La reforma del puerto de Dock Sud sumó un nuevo revés esta semana, cuando la Justicia ordenó paralizar las obras del muelle 1 al hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Fundación Biosfera, que denunció que no se realizaron los estudios de impacto ambiental pertinentes para avanzar en las refacciones, según informa el sitio ambito.com.

A las críticas por la celeridad con la que la empresa Exolgan S.A., actual operadora del puerto, obtuvo la licitación para ampliar las instalaciones, se suma ahora la sentencia del juez federal de Morón Jorge Eduardo Rodríguez, quien ordenó la suspensión de las obras hasta que no se realicen los estudios requeridos.

Puntualmente, en su fallo, Rodríguez ordenó que el Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud suspenda el proceso de iniciativa privada presentado por Exolgan S.A. hasta no contar con el visto bueno de las autoridades, en este caso el Ministerio de Ambiente de la Provincia. Al mismo tiempo, instruyó a ACUMAR, autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, a realizar un control exhaustivo de la situación y notificar al juzgado.

El titular de la Fundación Biósfera, Horacio de Beláustegui, comentó: "La Justicia dio instrucciones al órgano de control del puerto, a ACUMAR, a la Provincia y a la empresa. Vamos a ver cómo reaccionan. Es ir avanzando gradualmente, pero tiene que haber una comprensión de la importancia que tiene el medioambiente en nuestra vida".

"No es una cosa que debemos ir expoliando permanentemente y no tenerla en cuenta. Justamente eso es el bienestar, no solamente de la población humana, sino del resto de las poblaciones", detalló De Beláustegui a este medio.

En referencia a la situación del puerto de Dock Sud, el profesor de Ecología de la Universidad de Luján explicó: "Es preservar el bien común. Debemos poner blanco sobre negro. Los proyectos se pueden hacer, pero de una manera que no impacten negativamente al bien común".

Y agregó: "La idea es preservar el biotopo y los ecosistemas, tanto naturales como urbanos. La idea es trabajar de la forma posible. No estamos en 1800: estamos en 2023, con serios problemas de cambio climático y de extinción masiva de especies".

En esa tónica, consideró que "tenemos que hacer las cosas de la forma más apropiada para no impactar negativamente, sobre todo pensando qué se puede hacer y qué se hace. De ninguna forma se trata de estar en contra del progreso y del desarrollo, para nada, pero sí dentro de un desarrollo sustentable".

"En nuestro país estamos un poco desprolijos en la gestión ambiental. En la política y en las acciones, el tema ambiental está de lado. No se mensura ni se revaloriza con la importancia que tiene. Así son los problemas que tenemos de cambio climático, de erosión de suelos, de pérdidas de biodiversidad y de falta agua, cuando realmente destruimos los humedales", añadió el especialista.

Por último, sostuvo: “No estamos desarticulados: estamos todos articulados. Debe haber una armonía entre la biocenosis, el conjunto de la capa y el biotopo, que son los servicios ambientales que recibimos naturalmente. No podemos hacernos los distraídos”.

Esta disputa no es la única en torno al puerto de Dock Sud. A comienzos de año, el Consorcio de Gestión de esa terminal publicó en el Boletín Oficial de la Provincia una propuesta para reemplazar el muelle 1 por uno nuevo, con el objetivo de poder recibir a buques de mayor calado, cuyo destino actual es Brasil y Uruguay.

A raíz de esta convocatoria, distintas operadoras del sector portuario protestaron, ya que, según entendieron, se beneficiaba a Exolgan S.A., empresa perteneciente a los grupos PSA (Puertos de Singapur) y MSC (Mediterranean Shiping Company). El problema reside en que muchas de las obras a realizarse serían linderas a predios de esa compañía, lo que se traduce en una ventaja competitiva imposible de equiparar.

La licitación, que estuvo a cargo de la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, Carla Monrabal, suscitó pedidos de informes ante distintos organismos por parte del diputado del PRO Héctor Stefani y también del bloque de legisladores de la UCR en Avellaneda.
 
Fuente: Ambito Financiero