
Nace la Red Argentina de Fiscalías Ambientales: un paso clave en la defensa del ambiente desde la Justicia
Más de 30 fiscales de todo el país conformaron una nueva asociación para enfrentar los delitos ambientales de forma articulada y federal.
JUSTICIA AMBIENTAL21/05/2025

En un contexto de crecientes conflictos ambientales, incendios forestales, tráfico de fauna, desmontes ilegales y contaminación de ríos, Argentina da un paso importante en la defensa jurídica del ambiente. En la ciudad de Santa Fe, al cierre de las II Jornadas Nacionales de Fiscalías Ambientales, se constituyó oficialmente la Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA), una nueva asociación civil integrada por más de 30 miembros de los ministerios públicos fiscales de distintas provincias. La creación de la RAFA tiene como objetivo central fortalecer el trabajo de fiscales de todo el país que investigan y persiguen delitos ambientales, una problemática cada vez más compleja y urgente. El espacio fue impulsado por más de 100 profesionales del ámbito jurídico y ambiental que reconocen la necesidad de un enfoque coordinado y especializado para enfrentar los delitos contra la naturaleza.
La RAFA busca intercambiar información clave sobre delitos ambientales, coordinar investigaciones entre provincias, capacitar fiscales en derecho ambiental y mejorar los mecanismos de defensa del ambiente desde el poder judicial. En palabras simples: quiere que los fiscales puedan actuar con más herramientas, mayor conocimiento técnico y de forma articulada para frenar actividades ilegales como la caza furtiva, el tráfico de especies, la contaminación industrial, el desmonte ilegal o el uso indebido de recursos naturales como el agua o el suelo.
La organización, de carácter federal, eligió como autoridades del primer Comité Ejecutivo al Dr. Jorge Barraguirre como presidente (región NEA), al Dr. Juan Sebastián Lloret como secretario (NOA), al Dr. Maximiliano Breide Obeid como tesorero (Patagonia Norte), y como vocales al Dr. Roberto Bomparolla por la región Centro, al Dr. Gabriel Blanco por Cuyo, a la Dra. Florencia Gómez por la Patagonia Sur y al fiscal federal de Moreno, Dr. Leonardo Filippini, por la jurisdicción nacional; como revisores de cuentas fueron designados el fiscal ambiental de Corrientes, Dr. Gerardo Cabral, y la fiscal ambiental de Chaco, Dra. Noelia Miño. Acompañaron y apoyan la creación de esta red diversas organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Wildlife Conservation Society Argentina (WCS), la Fundación Avina Argentina, la Red Latinoamericana de los Ministerios Públicos Ambientales (REDEMPA), la Red Sudamericana para la Erradicación del Tráfico de Especies Silvestres y Protección de la Biodiversidad (Red SudWEN), la Red de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre de Centroamérica y El Caribe (ROAVIS), la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y la Red Europea de Fiscales para el Medio Ambiente (ENPE).
En un país con una riqueza natural inmensa pero con graves amenazas ambientales, esta red federal representa un paso clave para mejorar la capacidad de respuesta institucional frente a los delitos ecológicos. Porque el ambiente necesita leyes, sí, pero también fiscales especializados que las hagan cumplir. Y la RAFA es una apuesta concreta en esa dirección.

Entre Ríos regula fumigaciones cerca de escuelas rurales para proteger a estudiantes

Activismo ambiental bajo la lupa: el gobierno de Milei y el espionaje a militantes ecologistas
Una filtración revela que el Plan de Inteligencia Nacional apunta contra organizaciones y personas que defienden el ambiente y cuestionan la explotación indiscriminada de los recursos naturales.

Ola polar, cortes de gas y una crisis energética que golpea fuerte: ¿qué está pasando en Argentina?

Alerta por contaminación del Río de la Plata: crecen las denuncias y llega el reclamo a la Legislatura bonaerense
Preocupación ambiental y sanitaria por vertidos cloacales en uno de los ríos más importantes del país. Piden informes y acciones urgentes.

Tucumán: Los Pocitos, el barrio donde la contaminación persiste y la justicia archivó el caso

La privatización silenciosa del agua en Mendoza: cómo Elsztain controla un recurso vital
