¿Quién mató a los yaguaretés? Viaje a Formosa detrás de los cazadores de esta especie en extinción

BARRETA (Formosa).- De un lado del río Bermejo, en Chaco, funciona uno de los más grandes proyectos para evitar la desaparición del yaguareté en la Argentina. Uno que gasta un millón de dólares al año para lograrlo. Al otro lado del río, en Formosa, se escuchan los disparos de cazadores furtivos. “Esto no me lo contaron, lo viví yo”, asegura Nicolás Lodeiro Ocampo. El director de la Red Yaguareté lleva trabajando más de 20 años en la protección de ese felino, cuya población hasta hace poco más de cien años llegaba hasta la provincia de Río Negro. Hoy solo hay registros en Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Misiones y, recientemente, en Corrientes. No es un número certero, pero según el último censo -hecho en 2022- se estima que hay entre 250 y 300 yaguaretés en el país. Lo que para los expertos sí es seguro es que cada vez quedan menos. Y la región chaqueña es la más crítica de todas. Hoy solo hay siete ejemplares libres registrados. Cinco son machos. A pesar de los esfuerzos, este animal permanece en peligro crítico de extinción. Entre el año antepasado y este, mataron a dos. Ambos en Formosa. Por el hecho, hay tres detenidos.

Matar yaguaretés es ilegal en todo el país y se pena con cárcel. El artículo 25 de la ley de Conservación de Fauna estipula que por la cacería de animales prohibidos corresponden entre cuatro meses y hasta tres años de prisión, sumados a la inhabilitación del uso de armas de cinco a 10 años. La diferencia recae en si se comete de manera organizada y premeditada, o no. Sin embargo, no existen condenas en ninguna de las causas abiertas por esto, al menos desde el 2005. Lodeiro Ocampo cuenta 72 causas sobre cacería de yaguareté desde aquel año. Ninguna de ellas se cerró. Sospecha, además, que hay muchos más casos de los revelados por la Justicia.

Los dos yaguaretés de Formosa fueron cazados por pobladores que viven o trabajan en la provincia. Uno de ellos murió a un lado del parque nacional El Impenetrable, una zona de monte en el norte de la Argentina. El otro en bosques cercanos a la municipalidad de Clorinda, frontera con Asunción. Sin embargo, cada vez queda menos de ese bosque. Y los disminuídos “tigres”, como llaman en la zona a los yaguaretés, tienen menos territorio. Muchas veces los matan personas que no necesariamente son cazadores, pero que por uno u otro motivo disparan. Porque pasó cerca de una casa donde hay niños, porque mató unas cabras, o una cría de vaca, o porque se difundió algún video en redes sociales de un “tigre” que “desfiguró el rostro de una mujer”. Estas son algunas de las razones que dieron a LA NACION habitantes de varios parajes que se enfilan sobre la ruta provincial 95, entre Chaco y Formosa. El miedo suele ser central en las historias con las que dan sentido a estos actos letales. Son leyendas que casi siempre se diluyen y se deforman, pero que alimentan una idea que para los científicos es falsa: que el yaguareté es una amenaza para la sociedad. No hay ningún registro de que un yaguareté haya atacado a un ser humano sin haber sido agredido antes. Tanto Lodeiro Ocampo como muchas otras fuentes consultadas plantean la necesidad de intensificar y diversificar las estrategias para actuar frente a los mitos y sus efectos.

Desde 2019, la organización Rewilding Argentina, en conjunto con la administración de Parques Nacionales, iniciaron un proyecto que busca rescatar al yaguareté de la extinción. Está al lado del río Bermejo, dentro del parque nacional el Impenetrable, en la frontera entre Chaco y Formosa. Su objetivo es reinsertar al yaguareté. Crían, cuidan, monitorean y liberan a estos felinos. Fueron los primeros en traer hembras y lograr engrosar, aunque sea un poco, la población. Sin embargo, al otro lado del río, en Formosa, se corre el constante riesgo de que, con un disparo, el esfuerzo de años se esfume. Resolver esto, según Sofía Heinonen, directora ejecutiva de Rewilding Argentina, conlleva mucho más que el buen desempeño policial y judicial: “La bala es la última de las consecuencias, es lo que finalmente le da el golpe de gracia a esta increíble especie”. Las causas de la desaparición de este animal, así como las consecuencias, son múltiples. Para ella, que el yaguareté se extinga no solo es fatal por la pérdida en sí: el desequilibrio que genera podría desembocar en cambios también para la vida humana.

Historias de cacería Se presume que el último yaguareté fue cazado en algún momento de junio de este año, cerca de Las Lomitas, una localidad lindera al parque nacional el Impenetrable, pero del lado formoseño. Las pruebas son unas fotografías difundidas en redes sociales que muestran a cuatro personas frente a un yaguareté muerto y colgado de sus patas a un palo. Se estaban alistando para carnearlo. Fotos posteriores muestran al ejemplar sin piel. Según la causa, que tramita la jueza María Belén López Macé del Juzgado Federal No. 2 de Formosa, los cuatro sospechosos viven en las afueras de un pueblo llamado Ibarreta. Está a cuatro horas al oeste de Resistencia y a una hora y media en auto del parque nacional, donde el 19 de agosto liberaron a una yaguareté. LA NACION viajó a este pueblo en busca de los imputados. En aquel momento, había tres prófugos y uno arrestado. Este medio trató de contactar al detenido a través de su abogado, pero no tuvo éxito. Tampoco hubo rastros de los otros presuntos culpables en Ibarreta. Todos los conocían, pero nadie sabía dónde estaban. Según vecinos del pueblo, la región era famosa en el pasado por la cantidad de cazadores de pumas, o tigreros, que vivían allí. Matar yaguaretés era un antiguo oficio en la zona. Los describen como expertos que trabajaban acompañados de sus perros, con un poncho como armadura y un facón alargado. Y si bien quedan pocos tigreros y son aún menos los que se adjudican ese título a viva voz, las historias viven en el folclore. Nadie en la zona pudo confirmar la existencia de alguno activo, aunque sí hay varias personas que mataron tigres y se hicieron famosas por ello.
 
 Habitantes de estos parajes aseguran que cerca de Ibarreta vivió un hombre al que los los hermanos Cardozo, famosos cantantes de chamamé de los 70, le compusieron una melodía por haberse enfrentado a un yaguareté. La canción relata la historia de un padre y su hijo que caminaban por el monte cuando un tigre apareció de entre la maleza y los atacó. Sólo con un facón en mano, se enfrentó a este animal y lo mató. El protagonista de aquel chamamé se llamaba Inocencio Cisneros. Inocencio murió hace seis años. El hijo que ayudó a matar a ese felino aún vive. Pidió no revelar su nombre, pero asegura que lo que la canción narra efectivamente sucedió. El “Tigre”, como le dicen al hijo de Cisneros, vive en un barrio sin pavimento a las afueras de Ibarreta, con su esposa y su hija. No quiere hablar de la cacería: le aterra ser acechado en redes sociales o, peor aún, ir preso. Explica a LA NACION que sabe que cazar yaguaretés puede significar una pena de prisión y pagos exorbitantes para gente con tan pocos recursos como él. Este miedo se hizo realidad después de que el último caso de cacería de yaguareté se viralizara y procesaran a los responsables. Eduardo Zurko es cocinero profesional y tiene un campo cercano a donde viven estas cuatro personas. Cuenta que la mayor parte de los imputados son pequeños productores y viven en tierras sin título de propiedad. Según él, la razón más probable por la que cazaron al yaguareté fue por represalia. Porque les mató algunas cabezas de ganado. Entre inicios de agosto y hasta la semana antepasada, los cuatro imputados comparecieron ante la Justicia. A tres de ellos les dictaron prisión preventiva. Es una posibilidad, además, que la jueza dicte pagar una suma de dinero como medida de caución. En otros casos, escaló hasta los $10.000 dólares. El monto se decide de forma discrecional, aunque se basan en un cálculo del daño que hace la administración de Parques Nacionales. Más allá de que la Justicia no ha ordenado ningún secuestro de bienes o dinero, los pobladores de Ibarreta vaticinan penalidades tan altas como de $300.000 dólares. “¿De dónde van a sacar esa plata? -se pregunta Zurko- Van a quedar deshidratados de lo secos que están”.
 
 
 
 En el pueblo nadie niega que esas cuatro personas cazaron al tigre. No obstante, algunos lo justifican. Tanto Zurko como su colega, Valentín Leliur, que tiene una pequeña tienda en el centro del pueblo, opinan que esta gente, de haber matado al yaguareté, lo hizo sin saber que no está permitido. Otro habitante y cazador asegura que no hay persona que no sepa que esto es ilegal y penado. “Todos aquí podemos cazar un yaguareté. Yo con la Winchester 44/70 que tengo, podría matar uno sin problema… con esto tumbo elefantes, pero no vamos a cazar tigres, ni leones. Nosotros sabemos que eso no se puede”, asegura el cazador, que también jura jamás haber matado a un yaguareté, aunque dice que conoce a varias personas que sí lo hicieron, pero que nunca lo dijeron en público. El viernes pasado, la Justicia determinó que los cuatro individuos actuaron de forma premeditada y colaborativa. Según la versión oficial, al yaguareté se lo encontraron mientras cazaban chancho y mulita. Los testimonios de los imputados vertidos en la causa también hicieron concluir a la jueza que todos sabían que matar tigres está prohibido. Su mayor error fue haber tomado fotografías, que llegaron a las manos de la Subcomisión Chaqueña para la conservación del Yaguareté. Sin embargo, Lodeiro Ocampo opina que este abordaje desde la Justicia, sumado al escrache en redes sociales, no evitará que la caza continúe: “Solo va a provocar que la gente del monte los mate y los entierre en lugar de tomarse la foto”. Para él, en juzgados saturados de expedientes, los temas ambientales no suelen ser una prioridad, lo que extiende los procesos por años, o incluso terminan archivándolos. Desde los juzgados federales 1 y 2 en Formosa, aseguran que hay total atención a estos temas y el último caso ya es un ejemplo histórico. El Juzgado Federal No. 1, a cargo del juez Pablo Fernando Morán, lleva el otro caso en Formosa, que se abrió a principios del año pasado. Él único imputado es un empresario y productor ganadero de la provincia que tiene negocios tanto en el país como en Paraguay. Según medios locales, su nombre es Carlos Miguel Javier Chagra y se le acusó de haber cazado a un yaguareté un día después de que la selección argentina ganara el mundial en Qatar. A Chagra le secuestraron armas de alto calibre importadas, con mira especializada. También lo obligaron a mantener su domicilio, le prohibieron salir del país y le exigieron un pago de $3.770.000 pesos en junio del año pasado. Según confirman desde el juzgado, las armas están bajo su resguardo. Sin embargo, de acuerdo con la querella, hasta el viernes pasado, el pago exigido como medida de caución no fue consolidado en aquel entonces. Apenas el nueve de septiembre, la Justicia le envió un comunicado a Chagra que advertía que, de no pagar, sería encarcelado. Al ser advertido, el imputado la pagó la semana pasada. La causa se encuentra en pericias de un video que podría comprobar la culpabilidad de Chagra. “Están corroborando que la voz y el brazo que aparece en el video sean suyos”, aseguran desde el juzgado. El proceso lleva en esta etapa poco más de un año.
 

Mientras tanto, las tareas de prevención siguen siendo insuficientes. Para Lodeiro Ocampo, estas políticas son “nulas” o “están mal planteadas” porque no se incluyen medidas para mediar en la coexistencia entre el yaguareté y las personas. “La ausencia de políticas de convivencia hizo que a los yaguaretés en Formosa los mataran. No ha cambiado nada desde el Ejecutivo”, critica. LA NACION intentó comunicarse con el ministro de Producción y Ambiente de Formosa, Lucas Federico Rodríguez, pero no tuvo respuesta. Desde el lado chaqueño, en entrevista con este medio, el gobernador Leandro Zdero sugirió voluntad para trabajar en la protección del yaguareté, aunque Lodeiro Ocampo opina que esta administración “aún no dice ‘presente’”. “La brigada operativa ambiental en el río Bermejo existía, ahora no hay patrullas”, critica. Son varias las políticas que los dedicados a la protección de esta especie ponen sobre la mesa. El director de la Red Yaguareté ve como esencial desarrollar “medidas antidepredatorias, como cercos eléctricos, educación ambiental y compensaciones económicas”. Muchas de estas son ejecutadas por ONG desde el sector privado, o por el Conicet, como el Proyecto Yaguareté que tiene un programa de educación ambiental ejecutado por Lucero Corrales, quien recorre varias comunidades de la región chaqueña para evitar que la gente los mate. Para Sofía Heinonen, de Rewilding Argentina, la convivencia se ve teñida también de un contexto complejo en el que la deforestación, la sequía y el cambio climático intensifican el conflicto. Y es que del gran bosque chaqueño hoy quedan fragmentos atrapados entre los poblados y los mosaicos que se forman cuando se tumba la selva y en su lugar crecen pasturas para ganado, o se cultiva sorgo, o se siembra soja. Según registros de Map Biomass, en los últimos 30 años se perdieron 69.450 km2 de bosque nativo para uso humano. Esto equivale casi a la extensión de la provincia de Formosa entera. Habitantes de la región aseguran a LA NACION que desde el 2013 hasta ahora, el ciclo de lluvias cambió y el territorio vivió sequías extremas. El agua, entonces, se convirtió en un recurso codiciado que hoy, casi exclusivamente proviene de un río: el Bermejo y sus afluentes. Los vecinos usan el agua para bañarse o limpiar, los productores sueltan su ganado para hidratarlos y los animales silvestres también bajan al cauce. Todos se encuentran allí, cerca de los ríos, y de esa convergencia se sintetiza el mayor y más profundo conflicto. Allí es donde el “tigre” se encuentra con el humano y sus animales. Y es también en donde la mezcla entre el terror presente y las “heroicas” historias pasadas a voces impulsan al gatillo.

Fuente: Lanacion