Desde hace varios días integrantes de comunidades wichís y guaraníes realizan un corte de la Ruta 34 a la altura del Pichanal para exigir respuestas al gobernador de Salta Gustavo Sáenz respecto a un petitorio que las comunidades le entregaron hace dos años y sobre el cual aún no recibieron respuestas. Entre las exigencias más urgentes solicitan el acceso al agua potable, seguridad jurídica sobre sus tierras, módulos alimentarios de calidad, salud intercultural bilingüe atenta a las necesidades de la niñez que sufre desnutrición, educación intercultural bilingüe, vivienda, programas de trabajo, entre otros derechos vulnerados. «Cuando uno corta la ruta es un delito, pero cuando nos sacan las tierras, nos matan de hambre eso no es delito. Tenemos jueces truchos sinvergüenzas que no nos dan los derechos que nos corresponden y eso es una persecución por parte del Estado. Más de 530 años, nos siguen persiguiendo con la justicia. Nuestros líderes están siendo apresados, por eso cortamos la ruta para pedir por nuestros derechos». 

 
Comunidades originarias del Chaco salteño realizan un corte de la Ruta 34 a la altura del Pichanal para exigirle al gobernador Gustavo Sáenz que cumpla con un petitorio en el que se comprometía a garantizarles el derecho a servicios báscicos como el acceso al agua potable, entre otros.

En diálogo con ANRed Mariana Espinosa, investigadora del CONICET en el IDACOR y profesora del Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades, relata la situación de violencia y desamparo que las comunidades de la región. «La historia de este reclamo es la siguiente: hace más de dos años, frente a los reclamos de las comunidades originarias y la población en general, la provincia de Salta declaró la emergencia socio-sanitaria sobre la región del Chaco Salteño. Pero al poco tiempo se declaró la Pandemia del COVID-19 y cuando el virus llegó a las comunidades la situación de la región fue dramática. Entonces pueblos originarios de los departamentos de San Martín y Rivadavia organizaron una marcha histórica que se realizó a mediados de noviembre de 2020 y fue del Chaco Central hasta Salta Capital.

Los reclamos eran falta el agua, la inseguridad jurídica sobre las tierras, la falta de educación y salud intercultural bilingüe. El tema salud sobresalía por la coyuntura de la pandemia que asolaba a las comunidades. También la situación de las infancias era dramática (como ahora). En ese momento, mediados de 2020, se presentó una Acción Declarativa de Certeza para que la provincia realice accione frente a la muerte de cuarenta y cinco niños y niñas menores de cinco años por diferentes causas evitables (deshidratación, diarrea, cuadros respiratorios, malformaciones congénitas, intoxicación por alimentos etc.), todos pertenecientes a los pueblos originarios. Además, motivó la marcha la creciente criminalización de la protesta y los desalojos incumpliendo con la ley 26.160. Recordemos que el 21 de octubre hubo un violento desalojo a la Comunidad wichí Yokwespehen de Tartagal (ruta 86, km. 20), niños y niñas, ancianos, pasaron semanas viviendo a la vera de la ruta cerca de las plantaciones de soja» explicó

En suma, las comunidades pudieron cumplir con su objetivo de llegar a Salta capital y allí firmaron actas con ministros y organizaciones y fundaciones que acompañaban. Pasaron dos años y no se avanzó sobre lo prometido. Entonces, las comunidades originarias que ahora están cortando la Ruta Nacional 34 a la altura de la ciudad de Pichanal, reclaman al gobernador de Salta que de una vez por todas accione de manera directa a favor de sus derechos».

«Cuando uno corta la ruta es un delito, pero cuando nos sacan las tierras, nos matan de hambre eso no es delito. Tenemos jueces truchos sinvergüenzas que no nos dan los derechos que nos corresponden y eso es una persecución por parte del Estado. Mas de 530 años, nos siguen persiguiendo con la justicia. Nuestros líderes estan siendo apresados, por eso cortamos la ruta para pedir por nuestros derechos» explicó un referente de las comunidades en diálogo con los medios de comunición locales.

Fuente: ANRed