El Tribunal Constitucional boliviano sentencia que la contaminación minera amenaza la salud en Poopó

Llevaba años hablándose en todos los municipios de la Cuenca del lago Poopó. Los habitantes del ayllu San Agustín de Puñaca estaban enfermando. Y todos intuían la razón.

La comunidad asentada desde tiempos inmemoriales en la ribera del Lago Poopó sacaba de él los peces y el agua para la agricultura y la ganadería que aseguraban su subsistencia. Pero hace años que el lago se secó como consecuencia del cambio climático. Y desde entonces los comunarios tienen que recurrir a los tres ríos que rodean la comunidad, el Huanuni, el Poopó y el Desaguadero, para proveerse de agua.

Antes de llegar al ayllu, esos ríos pasan junto a cientos de centros mineros que operan en sus orillas. Entre ellos está la empresa minera estatal Huanuni que siempre se “distinguió” por el incumplimiento de las normas socio-ambientales. Esos ingenios desvían los caudales fluviales para utilizarlos en los procesos de lixiviación y los devuelven a los ríos cargados de tóxicos.

La ingeniera ambiental Helga Gruberg, que realizó una evaluación de la gestión ambiental de la Cuenca del Poopó, declara para El Salto “los principales impactos de la actividad minera se originan por el vaciado de lodos contaminados y aguas ácidas, que podrían ser evitados por las empresas con una gestión más eficaz”.

Pero ni se está gestionando adecuadamente por parte de las mineras, ni las autoridades ejercen ningún tipo de control de los vertidos. Y desde hace años los lodos recorren libremente las cuencas, por las aguas superficiales y subterráneas, extendiendo los efectos tóxicos de la minería más allá de los lugares de extracción.

Según se ingresa en el territorio de San Agustín de Puñaca el olor ácido se hace evidente. Encarnación Lima, Challa autoridad originaria del ayllu, relata: “la contaminación entró poco a poco y ahora hasta la totora está envenenada, el ganado la come y muere. Yo como madre de la comunidad no sé que hacer. Todo está rojo”.

Desde hace años los lodos recorren libremente las cuencas, por las aguas superficiales y subterráneas, extendiendo los efectos tóxicos de la minería más allá de los lugares de extracción

El Laboratorio de Hidroquímica de la Paz elaboró un índice sobre la situación de la calidad del agua en la cuenca del lago Poopó en el que alertaba sobre la presencia de cadmio, plomo, mercurio y arsénico muy por encima de los niveles permitidos. Se ha comprobado esa presencia de metales pesados en todos los ríos de la zona pero también en el suelo y en el aire. El Centro de Estudios y Desarrollo Andino (CENDA), lleva años monitoreando los pasivos ambientales en la zona. Uno de sus ingenieros ambientales, Yasín Peredo, nos cuenta cómo los diques de tratamiento de la Huanuni “no están funcionando correctamente, la copajira, el agua ácida proveniente de sus procesos, inunda los suelos de la cuenca quemando los cultivos”

Peces muertos, cultivos envenenados, el forraje del que se alimenta el ganado contaminado y reses cargadas de metales tóxicos. La falta de tratamiento de la aguas por parte de las mineras está acabando con la agricultura y ganadería adyacente. De esta manera, a los habitantes de San Agustín de Puñaca se les ha privado de su fuente de sustento, de su forma de vida, de su cultura y de su territorio ancestral, obligándoles a emigrar.

Los que han permanecido en el ayllu han enfermado. El consumo de cultivos y peces de la zona conlleva la acumulación paulatina de esos metales en los órganos del cuerpo humano. Transtornos nerviosos, alteraciones genéticas, cánceres y enfermedades de la piel se han vuelto habituales. Freddy Chinca, comunario de San Agustín explica: “nuestra salud es una pena y lo único que nos dicen es que la provincial de Poopó es un centro minero. Pero aquí eramos ganaderos, medio millón de cabezas de vacuno había. Solo pedimos que hagan remediación ambiental, pero esa minera Huanuni es una empresa del Estado, por eso no deben hacer caso”.

El consumo de cultivos y peces de la zona conlleva la acumulación paulatina de los metales de las mineras en los órganos del cuerpo. Transtornos nerviosos, alteraciones genéticas, cánceres y enfermedades de la piel se han vuelto habituales 
El Programa de Investigación Estratégica en Bolivia realizó una investigación para determinar los efectos neurotóxicos de los metales pesados en niños, producto de la contaminación minera en Oruro, y concluyó que los menores están contaminados de manera crónica por plomo, arsénico y cadmio. Y están predispuestos a presentar daños neurológicos y neuropsicológicos. La exposición infantil a niveles incrementados de esos metales está afectando a su lenguaje, atención y memoria. Por su parte, el informe Vulnerabilidad frente al riesgo de contaminación hídrica, elaborado por Cenda en la cuenca del río Poopó, revela que las personas encuestadas han observado más casos de desgaste óseo en el cuerpo de las mujeres, mayor cantidad de enfermedades cancerígenas en el aparato reproductor. También las afecciones dermatológicas impactan principalmente a mujeres que lavan ropa en esos ríos contaminados por metales.

A pesar de las multiples evidencias y de la declaración emergencia ambiental decretada por el propio Estado en 2009, las autoridades llevan años sin cumplir con su obligación de fiscalizar los vertidos mineros sobre los ríos.

Betzabe Saca Choque, responsable de comunicación de Cenda, lleva años socializando con los comunarios y autoridades del ayllu: “se quejaban de haber hecho todo tipo de reclamos, tenían estudios, pruebas de contaminación, presentaron propuestas de solución… pero las autoridades nunca escuchaban. Ya no les quedaba otra alternativa que la vía judicial y Cenda decidió acompañarles en este proceso”.

El Programa de Investigación Estratégica en Bolivia realizó una investigación para determinar los efectos neurotóxicos de los metales pesados en niños y concluyó que están contaminados de manera crónica por plomo, arsénico y cadmio 
 

Así, en Noviembre de 2021, el ayllu de San Agustín de Puñaca interpuso una demanda de acción popular ante el Tribunal de Oruro. Este órgano judicial denegó nuevamente las peticiones de los afectados. Pero el Tribunal Constitucional Plurinacional acaba de revisar el caso, ha revocado la decisión de Oruro y ha otorgado la tutela a los habitantes del ayllu.

El abogado Santiago Lara uno de los redactores de la demanda aclara que “la violación de derechos es flagrante. La Constitución Política del Estado boliviano establece que todas las personas tienen derecho a la salud. Sin embargo, a los habitantes de la cuenca del Poopó les están vulnerando por varias vías. La demostrada relación entre contaminación del agua y enfermedades sobrevenidas, unida a la carencia de centros de salud, está generando alerta sanitaria en la zona”.

Precisamente la creación de una posta médica en la comunidad era una de las medidas de remedio solicitadas en la demanda. Antonio Sánchez Gómez, abogado y redactor de la demanda, explica “la sentencia obliga a los Ministerios de Medioambiente y Salud y al Departamento de Oruro a realizar un nuevo estudio sobre la calidad del agua en la zona y en función de los resultados ordena tomar medidas para la restauración, pero sin especificar cuales han de ser.

Abel Machaca, comunario del ayllu, dice al respecto “hay que vigilar ese estudio al que les obligan, porque ya más antes han hecho trampas y han manipulado los análisis diciendo que esas aguas amarillas de copajira son aptas para tomar. Parece que el Estado quiere que desaparezcamos para que nomás haya minería acá”.

En cualquier caso, continua el abogado Sánchez, “la jueza ha declarado los derechos a la salud, al agua, la alimentación y a vivir en un medio ambiente sano, como amenazados por la contaminación minera. Eso es una victoria. Y vendrán más. No se sostiene tener una Constitución tan avanzada en derechos colectivos y en derechos de la naturaleza como la boliviana y al mismo tiempo un país entregado a un extractivismo sangrante. Si comienzan a accionarse estos instrumentos constitucionales para denunciar situaciones similares los jueces no van a tener más remedio que amparar”.

“Hay que vigilar ese estudio al que les obligan, porque ya más antes han hecho trampas y han manipulado los análisis diciendo que esas aguas amarillas de copajira son aptas para tomar. Parece que el Estado quiere que desaparezcamos para que nomás haya minería acá” 
Ahora comienza otra lucha: que se cumpla con la sentencia, algo sobre lo que los comunarios también dudan. De momento, el plazo para la ejecución corre sin que el Estado reaccione.

Fuente: El Salto Diario