Mendoza: La minería amenaza el agua y viola la Ley 7722

La minería en Mendoza se ha convertido en un tema central de debate y preocupación para quienes defienden el agua y el medio ambiente. El avance de proyectos extractivos, a pesar de la ley 7722 que protege los recursos hídricos de la provincia, está generando serias tensiones con las comunidades locales, organizaciones ambientales y la ley misma.

Recientemente, la detención del militante ambiental Mauricio Cornejo, miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, ha puesto de relieve un conflicto que involucra tanto a las fuerzas de seguridad como al gobierno provincial. Cornejo y otros referentes de la asamblea han sido objetivos de allanamientos por impulsar una campaña contra el proyecto minero San Jorge, un emprendimiento que se intenta imponer de manera exprés en la zona. Este tipo de accionar no es casual. La figura penal con la que la fiscalía acusa a los activistas es alarmante: el artículo 213 bis del Código Penal, una norma que remite a prácticas represivas de la dictadura, plantea penas de prisión para quienes se organicen para combatir ideas impuestas por la fuerza.

Este tipo de criminalización no solo afecta a quienes se oponen a la minería, sino que busca, además, intimidar y silenciar a las organizaciones sociales que defienden el agua y los bienes comunes. En Mendoza, la minería parece ser una prioridad para un sector político que, bajo el liderazgo de Alfredo Cornejo, no ha dudado en ignorar los límites legales establecidos para proteger el recurso más vital de la región: el agua.

La Ley 7722 y su vulneración sistemática
La Ley 7722 fue un avance fundamental para proteger los recursos hídricos de Mendoza de la minería contaminante, especialmente la que utiliza sustancias tóxicas como el cianuro y el ácido sulfúrico. Sin embargo, la minería en Mendoza ha encontrado formas de eludir esta ley. A pesar de que la ley exige rigurosos estudios de impacto ambiental y la prohibición del uso de ciertos químicos en el proceso extractivo, numerosos proyectos mineros continúan desarrollándose en la provincia sin el respeto debido por las normativas existentes.

Uno de los ejemplos más preocupantes es el proyecto minero San Jorge en Uspallata, que busca avanzar sin las aprobaciones correspondientes, ignorando tanto la ley como las demandas de las comunidades locales que se oponen a la minería. A través de protestas, firmas y un fuerte activismo, los vecinos han intentado frenar este proyecto, pero el contexto de represión, como la detención de Cornejo, deja claro que las autoridades están dispuestas a utilizar todos los recursos disponibles para imponer un modelo extractivista que pone en peligro el futuro del agua en la provincia.

El "El Perdido" y la expansión minera en Malargüe
Mientras tanto, en el sur de Mendoza, el proyecto El Perdido, impulsado por la empresa canadiense Kobrea Explorations, avanza a pasos firmes. El estudio geofísico que se llevará a cabo en las próximas semanas promete revelar mayores detalles sobre los depósitos de cobre en la región, mientras la creación de un nuevo distrito minero en la zona oriental de Malargüe podría abrir la puerta a aún más proyectos extractivos en un área cercana a la Reserva Natural de La Payunia.

Lo que está en juego es mucho más que la contaminación de los recursos hídricos o la alteración del paisaje. La expansión minera en Mendoza representa una amenaza directa a los derechos de las comunidades, que han demostrado una y otra vez que no están dispuestas a sacrificar sus territorios ni sus fuentes de agua por los intereses de grandes corporaciones extranjeras. Sin embargo, el gobierno parece no escuchar, y en lugar de frenar este modelo extractivista, lo alienta mediante políticas que vulneran derechos fundamentales.

Conflictos mineros en otras provincias
Mendoza no es la única provincia que enfrenta tensiones relacionadas con la minería. En La Rioja, la lucha en Famatina se mantiene vigente, donde los vecinos y organizaciones han rechazado, durante años, la explotación minera a cielo abierto, que pone en peligro tanto el medio ambiente como la salud de las personas. Catamarca enfrenta un conflicto similar en Andalgalá, donde el rechazo a la minería se intensifica frente al peligro que supone el uso de cianuro y la posible contaminación de los recursos hídricos. En Salta, las Salinas Grandes y los pueblos cercanos enfrentan el avance de la minería del litio, mientras que en San Juan, los derrames de soluciones cianuradas de proyectos mineros han generado preocupación sobre el impacto a largo plazo sobre las fuentes de agua.

Estos conflictos no son aislados. Son el reflejo de un modelo extractivista que atraviesa todo el país, y que, lejos de beneficiar a las comunidades locales, deja a su paso destrucción ambiental, pérdida de biodiversidad y un futuro incierto para quienes dependen del agua para vivir.

La resistencia sigue viva
A pesar de la represión, la criminalización y el avance de proyectos que ignoran las leyes y el bienestar de las personas, la lucha sigue viva. Las asambleas de vecinos, los sindicatos, las organizaciones ambientales y los pueblos afectados siguen resistiendo y luchando por un futuro en el que el agua y el medio ambiente sean respetados por encima de los intereses de las grandes corporaciones. La detención de Mauricio Cornejo y los allanamientos a otros activistas solo demuestran que el gobierno y las empresas mineras están dispuestos a todo para imponer su modelo, pero también subraya la necesidad urgente de redoblar la movilización y exigir la libertad de los activistas, el respeto a la ley 7722 y, por encima de todo, la protección del agua.

Es hora de que la ciudadanía se organice, se informe y actúe frente a este avance de la minería, no solo en Mendoza, sino en todo el país. La lucha por el agua es, al final, una lucha por la vida. Y esa batalla, por más represiva que sea, no puede ni debe ser perdida.