La Política Ambiental La Política Ambiental

Colombia: Amenazan de muerte a una activistas ambiental por oponerse al Fracking

INTERNACIONAL 19/04/2022 La Política Ambiental La Política Ambiental
Q3UiCRWg_4x

Yuvelis Morales, una joven líder social ambiental de Puerto Wilches (Santander), tuvo que abandonar el país después de que el 21 de febrero de este año hombres armados irrumpieron en su vivienda durante una madrugada tras recibir amenazas de muerte por su activismo.
Morales había intervenido el día anterior a este hecho en una audiencia que se estaba realizando para socializar el proyecto piloto de fracking, que tiene como epicentro este municipio del valle del Magdalena Medio.
Esta joven ambientalista hace parte de los líderes y lideresas sociales que luchan por el medioambiente y que están amenazados en Santander.
Según un listado revelado por la Unidad de Investigación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), este departamento ocupa el primer lugar del país donde más se registran estos hechos contra los ambientalistas.
“Santander se constituyó en el departamento del país donde se han presentado la mayor cantidad de amenazas de muerte contra personas que ejercen un rol de liderazgo de tipo ambiental”, dicen desde la JEP en un revelador documento que pone al departamento en los ojos de organizaciones sociales y de derechos humanos. Estas amenazas se han registrado principalmente en los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches y Puerto Parra.
Según la investigación de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, en los últimos 18 meses se incrementaron sustancialmente las amenazas de muerte contra defensores y defensoras de derechos humanos en el departamento.En Barrancabermeja se reportaron 22 casos; en Bucaramanga, 19; en Puerto Wilches, nueve, y en Sabana de Torres, ocho.
Santander es epicentro de dos proyectos minero-energéticos que levantan la voz de protesta de varios sectores, tanto comunidad como ambientalistas, por los posibles impactos medioambientales que podrían causar.
Por un lado, en la provincia de Soto Norte, se encuentra el proyecto minero de Minesa ubicado en zona aledaña al páramo de Santurbán y a un poco más de 180 kilómetros de allí, está Puerto Wilches, donde se estima que comiencen los pilotos de exploración de yacimientos no convencionales con la técnica conocida como fracking.
Ambos polémicos proyectos han estado en las críticas de los activistas del medioambiente, quienes entre masivas protestas le han pedido al Gobierno Nacional que no les dé viabilidad. Sin embargo, recientemente fue otorgada por la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla) la licencia ambiental a Ecopetrol para que efectúe el primer proyecto de fracking en el valle del Magdalena Medio.
Desde el ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol han manifestado en reiteradas ocasiones que han sido cuidadosos para mitigar al máximo cualquier impacto ambiental. “Nos encargamos de hacer un muy buen diseño de pozos y aquí tenemos los estándares y la ingeniería y la intención es que se pueda mantener la integridad de los pozos para que las posibilidades de contaminación se alejen”, dijo Gabriel Combariza, vicepresidente de yacimientos no convencionales de Ecopetrol.
El reporte del Mecanismo de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz, que está a cargo de la Unidad de Investigación de Acusación, indica que, entre 2017 y la primera semana de abril, en Santander se han registrado “siete hechos globales de amenazas a los liderazgos ambientales, afectando con ello a 49 líderes y lideresas del departamento”.
“Este fenómeno de intimidación constituye un incumplimiento de las garantías de no repetición, ya que diferentes organizaciones sociales del departamento de Santander han presentado informes a la JEP donde documentan hechos de victimización de sindicalistas, líderes ambientales y ciudadanos que se oponían públicamente al impacto medioambiental de la industria extractiva en Santander”, dijo Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación de la JEP.
La Alianza Colombia Libre de Fracking ha documentado que en los meses de febrero, marzo y abril se han incrementado las amenazas y ataques a líderes sociales.
“Hemos contabilizado unos 15 hechos en estos últimos tres meses que están asociadas directamente con la oposición al fracking en Puerto Wilches lo que es un número alarmante”, dijo Carlos Santiago, vocero de la Alianza.
Las autoridades aún no se las atribuyen a nadie. Sin embargo, “la mayoría de las amenazas contra los liderazgos ambientales son atribuidas a grupos sucesores del paramilitarismo, como el ‘clan del Golfo’ y las autodenominadas Águilas Negras’, que a través de panfletos se han encargado de atemorizar a personas”, dice la JEP.
El Magdalena Medio fue una zona de alta influencia paramilitar en los años noventa y en el 2000, por lo que tiene herencia paramilitar, según indican en Indepaz.
“Esta gente ha estado amenazando a los líderes. Algunos de ellos, más que todo mujeres, han tenido que salir de la zona temporalmente”, dijo Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Y agregó: “No podemos decir que estén mandados por el Gobierno o las empresas, sino que hace parte de esa cultura de violencia que se dirige en contra de los líderes porque no apoyan iniciativas del Gobierno, es una situación muy crítica”.
Hace dos meses apareció un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas donde mencionaban a 10 líderes y les daban 48 horas para salir de la región. Tras este hecho, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) ha acompañado a los líderes sociales amenazados. “Vemos que persisten las amenazas, no hay protección real para los líderes”, aseguró Iván Madero, presidente de Credhos.
La investigación de la JEP habla de una expansión territorial y recuperación de sitios donde la guerrilla del Eln tenía presencia.
“Ha desplegado una estrategia de copamiento y recuperación de áreas históricas de retaguardia (...) Así, para 2017, el Frente de Guerra Nororiental registró presencia en 12 de los 87 municipios santandereanos, y para 2022 ya logró irrumpir en 37 municipios del departamento, equivalentes al 43 por ciento de las entidades territoriales”.
Santander es un corredor que limita con departamentos donde hay fuerte presencia del Eln, como Norte de Santander y Boyacá, que a su vez limita con Arauca.
Desde el Observatorio de Derechos Humanos de Santander recalcaron en la importancia de reconocer que hay presencia de la guerrilla.
“Hemos evidenciado un discurso negacionista de las autoridades, donde indican que no hay grupos armados, si bien es cierto que no hay una estructura como antes, la evidencia muestra lo contrario. En el último año hubo más de 10 atentados contra la infraestructura petrolera donde se confirmó que era el Eln”, indicó Julio Acelas, director del Observatorio de Derechos Humanos.

Ecopetrol rechaza las amenazas a los líderes
La empresa Ecopetrol, encargada del proyecto de investigación de fracking ubicado en Puerto Wilches, ha rechazado en varias oportunidades las amenazas realizadas a los líderes sociales y políticos del Magdalena Medio que, según un panfleto, son de grupos al margen de la ley.
“La Empresa hace un llamado a las autoridades competentes para que se protejan los derechos a la vida, la integridad, la participación y la libertad de expresión de los líderes amenazados”, dijeron en un comunicado.
Además, la empresa enfatizó: “Ecopetrol respeta y promueve la libertad de expresión y no estigmatiza las opiniones distintas a sus posiciones; al contrario, cree firmemente que la escucha activa, incluidas las opiniones divergentes, son fundamentales para nuestra permanencia en el territorio”.

Te puede interesar

Lo más visto

Suscribite a La Política Ambiental

Suscríbete a La Política Ambiental para recibir periódicamente las novedades en tu email