatora sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, y Marcos Orellana, relator sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y desechos peligrosos.
Asimismo, Olivier De Schutter, relator sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, y el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.
Su documento destaca que el Parque Nacional Yasuní, de 10 200 kilómetros cuadrados en el oriente ecuatoriano, es uno de los lugares con mayor biodiversidad de la Tierra, santuario para innumerables especies y hogar de pueblos indígenas, algunos en aislamiento voluntario y que han preservado por siglos su forma de vida.
Declarado desde 1989 reserva de biosfera por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), “el parque también es vital para regular el clima y su protección evitará millones de emisiones adicionales de gases de efecto invernadero”, señala el texto de los expertos.
Apuntan sin embargo que “a pesar del claro mandato de la población ecuatoriana y de la Corte Constitucional, los avances en la aplicación de los resultados de la consulta popular han sido lentos”.
Guillermo Lasso, presidente del país cuando se produjo la consulta, dijo que era “imposible” aplicarla, porque el país no podía prescindir de los ingresos petroleros generados por el parque.
Su sucesor, Daniel Noboa, apoyó el cierre de la actividad petrolera en Yasuní durante su campaña, pero cambió de opinión alegando la urgencia de financiar la lucha contra la crisis de seguridad que enfrenta el país ante la delincuencia desbordada.
Ecuador, un país con 18 millones de habitantes, produjo el año pasado 475 000 barriles (de 159 litros) de petróleo crudo al día, y de ellos unos 57 000 salieron del Bloque 43 ITT, con un valor cercano a los cinco millones de dólares diarios.
No fue sino hasta el pasado mayo que Noboa creó un comité ministerial para “cumplir la voluntad popular con respecto al retiro progresivo y ordenado de todas actividad relacionada a la extracción de petróleo en el Bloque 43”.
Sin embargo, quedan pocos días para que venza el plazo fijado por la Corte Constitucional y las operaciones están lejos de su cierre o desmantelamiento.
“Cualquier retraso o desviación del mandato del voto corre el riesgo de socavar la protección del medio ambiente y los esfuerzos de acción por el clima, la integridad de los procesos democráticos de Ecuador y de amenazar los derechos humanos”, sostuvieron los expertos.
Aunque reconocieron que el bloque amazónico aporta 13 % de la producción nacional de crudo y que el cese de la explotación petrolera es costoso y complicado, alentaron al Gobierno a cumplir con las obligaciones legales, avanzar en una transición justa, incluyendo la financiación del desarrollo por otros medios.
Los expertos, que ya habían trabajado anteriormente con el Gobierno en este asunto, también pidieron que se mantuviera el diálogo con la sociedad civil y los pueblos indígenas para garantizar que se escuchan sus voces y se respetan sus derechos a lo largo de todo el proceso.