Acuerdo de Escazu

El gobierno nacional impulsa la adhesión de Argentina a UPOV 91, un régimen internacional que ampliaría los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas y limitaría el derecho histórico de los agricultores a guardar parte de su cosecha para volver a sembrar. Para avanzar en esa dirección, sería necesario modificar la Ley de Semillas para reforzar los mecanismos de apropiación de los recursos fitogenéticos.

Después de más de una década de litigio, quedó firme la sentencia que responsabiliza a la empresa agroquímica por la contaminación del río Paraná desde su planta de San Nicolás. El fallo expone las graves fallas en los controles ambientales y vuelve a poner bajo la lupa el modelo de fiscalización sobre industrias de alto impacto.

Vecinos de City Bell realizaron una asamblea abierta para exigir que se suspenda el avance de la obra hasta que se garantice el acceso a toda la información técnica y se convoque a una audiencia pública. Denuncian que el proyecto impulsado por AUBASA podría modificar la dinámica del barrio, aumentar el tránsito, afectar el sistema hídrico y comprometer espacios verdes sin una participación ciudadana efectiva.

La Justicia declaró la quiebra de Madalena Energy Argentina S.R.L., una empresa que desarrollaba actividades hidrocarburíferas en Río Negro y mantenía participación en proyectos de exploración en Salta. El caso vuelve a poner en el centro del debate quién responde por los pasivos ambientales cuando una petrolera deja de operar y si existen garantías suficientes para evitar que los costos de la remediación recaigan sobre el Estado.

Un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales advirtió sobre el incumplimiento de compromisos internacionales, el desfinanciamiento de las políticas públicas y el deterioro de los ecosistemas. Más del 80% de la matriz energética nacional todavía depende de los combustibles fósiles.
 

Investigadores desarrollaron un bactericida natural para reducir la formación de drenaje ácido en la antigua Mina La Concordia, cerrada desde 1986. Los residuos mineros continúan liberando arsénico, plomo, cobre, zinc y hierro sobre suelos y cursos de agua cercanos a San Antonio de los Cobres.