El Parlamento Europeo ha aprobado nuevas normas y sanciones para los delitos ambientales con penas de hasta 10 años de cárcel en los delitos individuales y multas para las empresas de hasta el 5 % de la facturación mundial o 40 millones de euros.
La directiva fue aprobada con 499 votos a favor, 100 en contra y 23 abstenciones, según indicó el Parlamento Europeao.
La ley contiene una lista actualizada de delitos, entre los que se incluye el comercio ilegal de madera, el agotamiento de los recursos hídricos, las infracciones graves de la legislación europea sobre productos químicos y la contaminación causada por los buques.
La normativa, asimismo, contempla el denominado 'delito cualificado', como los incendios forestales a gran escala o la contaminación generalizada del aire, el agua y el suelo, "que conlleva la destrucción de un ecosistema y es, por tanto, equiparable al ecocidio", de acuerdo con la Eurocámara.
"Los delitos contra el medioambiente cometidos por personas y representantes de empresas se castigarían con penas de cárcel en función de la duración, la gravedad o la reversibilidad de los daños", expuso el PE.
Los delitos cualificados podrían ser castigados con ocho años de prisión, los que causen la muerte de una persona con diez años y los demás con hasta cinco años.
El Parlamento subrayó que todos los infractores estarían obligados a restablecer el entorno dañado y a ofrecer compensación, además de enfrentarse a multas.
Multas de hasta el 5% de la facturación mundial
Para las empresas, las multas alcanzarán el 3 % o el 5 % de su facturación mundial anual o, alternativamente, 24 o 40 millones de euros, según la naturaleza del delito.
"Los Estados miembros podrán decidir si persiguen delitos penales que no hayan tenido lugar en su territorio", apuntó la Eurocámara.
La institución comunitaria insistió en que las personas que denuncien delitos contra el medioambiente deben recibir apoyo y asistencia en el marco de un proceso penal.
"También garantizó que los Estados miembros impartirán una formación especializada para policías, jueces y fiscales, prepararán estrategias nacionales y organizarán campañas de sensibilización para luchar contra la delincuencia medioambiental", manifestó.
Agregó que los datos recogidos por los Gobiernos de la Unión Europea sobre delitos contra el medioambiente "deberían ayudar a abordar mejor esta cuestión y a la Comisión a actualizar periódicamente la lista".
"Ya es hora de que luchemos contra la delincuencia transfronteriza a escala europea con sanciones armonizadas y disuasorias para prevenir nuevos delitos medioambientales. En virtud de este acuerdo, quienes contaminen lo pagarán", declaró el ponente de la Eurocámara, el neerlandés del Partido Popular Europeo Antonius Manders.
Entrada en vigor
La directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el boletín oficial de la Unión Europea y los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporar las normas a sus sistemas nacionales.
La delincuencia medioambiental es la cuarta actividad delictiva del mundo y una de las principales fuentes de ingresos de la delincuencia organizada, junto con la droga, las armas y el tráfico de seres humanos. La Comisión presentó en diciembre de 2021 una propuesta para reforzar la protección del medio ambiente en la UE mediante el Derecho penal, con el objetivo de paliar el creciente número de infracciones penales contra el medio ambiente.
Fuente: EFE jug/jaf/icn
Una filtración revela que el Plan de Inteligencia Nacional apunta contra organizaciones y personas que defienden el ambiente y cuestionan la explotación indiscriminada de los recursos naturales.
Por un futuro verde, sustentable y con mirada integral de salud, la provincia patagónica da un paso clave en la regulación del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.
Tras una denuncia vecinal, se comprobó el maltrato y las pésimas condiciones sanitarias en las que vivían los animales.
Mientras la ONU advierte sobre el impacto del plástico en la salud y el clima, los océanos enfrentan una crisis sin precedentes.
Más de 48 mil personas apoyaron una campaña para penalizar la destrucción masiva de ecosistemas.
Una filtración revela que el Plan de Inteligencia Nacional apunta contra organizaciones y personas que defienden el ambiente y cuestionan la explotación indiscriminada de los recursos naturales.
