Mendoza: Proyecto San Jorge, 26 razones para decirle no a una mina sin licencia social ni ambiental

El Proyecto Minero San Jorge volvió a la escena en Mendoza. La misma mina, ahora con otro nombre y otras caras, reapareció tras más de 15 años de resistencia popular. Lo que no cambió es la falta de licencia social, y ahora, se suman 26 incumplimientos graves detectados en el nuevo Informe de Impacto Ambiental (IIA) realizado por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

El estudio, encargado por el propio Gobierno de la provincia de Mendoza y publicado oficialmente en enero, deja poco margen a la interpretación: el proyecto “cumple parcialmente” con los requisitos legales y técnicos exigidos por la ley. La UNCuyo fue tajante en su análisis de 186 páginas: el proyecto tiene falencias en recursos hídricos, biodiversidad, salud pública, gestión de residuos, participación ciudadana y más.

La misma mina, otro nombre

Operado por Zonda Metals GmBH (Suiza) del Grupo Solway y Grupo Alberdi (Argentina), el proyecto había sido rechazado por la movilización social en 2010. Ahora, busca una segunda oportunidad. Pero el territorio no olvida: las asambleas vecinales, especialmente en Uspallata, se mantienen firmes. No hay licencia social, y eso en Mendoza tiene peso.

Incluso, protestar sigue teniendo consecuencias: dos vecinos, Mauricio Cornejo y Federico Soria, fueron detenidos por oponerse públicamente al emprendimiento. Aunque fueron liberados el 3 de abril, la causa judicial sigue abierta. ¿El delito? Defender el agua y la salud de su comunidad.

¿Qué dice el informe de la UNCuyo?

La CEIAM (Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera), junto a 11 organismos entre ellos la UNCuyo, visitó la zona y elaboró un informe que detalla 26 incumplimientos graves, entre ellos:

• No hay estudios actualizados sobre el agua disponible (usa datos de 2008-2010).
• No se contempla el cambio climático ni escenarios futuros sin mina.
• Se omite el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT: no hubo consulta previa con pueblos originarios.
• No se evalúan adecuadamente los riesgos para la salud pública, ni los impactos en la biodiversidad.
• Se ignora el impacto lumínico, no se protege el patrimonio paleontológico y se subestima el riesgo de drenaje ácido.
• El plan de cierre de mina carece de un monitoreo post-explotación claro.
• La participación ciudadana es simulada y no cumple con la Ley Provincial de calidad del aire.
• La UNCuyo ya lo había advertido en 2010: “El proyecto presenta una gran cantidad de falencias e inexactitudes que impedirían garantizar su viabilidad ambiental”.

No existe la “minería sustentable”

El proyecto San Jorge se suma a una larga lista de emprendimientos mineros cuestionados en Argentina y América Latina. Desde las universidades públicas, CONICET y colectivos científicos, se viene denunciando desde hace años que la minería metalífera a cielo abierto no es compatible con el derecho a un ambiente sano.

Entre los principales impactos, se destacan:

• Uso intensivo de agua dulce, con consecuencias irreversibles.
• Emisión de metales pesados como arsénico, plomo, mercurio y cadmio.
• Enfermedades crónicas en las poblaciones cercanas.
• Contaminación de suelos, aire y cuerpos de agua.
• Aumento de conflictos sociales, militarización del territorio, judicialización de la protesta.
• Desplazamiento de poblaciones y alteración del modo de vida de comunidades rurales e indígenas.

Catamarca y San Juan: postales de un modelo que ya fracasó

Las provincias de Catamarca y San Juan ofrecen ejemplos concretos de los impactos negativos de la megaminería. En Andalgalá, el proyecto Bajo la Alumbrera dejó un legado de agua contaminada, enfermedades respiratorias y persecución a vecionos que se oponen a la meha mineria, que hasta el día de hoy persisten. Hoy, con el avance del proyecto MARA (Agua Rica), el conflicto continúa. En San Juan, Veladero —operada por la canadiense Barrick Gold— protagonizó varios derrames de cianuro, afectando ríos como el Jáchal y dejando en evidencia la incapacidad del Estado para controlar estas operaciones. En ambos casos, las promesas de desarrollo y empleo no se tradujeron en mejoras estructurales para las comunidades locales, que siguen luchando por agua limpia, salud y justicia ambiental.

¿Quién se beneficia?

El discurso del desarrollo y el empleo suele ser el caballito de batalla de las mineras. Pero los datos muestran otra cosa: la minería genera poco empleo (con alta rotación y riesgo de accidentes), paga bajos impuestos y externaliza los costos ambientales a generaciones futuras.

Además, los capitales son transnacionales, con sede en paraísos fiscales o bolsas extranjeras. La riqueza se va, la contaminación se queda.

Mendoza ya decidió: el agua vale más que el oro

La historia reciente de Mendoza demuestra que cuando el pueblo se organiza, puede frenar proyectos extractivistas. La Ley 7722, nacida al calor de la lucha por el agua, es un símbolo de resistencia. Aunque el Proyecto San Jorge insiste, la realidad ambiental, social y legal le vuelve a cerrar la puerta.