Con el voto negativo de 41 diputados de prácticamente todas las fracciones, el Congreso sepultó este miércoles, definitivamente, el llamado “Acuerdo de Escazú”, el convenio latinoamericano que pretendía, entre otros, garantizar el acceso a la información en materia ambiental.

La propuesta, que precisamente nació en Costa Rica y se bautizó así, pues su negociación se cerró en 2018 en ese cantón josefino, gozaba del apoyo de 24 países, de los cuales 14 ya lo ratificaron, incluidos Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay.
“Los invito a que perdamos el peso del cortoplacismo que tanto daño le hace al ejercicio de la política y dejemos atrás la incapacidad que ha mostrado este país en las últimas décadas de comportarse a la altura de los tiempos.

“Vivimos en un planeta en medio de una crisis climática y no se puede hacer política pasando por alto eso”, dijo el jefe de fracción del Frente Amplio, Jonathan Acuña, en un último intento por convencer a los diputados de apoyar esa ampliación.
Sin embargo, solo su bancada (6), los oficialistas Luz Mary Alpízar y Manuel Morales, y los liberacionistas José Francisco Nicolás, Sonia Rojas y Rosaura Méndez apoyaron la moción.
¿Por qué?
Además del acceso a la información, el Acuerdo de Escazú garantizaba el derecho de participación ciudadana en decisiones que afectan al medioambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
En ese primer punto, sus detractores habían insistido en que esa participación ciudadana podía suponer un obstáculo en la reactivación económica, suponiendo posibilidades de bloqueos a propuestas urgentes en materia económica.
El propio presidente Rodrigo Chaves ya había adelantado que la propuesta no estaba en la agenda de su Gobierno y que, por lo tanto, el sector privado podía estar tranquilo, pues ni él ni el Ejecutivo lo consideraban “beneficioso para el país”.
Una mayoría del Congreso insistió en que en Costa Rica existe suficiente legislación en materia medioambiental para proteger los enunciados del Acuerdo.
“Archivar el Acuerdo de Escazú en nada desmejora o limita la legislación vigente en el país en materia ambiental, por el contrario, este acto preserva la seguridad jurídica y el principio de razonabilidad, restringiendo cualquier posible abuso en el ejercicio abusivo del derecho”, dijo el Liberal Progresista en un comunicado previo.
“En Costa Rica ya existe legislación robusta para proteger el medio ambiente y la mayoría de elementos que contempla el acuerdo, ya están incorporados en esta legislación, por lo que una nueva ley complicaría el desarrollo económico en momentos donde se necesitan acciones concretas para dinamizar la economía, generar empleo y apoyar al sector productivo”, había dicho la fracción del PUSC, que también votó en pleno contra la ampliación.
Con esa decisión de una mayoría legislativa, el proyecto irá al archivo.

Fuente: Teletica