Desviaron un arroyo para producir arroz, provocaron una inundación y terminaron condenados: un fallo a medias en Santa Fe

En Santa Fe, la Justicia dio un paso importante, pero insuficiente.

Esta semana se confirmó la condena contra Rubén y Raúl Carlen, productores arroceros y dueños de la empresa Los Cerrillos, responsables de haber desviado ilegalmente el cauce del arroyo Saladillo Dulce para regar sus campos de arroz. El resultado: campos vecinos inundados, una ruta provincial destruida y daños severos al ecosistema.

El hecho ocurrió en enero de 2019 en Colonia Teresa (departamento San Javier), luego de intensas lluvias que, combinadas con los diques ilegales construidos por los empresarios, provocaron el derrumbe de un tramo de la Ruta Provincial 1. La estructura incluía terraplenes de más de dos metros, diseñados para desviar el arroyo y acaparar agua.

La investigación de los fiscales Bárbara Ilera y Ezequiel Hernández determinó que los Carlen actuaron con total conocimiento del daño que estaban causando: no fue negligencia, fue una decisión intencional. A pesar de haber sido intimados por el Estado a desmontar los terraplenes, no lo hicieron.

Una condena inédita, pero tibia
La jueza Celeste Minniti los condenó en primera instancia a tres años de prisión condicional por “estrago doloso por inundación”. La pena fue ratificada por el juez Oscar Burtnik, quien además les exigió reparar el daño ambiental y presentar un plan de remediación en un plazo de 90 días.

Aunque el fallo se presenta como “histórico” por exigir la restauración del ambiente (como establece la Ley General del Ambiente N° 25.675), el castigo no se condice con la magnitud del daño causado.

Estamos hablando de empresarios que durante casi una década intervinieron ilegalmente un curso de agua, lucraron con un bien común y provocaron un desastre ambiental evitable. Sin embargo, evitarán la cárcel y solo deberán reparar lo que rompieron.

¿Y el Estado?
Mientras tanto, la Ruta Provincial 1 sigue destruida y sin obras de reparación a la vista. La desidia estatal es evidente, pero la causa judicial no toca a ningún funcionario ni apunta a la falta de control. Toda la responsabilidad recae en los privados, como si el Estado no hubiera sido parte del problema por mirar para otro lado durante años.