Piden en el Congreso que el ecocidio sea un delito en el Código Penal argentino

Más de 48 mil personas apoyaron una campaña para penalizar la destrucción masiva de ecosistemas.
ACTUALIDAD16/06/2025La Política AmbientalLa Política Ambiental
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Organizaciones ambientales, ciudadanos y legisladores presentaron en el Congreso de la Nación un pedido formal para que el ecocidio sea incorporado como delito en el Código Penal argentino.

El reclamo fue respaldado por más de 48.000 firmas, reunidas a través de la campaña de Change.org “Argentina necesita una Ley de Ecocidio”. La diputada nacional Margarita Stolbizer recibió la solicitud en un acto realizado en la Cámara de Diputados, donde expresó que “la destrucción ambiental tiene impacto directo en la vida humana” y llamó a avanzar con un marco legal que enfrente la crisis ambiental actual.

En el evento se presentó un anteproyecto de ley elaborado por el jurista Miguel Ángel Asturias, que propone adaptar al derecho argentino la definición internacional de ecocidio: la destrucción severa y generalizada de ecosistemas, causada de manera intencional o negligente.

También participaron referentes de la organización Stop Ecocidio, expertos en derecho penal ambiental y legisladores de distintos países de América Latina. Uno de los ejemplos que más resonó fue el caso de Punta Tombo, en Chubut, donde en 2021 la destrucción de nidos y la muerte de más de 100 pingüinos expuso la falta de herramientas legales para castigar este tipo de crímenes.

¿Por qué es importante?
El proyecto busca que Argentina se sume a países como Bélgica, Brasil y Chile, que ya avanzaron en legislar contra el ecocidio. De aprobarse, se establecerían penas concretas para quienes causen daños ambientales graves, dejando atrás la impunidad.

“No podemos seguir tolerando la destrucción ambiental sin consecuencias”, coincidieron activistas y legisladores durante la presentación.

La propuesta marca un paso clave hacia una legislación ambiental que defienda los ecosistemas como parte esencial del bienestar social y la justicia climática.

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