La Política Ambiental
El presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chaves, aseguró este martes que, durante su Gobierno, el país no ratificará el Acuerdo de Escazú, considerado el primer gran pacto ambiental latinoamericano y que lleva como nombre la ciudad costarricense donde fue firmado.
"El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno", declaró el mandatario electo en una conferencia de prensa, en la que presentó a varios de los futuros ministros que le acompañarán en su Gobierno, que comenzará el próximo domingo.
"El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país", expresó el economista de derecha a la prensa.
Según enfatizó, todo lo que contiene el Acuerdo de Escazú ya se incluye en las leyes de Costa Rica, con excepción de una parte que, a su juicio, permitiría a cualquier persona frenar inmediatamente proyectos de inversión privada con el solo hecho de denunciar que hay un daño al ambiente.
Ese mismo argumento es el que han utilizado las cúpulas empresariales del país para expresar su rechazo a la iniciativa ambiental.
El presidente electo agregó que "es muy preocupante que en un momento en que necesitamos reactivación económica haya la posibilidad en el Acuerdo de Escazú de atrasar de manera injustificada y arbitraria proyectos de inversión".
Pacto pionero en Latinoamérica y el mundo
Costa Rica, hasta ahora líder regional en protección del medio ambiente, fue sede en 2018 de la firma de este Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, suscrito en Escazú, al suroeste de San José.
El Acuerdo de Escazú, considerado el primer gran pacto medioambiental de Latinoamérica, fue también el primero del mundo en contener medidas específicas para proteger los derechos humanos de los defensores del medio ambiente.
Impulsa además el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Y su secretaría la ejerce la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El acuerdo además garantiza la "participación del público en los procesos de toma de decisiones" sobre procesos de autorizaciones ambientales "que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud".
El documento fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en el municipio de Escazú, Costa Rica, y de los 24 países que lo firmaron, solo 12, la mitad, lo han ratificado: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay. Pero esto garantiza su vigencia, pues necesita de 11 ratificaciones.
Una "vergüenza para Costa Rica"
Tras la adopción del instrumento, el Gobierno costarricense fue uno de los principales impulsores de la ratificación en los países, pero tras 4 años sigue empantanado en el Congreso y con pocas expectativas de que sea ratificado.
En marzo pasado, el presidente Carlos Alvarado, que terminará su mandato de 4 años el próximo domingo, calificó como una "vergüenza para Costa Rica" que el Congreso no haya ratificado el instrumento, al que considera como "una política fundamental en el marco de la protección y la transparencia".
Costa Rica es un país reconocido internacionalmente por sus políticas ambientales que le han permitido proteger cerca de la tercera parte de su territorio, donde alberga alrededor del 6 % de la biodiversidad mundial.
En su informe final ante el Congreso, Alvarado, solicitó a los nuevos diputados ratificar el acuerdo. Pero la mayoría de los partidos políticos representados en el Congreso para el periodo 2022-2026 ya han manifestado que no ratificarán el Acuerdo de Escazú.
"Nuestra legislación ya incluye todo lo que incluye el Acuerdo de Escazú, excepto esa posibilidad de decir paren porque a mí me parece que se debe parar, eso no se vale", dijo ahora el presidente electo.
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