Miembros de la comunidad indígena repudian el accionar del Gobierno de Córdoba y manifiestan que «quien debe cuidar nuestro patrimonio, lo destruye y lo entrega como souvenir a los comuneros».
DEFORESTACION 16/03/2023
La Política Ambiental
Por Agustina Bortolon (El Resaltador).
Desde hace tiempo, la Comunidad Indígena Las Tunas viene denunciando el avasallamiento de su patrimonio a causa de la construcción de la autovía de Punilla. Puntualmente, reclaman por la destrucción de pircas ancestrales pertenecientes a su comunidad y parte nodal de su cosmovisión.
El día 23 de febrero, el Área de Arqueología de la Agencia Córdoba Cultura (Gobierno de Córdoba) informó que «se establecieron medidas para el desarme del sector de las pircas que serán afectadas solamente por el ancho de traza vial. Este procedimiento será realizado por maquinaria tipo cargador frontal sobre neumáticos, con estricto seguimiento por parte del equipo de arqueólogos y la presencia de Patrulla Rural para el registro y atestiguamiento de las acciones».
Asimismo, expusieron que si desde la comunidad reclaman voluntariamente los materiales de las pircas, se entregarán tras el labrado de un Acta Policial. Si no se solicitan, «se recomienda colocarlos ordenadamente junto a los extremos en donde se produjo el corte, generando una acumulación en forma contigua que resultará en el engrosamiento de la pirca».
En este marco, Gustavo Pueyo -miembro de la comunidad Las Tunas- manifestó su indignación por el desarme de este sitio ancestral. «Para mi, es el lugar de los originarios que me precedieron y me legaron la vida aquí. Repudio el desprecio manifiesto a nuestra comunidad indígena y el destrato permanente que nos ha prodigado».
«Rechazo y me indigno al comprobar que quien debe custodiar nuestro patrimonio, lo destruye y entrega como souvenir de recuerdo a los comuneros. Indignación, discriminación y necesidad de justicia».
Fuente: elresaltador
Desde el colectivo V.U.D.A.S. - Fuera Porta indicaron que a los jueces "sólo los seduce el agronegocio, y no cuidar la salud y la vida de las personas". Presentarán el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba compartió los resultados sobre los primeros seis meses.
El Consejo Federal Pesquero también argumentó que la expedición de la organización ambientalista Greenpeace y biólogos del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) debía incluir a científicos del Estado, pese a que no estaban disponibles. El viaje buscaba estudiar cómo la prospección sísmica que realiza la noruega Equinor puede afectar a la ballena franca austral, Patrimonio Natural de Argentina.
El hallazgo se dio tras investigar las descargas de la central nuclear del lugar
