Catamarca: Grupo Pro Minero corto ruta y amenazó a vecinos de Capillitas en Andalgalá
Región Noroeste 28/07/2022 La Política AmbientalUn grupo Pro Minero de personas amenazó e impidió el paso de vecinos de Capillitas, en Andalgalá, le dejamos el comunicado de la Asamblea El Algarrobo.
Comunicado
GRAVÍSIMO: AMENAZAS ARMADAS DE PATOTAS Y DESIDIA POLICIAL CONTRA VECINXS EN CAPILLITAS Hoy, miércoles 27 de julio de 2022, alrededor de las 10 horas, sujetos de un grupo parapolicial prominero amenazaron con un MACHETE y PIEDRAS a vecinas y vecinos de Choya que intentaban llegar al acampe que, desde hace meses, sostienen en la zona denominada El Globo (Minas Capillitas), en defensa del agua. Este grupo parapolicial goza de total impunidad y de comodidades que no condicen con la supuesta condición de “desempleados” que dicen detentar sus integrantes, lo cual deja en evidencia la complicidad del Gobierno de la provincia de Catamarca (en sus tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de la empresa MARA (Minera Agua Rica Alumbrera) y, por ende, de las accionistas YAMANA GOLD, GLENCORE y NEWMONT. Por si faltan argumentos que sustenten lo antedicho, el Gobierno de Jalil dispuso la instalación de dos conteiners de la Policía provincial frente al acampe de lxs defensores del agua, en Minas Capillitas. ¿Para qué? Obviamente, para garantizar el avance del proyecto MARA, que NO tiene licencia social, como claramente se ve. Esos mismos policías que vigilan a quienes cuidan el territorio SE NEGARON a tomar la denuncia de las víctimas. Igualmente, las y los vecinos amenazadxs radicaron ya la denuncia en Fiscalía (el mismo día que el Senado debe aprobar o no la designación irregular del fiscal Martín Camps). Esperamos que el Poder Judicial actúe con la dureza que amerita la violencia que se observa en el video. Recordemos que por el supuesto mismo delito, pero sin ninguna prueba, Camps judicializó a nuestros compañeros y dispuso una detención de 11 días. Ahora veremos qué tan independiente es el Poder Judicial de Catamarca. Responsabilizamos de la violencia al gobernador Raúl Jalil, a los diputados y senadores, al intendente Eduardo Córdoba y los concejales, a la jueza Naame y al fiscal Camps que, por acción u omisión, colaboran con estas acciones.
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