La Política Ambiental
La ley creará un juzgado con asiento en Posadas que ejercerá jurisdicción en toda la provincia. Tendrá además dos secretarías y una fiscalía para impulsar las causas
La provincia de Misiones continúa marcando la agenda en materia ambiental y el trabajo legislativo también se perfila en ese sentido.
Así como el último jueves se aprobó la ley provincial de humedales (una cuenta pendiente aún a nivel nacional) hay más proyectos en carpeta respecto del cuidado del ambiente, algunas a pasos de convertirse en ley. La creación de un fuero ambiental provincial es uno de ellos.
La iniciativa es una unión de diferentes proyectos de los diversos bloques que conforman la Cámara de Representantes provincial y obtuvo dictamen con voto unánime en la última reunión de la comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones del año pasado.
La implementación de este tipo de juzgados será un antes y un después en la resolución de conflictos que tienen como eje los recursos naturales de la provincia de Misiones.
Al respecto, la presidente de la referida comisión, Anazul Centeno, explicó a El Territorio que “con esta iniciativa se crea un juzgado con competencia ambiental, localizado en la primera circunscripción, en la localidad de Posadas. Pero la particularidad es que se va a crear el juzgado con dos secretarías letradas y con una fiscalía con competencia específica”.
“Es un primer paso, porque es la primera vez que vamos a inaugurar el fuero ambiental en nuestra provincia. El dictamen ya salió y está a la espera de ser ingresado al plan de labor para pasar a la votación y ser una ley”, puntualizó.
Seguidamente, sostuvo que el dictamen se sustenta en múltiples iniciativas de diputados (incluso algunos de ellos con mandato cumplido) de diferentes partidos y bloques que integran la Cámara de Representantes.
“Al momento del tratamiento de comisión, que llevó varios meses de estudio, fue muy debatido y buscado. Por eso, al momento de la votación del dictamen en comisión fue muy festejado, en los términos de que todos los arcos políticos que integran la Cámara estábamos de acuerdo en que era una necesidad y un paso casi obligatorio para que lo dé nuestra provincia”, resaltó la legisladora.
Al tiempo que enfatizó: “Siendo Misiones una provincia que alberga el 52 por ciento de la biodiversidad y teniendo el territorio que tenemos con bosques, montes y especies nativas es necesario crear un fuero especializado con competencia específica para dar respuesta de manera inmediata desde la Justicia a acciones que generan un daño o menoscabo en nuestro ambiente”.
Ponderó por ello la creación de la fiscalía, ya que permitirá al fiscal actuar de manera inmediata y promover la acción.
Cabe aclarar que este juzgado va a entender en todo lo que tenga que ver con materia ambiental, excepto en la competencia penal, que le corresponde a la justicia del fuero penal.
La normativa
El dictamen de comisión de legislación que será analizado y votado en sesión próximamente está conformado por diferentes expedientes, algunos de ellos de diputados que ya terminaron mandato (MC, mandatos cumplidos). Entre los proyectos en unión se trabajó con las iniciativas presentadas por los legisladores Hugo Escalada (MC), Carlos Rovira, Roque Gervasoni (MC), como así también con el proyecto conjunto de Silvana Giménez (MC) y Juan Pablo Ramírez (MC); y otro que había sido presentado por los diputados Gustavo González (MC), Jorge Lacour, Anita Minder (MC), Ariel Pianesi y Roxana Velázquez Larraburu.
Ya en el primer artículo del dictamen se determina la creación de un juzgado con competencia en materia ambiental, con dos secretarías letradas y una fiscalía con competencia en materia ambiental.
Al momento de la votación del dictamen en comisión fue muy festejado, todos los arcos políticos de la Cámara estábamos de acuerdo en que era una necesidad”. Anazul Centeno Diputada provincial
Se aclaró que aunque el juzgado tendrá asiento en Posadas, ejercerá jurisdicción en toda la provincia.
De la misma manera, se especifica en la normativa que el juzgado entenderá en “toda acción derivada del ejercicio de defensa del ambiente, ante cualquier hecho u omisión, ilegal o arbitrario que afecte, lesione, restrinja, altere, amenace o disminuya los recursos naturales, el equilibrio de sus ecosistemas y los bienes o valores colectivos, de manera actual o inminente y sin limitación de cuantía”.
Además, tendrá competencia “en los procesos cautelares ambientales; en los juicios ordinarios por reparación o remediación de daño ambiental, incluida la faz resarcitoria privada; en todos los demás procesos judiciales de naturaleza ambiental o regidos por legislación específica vinculada al ambiente”.
La fiscalía
Una de las figuras más importantes de esta iniciativa tiene que ver con el fiscal, que será el encargado de promover las acciones referidas a la defensa del ambiente.
De acuerdo al dictamen de comisión, el fiscal tendrá a su cargo las funciones de “promover y ejercer la tutela jurisdiccional del ambiente ante el juzgado con competencia en materia ambiental; solicitar informes, realizar presentaciones o peticiones administrativas para tutelar el ambiente ante organismos nacionales, provinciales o municipales; además de recibir denuncias y efectuar las derivaciones pertinentes, dentro del Ministerio Público y a otros entes e instituciones”.
Asimismo, deberá coordinar acciones con las distintas dependencias judiciales y administrativas provinciales, teniendo facultades para requerir la colaboración de instituciones nacionales e internacionales especializadas en materia ambiental; celebrar acuerdos de conciliación sobre cuestiones ambientales, siempre que resulte adecuado a las circunstancias del caso o gravedad del daño; y concurrir a las audiencias públicas que se llevan a cabo sobre cuestiones ambientales.
Es importante señalar, en tanto, que los procesos de conocimiento y cautelares ambientales se tramitarán conforme las normas establecidas en la Ley XII – N.º 27 Código Procesal Civil, Comercial, de Familia y Violencia Familiar de la Provincia de Misiones y en observancia a las normas de carácter procedimental contenidas en la legislación ambiental local y en las leyes nacionales de presupuestos mínimos ambientales.
