Minería en Uspallata: El inicio de la evaluación del proyecto San Jorge y la falta de licencia social en Mendoza

La provincia de Mendoza atraviesa un momento clave en relación al proyecto minero "PSJ Cobre Mendocino" en Uspallata, una localidad que históricamente ha resistido los avances de la minería a gran escala. Recientemente, el Gobierno Provincial, bajo la conducción del gobernador Alfredo Cornejo, formalizó el inicio de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la etapa de explotación del cobre en esta zona. Si bien las autoridades defienden el proyecto como un motor de desarrollo económico, la respuesta de la sociedad mendocina es clara: no queremos minería en nuestras tierras.

La falta de licencia social: una contradicción evidente

Desde la presentación del proyecto por parte de Minera San Jorge S.A., el rechazo de la comunidad ha sido rotundo. Uspallata, al igual que otras localidades mendocinas, se caracteriza por su actividad vitivinícola y su naturaleza intacta, que atrae tanto al turismo como a los productores agrícolas. La llegada de la minería a esta región no solo pone en juego el ecosistema local, sino que amenaza el sustento de miles de familias que viven de la tierra y el vino.

En medio de este conflicto, el gobierno de Mendoza, sin medir las consecuencias de una profunda división social, ha decidido avanzar en la autorización de la explotación minera sin contar con el respaldo de la comunidad. La decisión de habilitar el inicio del proceso de evaluación ambiental parece, una vez más, ignorar un factor clave: la licencia social. El pueblo de Uspallata ya expresó su negativa de forma clara en varias ocasiones, siendo una de las más representativas la movilización del 25 de enero de 2024, cuando la comunidad se levantó en una masiva protesta en defensa de su territorio.

El rol de los medios mendocinos: complicidad o desinformación

Lo que llama la atención, y no menos grave, es el rol que los medios de comunicación locales están jugando en este contexto. Muchos de los medios mendocinos, bajo una aparente parcialidad hacia los intereses del Gobierno provincial y las empresas mineras, han optado por minimizar el conflicto social en Uspallata y centrar su cobertura en las promesas de desarrollo que la minería trae consigo. Sin embargo, han sido escasos los reportes sobre las movilizaciones y el rechazo popular al proyecto. Esto ha generado un vacío informativo que favorece a los actores más poderosos del conflicto: las empresas mineras y el propio gobierno. Mientras tanto, las voces de los opositores quedan opacadas o relegadas a un segundo plano, en un claro acto de desinformación y censura.

Este silencio mediático no es algo casual. De acuerdo con las denuncias de asambleístas y miembros de la comunidad, los medios mendocinos se han alineado en defensa de los intereses económicos que implica la explotación minera, sin ofrecer un espacio equitativo para el debate. Es particularmente preocupante que el mismo gobierno que intenta avanzar en este proyecto de minería metalífera, se apoye en los medios para ocultar la resistencia social que crece día a día en Uspallata y en otras partes de la provincia.

¿Qué está en juego para Mendoza?

La provincia de Mendoza, con su impresionante paisaje de montañas, glaciares y valles, es conocida por su producción vinícola, que ocupa un lugar privilegiado en el mercado internacional. La minería a cielo abierto amenaza no solo la biodiversidad local, sino también las cuencas hídricas que alimentan a toda la región. Las dudas sobre el impacto del proyecto San Jorge no son infundadas. Según la comunidad, el uso de cianuro y las posibles filtraciones en el sistema hídrico podrían acabar con el futuro del turismo, de la agricultura y de la viticultura.

Además, este proyecto pone en cuestión la sostenibilidad del desarrollo que el gobierno mendocino dice buscar. ¿Es posible generar empleo y crecimiento económico a costa del medio ambiente? ¿Realmente este proyecto beneficiará a las comunidades cercanas, o serán solo las grandes empresas las que verán las ganancias?

La resistencia social y la falta de democracia ambiental

La historia de Mendoza está marcada por la lucha contra la minería y la defensa del agua y los recursos naturales. En 2007, la Ley 7722, que prohíbe el uso de cianuro y mercurio en minería, fue sancionada tras una fuerte movilización social. No obstante, el gobierno provincial, en complicidad con las grandes corporaciones mineras, ha intentado flexibilizar la legislación en varias ocasiones, a pesar de las claras advertencias de expertos y comunidades sobre los riesgos que esta actividad implica.

El antecedente de la Ley 7722 y las movilizaciones populares contra la minería en Famatina (La Rioja), en el Chubutazo de Esquel y en Catamarca son ejemplos de cómo la resistencia social ha logrado frenar proyectos que no cuentan con el consentimiento de las comunidades. En La Rioja, el pueblo de Famatina logró frenar un proyecto minero en 2011, después de una lucha que incluyó movilizaciones masivas y un claro rechazo a la minería a cielo abierto. Famatina es uno de los ejemplos más emblemáticos en la historia reciente de cómo la presión social puede detener proyectos que ponen en riesgo el medio ambiente y el futuro de las comunidades.

Uspallata no es la excepción: los mendocinos y mendocinas no quieren más minería a cielo abierto.

¿La historia se repite en otras provincias?

Este panorama no es exclusivo de Mendoza. En provincias como Catamarca, San Juan y Chubut, los conflictos sociales relacionados con la minería han seguido una dinámica muy similar. En Catamarca, el conflicto social más fuerte ocurrió en Andalgalá, donde la resistencia contra el proyecto minero El Pachón ha sido incansable, pero a pesar de las luchas, el proyecto continúa avanzando, generando tensiones y divisiones en la comunidad. Sin embargo, las movilizaciones y la oposición social siguen siendo un factor relevante en la provincia.

En San Juan, la explotación minera en Veladero, de la mano de la empresa Barrick Gold, ha generado numerosos conflictos, con denuncias de contaminación de agua y daños al medio ambiente. Las comunidades cercanas a la mina continúan luchando por la protección de sus territorios, mientras que el gobierno provincial sigue defendiendo los intereses de las corporaciones mineras.

En Chubut, la situación es aún más alarmante. El conflicto social en la meseta patagónica, donde se planean instalar proyectos de minería a gran escala, ha llevado a protestas masivas. A pesar de la oposición generalizada de las comunidades, el gobierno provincial intenta aprobar proyectos mineros en una región que ha sido históricamente rechazada por los habitantes locales debido a su impacto ambiental y social.

Estos conflictos en otras provincias son un claro recordatorio de que el avance de la minería a cielo abierto en Argentina genera tensiones profundas entre el Estado, las empresas y las comunidades locales. En todos estos casos, las decisiones políticas impulsadas por los intereses económicos de las grandes corporaciones mineras se enfrentan con la firme resistencia de pueblos enteros que defienden sus derechos sobre la tierra, el agua y el futuro de sus hijos.

Lo que ocurre en Mendoza con el proyecto minero en Uspallata no es un hecho aislado. Es parte de un patrón que se repite en todo el país, donde la falta de consulta, la desinformación mediática y la imposición de intereses empresariales están llevando a los pueblos a una lucha constante por la defensa de sus recursos naturales. Si las autoridades provinciales no aprenden de los errores cometidos en otras regiones y continúan ignorando la voluntad de la gente, el conflicto social que se avecina podría ser mucho más profundo y prolongado, con consecuencias impredecibles para la convivencia en la provincia.