FARN, CELS y otras 17 organizaciones alertaron sobre los riesgos del proyecto que impulsa el Gobierno nacional bajo el argumento de defender la soberanía argentina sobre Malvinas. Advierten que la iniciativa permitiría otorgar protección militar a proyectos mineros, petroleros y energéticos, además de abrir la puerta a restricciones sobre las protestas sociales, las acciones judiciales y el financiamiento internacional de organizaciones ambientales.