Buenos Aires: Fumigaron una escuela y lo "repararon" con pupitres para el colegio

¿Cuánto vale la salud de niños y docentes expuestos a agrotóxicos? En Exaltación de la Cruz, al parecer, 30 pupitres y 60 sillas. Ese fue el "arreglo" ilegal pactado tras una de las fumigaciones más graves registradas en una escuela pública de la localidad bonaerense de Parada Robles. El hecho, ocurrido en 2019, vuelve a estar en el centro de la escena gracias a la denuncia del colectivo Exaltación Salud, que logró acceder a un expediente judicial oculto durante años.

El documento revela que las autoridades de la Escuela Primaria N.º 4 General José de San Martín (y su secundaria técnica) acordaron con el productor responsable de la fumigación una reparación en mobiliario escolar a cambio de archivar la causa, pese a que la fumigación se realizó en horario de clases y afectó directamente a estudiantes y docentes.

El día que una escuela fue fumigada desde el aire

El 11 de marzo de 2019, una avioneta sobrevoló y fumigó varias veces el predio escolar mientras había clases. Los químicos utilizados fueron Thiametoxan (prohibido en al menos 28 países) y Lambdacialotrina, ambos altamente tóxicos, especialmente cuando se inhalan o entran en contacto con la piel. Las consecuencias fueron inmediatas: síntomas de intoxicación, suspensión de clases, evacuación del edificio y secuelas en la salud de docentes y estudiantes.

Este atentado ambiental derivó en una ordenanza que prohibió las fumigaciones aéreas en el partido, pero la causa judicial fue rápidamente archivada ese mismo año, gracias a un acuerdo que ahora sale a la luz.

El “arreglo” que indigna: una reparación que no repara nada

El productor Miguel Ángel Zocca, señalado como el responsable, aceptó su culpabilidad a cambio de entregar 30 pupitres y 60 sillas. Según el colectivo Exaltación Salud, el acuerdo fue avalado por:

• La dirección de la escuela primaria y secundaria
• El fiscal Juan Manuel Esperante, quien además está denunciado por entorpecer otras causas similares
• La ausencia total de organismos de control, como la Asesoría de Menores o la Oficina de Resoluciones

Alternativas de Conflicto

Este acuerdo no solo es jurídicamente inválido, ya que la ley provincial 13.433 prohíbe este tipo de conciliaciones en delitos contra menores, sino que ocultó el expediente durante años e impidió el acceso a la Justicia por parte de familias y organizaciones.

“Esto no es solo un escándalo local. Es una muestra del poder del agronegocio para operar con total impunidad, incluso en instituciones educativas”, denunciaron desde Exaltación Salud.

Padres invisibilizados y justicia negada

Según el expediente, todas las familias habrían estado de acuerdo con el acuerdo. Sin embargo, al contactar a padres y madres que declararon en su momento, no solo desmintieron haber consentido nada, sino que sus testimonios ni siquiera fueron incorporados al expediente.

Además, el fiscal Esperante, mientras debía investigar a los responsables, fue fotografiado con miembros de la Sociedad Rural local, generando sospechas de conflicto de intereses.

Una estructura de impunidad en favor del agronegocio

Este caso no es aislado. La fumigación en Parada Robles forma parte de una serie de denuncias por fumigaciones ilegales en Exaltación de la Cruz, muchas de las cuales fueron archivadas o cajoneadas. La complicidad entre el Poder Judicial, sectores del Ejecutivo municipal, productores rurales y autoridades escolares quedó expuesta.

“No solo se violó el derecho a un ambiente sano. También se vendió la salud pública por unos muebles”, sentencian desde el colectivo ambiental.