Fuente: laarena 
Por Redacción de laarena 

Un enorme volumen de gas metano fue lanzado deliberadamente a la atmósfera sin dar aviso a la población ni a las autoridades. Este desastre ambiental tuvo lugar en un tramo del gasoducto que atraviesa, desde el río Colorado hasta el paralelo 36, el oeste de nuestra provincia y su responsable fue la empresa Transportadora de Gas del Norte. Si no fuera por un satélite de la Agencia Espacial Europea, que detectó la anomalía e informó sobre ella, aquí nadie se hubiera enterado de semejante calamidad. Lo más asombroso es que la empresa señalada esgrimió como justificativo tareas de mantenimiento del ducto que la "obligaron" a adoptar esa medida; sostuvo que esas maniobras son "comunes" y que otros operadores que trabajan con combustibles fósiles hacen lo mismo en forma rutinaria.

 Si todo ello es cierto estamos en presencia de un grave problema. En este caso se trató de una fuga de, nada menos, un millón de metros cúbicos de metano, un gas que es incoloro e inodoro (por tal motivo se lo odoriza para facilitar su detección en los ámbitos domésticos), es altamente inflamable y contaminante de la atmósfera. Si TGN y las otras empresas que operan en el país cometen habitualmente estos estropicios sin ningún tipo de control ni consecuencias para sus responsables, resultará imposible revertir estas prácticas nocivas. No olvidemos que se trata de enormes compañías, muchas de ellas de capitales multinacionales, que obtienen ganancias astronómicas y sus departamentos de relaciones públicas derrochan poder de persuasión.

No es ocioso mencionar que la zona en donde ocurrió esta gigantesca fuga de gas está afectada por otra catástrofe ambiental, mucho más antigua, el corte del río Atuel por parte de Mendoza. En este caso fue un Estado provincial el causante del hecho aunque no puede ignorarse que tuvo como beneficiarios principales a poderosos intereses privados instalados en la provincia vecina.

 Ahora, ante este nuevo incidente, deberían iniciarse sin demora sendas investigaciones, una administrativa y otra judicial. La primera para verificar si la empresa cumplió o no con las regulaciones técnicas, administrativas y ambientales establecidas por la normativa que regula la concesión del servicio y el funcionamiento del sistema de transporte del gas. La segunda para determinar las eventuales responsabilidades penales que pudieran caber frente a semejante acto que atentó contra la salud del ambiente y la seguridad de las personas alcanzadas por la gigantesca nube de metano que se dejó escapar en forma intencional del gasoducto.

El surgimiento en amplios sectores de la sociedad de una conciencia ambiental es digno de ser destacado, pero debe sustentarse en hechos concretos y en la presencia activa del Estado. Así como en La Pampa la problemática del agua viene mereciendo gran atención de organismos públicos, escuelas y ONG lo mismo debería ocurrir en todas las ramas de la actividad humana. Por tal motivo esta grosera irregularidad debería desperezar a los funcionarios del Enargás, a los responsables de las oficinas encargadas de la preservación del ambiente, y también a jueces y fiscales.