Catamarca: Comunicado de la Comunidad Indígena Atacameños Del Altiplano en rechazo al proceso de certificación IRMA para la empresa Livent

Foto: agenciapresentes

Comunicado en rechazo al proceso de certificación IRMA para la empresa Livent. La minería de litio es insustentable y provoca el ecocidio en nuestros territorios.

Antofagasta de la Sierra, 30 de noviembre de 2022

En nuestro carácter de integrantes de las comunidades originarias

Atacameños del Altiplano y Atacameños de Andiofaco y habitantes ancestrales del Salar del Hombre Muerto y de Antofagasta de la Sierra, Catamarca, queremos dejar constancia de nuestro rechazo al proceso de certificación de la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería

Responsable (IRMA) iniciado en el proyecto de extracción de litio "Fénix" a cargo de la firma Livent.

Hemos tomado conocimiento de que la mencionada firma iniciará una auditoría en nuestro territorio durante los días 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022. Este proceso de certificación no es más que un procedimiento que pretende avalar la continuidad del saqueo de litio en el

Salar de Hombre Muerto, así como la ampliación de la planta y de las cantidades extractivas que la empresa tiene proyectadas. Una vez más, reiteramos que la minería del litio es incompatible con la reproducción de las formas de vidas de nuestras poblaciones y territorios, fuerza procesos de desplazamiento poblacional, altera los comportamientos de nuestros animales de pastoreo, agota las fuentes de agua, altera los ciclos hídricos en los ecosistemas frágiles de los salares y humedales altoandinos de la Puna Argentina, poniendo en riesgo el conjunto de la vida humana y no humana en estos territorios y violando los derechos indígena- campesinos y territoriales establecidos en la Constitución Nacional, la Ley 21.160, la Ley General de Ambiente 25.657, la Consulta Previa Libre e Informada regulada en el Convenio 169 de la OIT. la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Bajo la idea de mitigación al Cambio Climático, la necesidad de una transición post fósil a nivel global, y las agendas estatales para una transición energética corporativa, se reproduce, en regiones como Europa, EEUU y China un modelo de vida basado en el consumo desmedido de bienes y de energía. Para sostenerlo, en países como Argentina, Chile y Bolivia, el modelo extractivista exacerba condiciones de vulnerabilidad socio ambiental. Las poblaciones que habitamos los territorios del sur global (en este caso, la Puna argentina) somos nuevamente invisibilizadas en nuestras demandas, violentadas y sacrificadas ahora para garantizar los niveles de emisión de contaminantes por parte de los países centrales. Los procesos de certificaciones -como es el caso de IRMA- sólo operan legitimando estas asimetrías y desigualdades estructurales, otorgándole al capital empresarial el poder de agencia, mientras que para nuestras comunidades sólo proponen mecanismos de falsa participación.

En sintonía con las auditorías participativas realizadas en nuestros territorios, nuestras denuncias y demandas colectivas son desoídas, no nos otorgan la posibilidad de voz ni voto, y operan dividiendo nuestras poblaciones por medio de promesas de integración hacia algunos comuneros y comuneras en detrimento de otros que son deslegitimados, negados y hasta criminalizados. En base a toda la experiencia que hemos vivido hasta aquí y en sintonía con lo expresado afirmamos que la convocatoria a que las comunidades participen de este proceso de certificación constituye meramente un acto de autolegitimación para el avance depredador y extractivista de las empresas sobre nuestros territorios.

Queremos destacar que el 21 de mayo de 2021 hemos mantenido una reunión por videollamada con integrantes de IRMA, en la cual enumeramos y denunciamos las preocupaciones y los daños tanto sociales como ambientales que ha generado la empresa en el territorio. Los mismos parecen haber sido desoídos y. por ello, queremos manifestar una vez más los motivos por los cuales continuamos rechazando la continuidad y la expansión de la actividad minera de litio en el Salar de Hombre Muerto, de parte de Livent así como del conjunto de los otros proyectos presentes:

1. La empresa Livent ha disecado por completo una vega de río (vega

Trapiche) como consecuencia del uso de millones de litros de agua duce en el proceso de extracción y purificación del litio. A esos volúmenes debe también sumarse la cantidad de agua con altos niveles de sal que extraen, ya que en conjunto afectan al delicado sistema hídrico del salar, de la región y a la biodiversidad.

Este daño ambiental es irreparable y se mantiene vigente hasta la actualidad:

 

2. La empresa Livent (que también reconoce en sus informes empresariales que esta vega ya no es una fuente acuífera posible de ser utilizada)

pretende avanzar con la expansión del proyecto "Fénix" a los fines de alcanzar la extracción de 40.000 toneladas de carbonato de litio desde el salar. En consecuencia, y de acuerdo a los propios informes de impacto ambiental, proyectan extraer 650.000 litros de agua dulce -por pozo- del río

Los Patos, el más caudaloso del salar.

3. Para lograr la extracción del agua construyeron un acueducto que atraviesa el territorio comunitario, ubicado a pocos metros de la vivienda y puesto de animales del cacique de nuestra comunidad (Román Guitian) que en ningún momento otorgó tal permiso. En el mismo sentido, se vulneraron los derechos indígenas ya que en ninguna etapa del proceso (desde la prospección en el año 1997 hasta la actualidad) se respetó el proceso de consulta previa, libre e informada de la comunidad originaria Atacameños del Altiplano (Convenio 169 de la OIT).

 4. La empresa Livent jamás presentó un informe de impacto ambiental integral o acumulativo ni realizó una evaluación del conjunto de los impactos ambientales de este tipo. Esto resulta extremadamente riesgoso ya que la firma Livent no es la única que pretende proveerse del agua dulce del río Los Patos, de hecho se encuentran en esta situación más de 8 empresas trasnacionales con proyectos en diferentes fases en este salar.

5. Los vecinos y vecinas de Antofagasta de la Sierra, junto a la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano, Atacameños de Andiofaco, la Asamblea PUCARA (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) y el

OPSAL (Observatorio Plurinacional de Salares Altoandinos), hemos venido desarrollando una serie de acciones territoriales, comunicativas y organizativas en la denuncia sobre la insustentabilidad de la minería del litio en la Puna. Junto a estas organizaciones se articulan un conjunto de apoyos de diversas fuerzas sociales, científicos, profesionales, ONG que dedican sus cotidianos esfuerzos a exigir el cese de la violación de los derechos humanos y ambientales.

6. Desde la comunidad hemos realizado presentaciones administrativas con más de 200 firmas ante el Ministerio de Minería de Catamarca, se sostuvieron diversas presentaciones en instancias judiciales, encontrándose en trámite un amparo colectivo ante la Corte Suprema de Justicia de Catamarca, donde pedimos la suspensión de la construcción del acueducto y que se suspendan las obras de ampliación del Proyecto Fénix.

7. A lo largo de los últimos años, la empresa Livent -junto al gobierno local-han empleado de manera sistemática, prácticas de violencia institucional y criminalización para intimidar y silenciar a las comunidades que alzamos la voz en defensa del agua y el territorio. En octubre de 2019, varios integrantes de la familia Morales fueron detenidos en su propio hogar mediante un uso abusivo e ilegal de la fuerza por parte de la policía de Antofagasta de la Sierra y fueron trasladado violentamente a la localidad de Belén. Ello, en el marco de una causa en la cual la empresa pretendía quedarse con el terreno indígena para utilizarlo como camino minero. 

En noviembre de 2019, una docente integrante de la comunidad fue arbitrariamente sumariada en su trabajo y citada por la policía local luego de haber realizado una acción pacífica informativa en la plaza principal del pueblo. En esa misma fecha, dos comuneros de Atacameños del Altiplano fueron detenidos ilegalmente en el propio Salar y trasladados a Belén, donde quedaron ilegítimamente detenidos por una denuncia falsa interpuesta por un trabajador de la empresa Livent. En diciembre del mismo año, el cacique de la comunidad fue perseguido en el territorio comunitario por policías locales que se movilizaban, sin identificación, en una camioneta particular que es propiedad de la empresa minera. 

Por todo lo aquí expresado, denunciamos a la empresa Livent por la violación sistemática de los derechos humanos hace más de 25 años en nuestro territorio comunitario y reiteramos nuestro RECHAZO AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA MINERÍA RESPONSABLE (IRMA)INICIADO EN RELACIÓN AL PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE LITIO "FÉNIX" A CARGO DE LA FIRMA LIVENT. 

Asimismo, les hacemos saber que las comunidades originarias juntos a las asambleas socio ambientales, ONG y organizaciones científicas, académicas y de la sociedad civil que nos acompañan, continuaremos firmemente con las acciones administrativas, legales, de defensa territorial, informativas, organizativas, de comunicación y todo aquello que resulte necesario para la defensa del agua, la biodiversidad, la ancestralidad y de nuestros territorios originarios.