La Política Ambiental
El pleno del Congreso del Estado de México aprobó reformas al Código para la Biodiversidad de la entidad para castigar a quienes hagan quemas agrícolas sin estar certificados por la Protectora de Bosques estatal (Probosque), con una multa de 100 hasta mil Unidades de Medida de Actualización, que ascendería a 96 mil de pesos. La propuesta fue avalada por unanimidad con el fin de reducir 40 por ciento las conflagraciones en la entidad, lo cual significa un promedio de 3 mil incendios menos cada año, indicó el presidente de la comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático, Gerardo Lamas Pombo.
Quienes realicen quemas agrícolas cerca de alguna zona boscosa que no haya sido capacitado por Probosque, serán multado, causen o no afectaciones a los macizos forestales, porque sólo de esa manera garantizarán que esta actividad se lleve a cabo de manera responsable y con conocimiento precisos. Durante su participación en tribuna, el legislador comentó que durante 2018 se registraron 6 mil 918 incendios, en 2019 subieron a 7 mil 400, luego bajaron a 6 mil y finalmente el año pasado quedaron en 7 mil 400.
Las estadísticas oficiales indican que 40 por ciento fueron por quemas agrícolas mal manejadas. Por ello, busca promover la cultura de prevención de incendios forestales y de capacitación permanente en la quema de residuos de cosechas, de huertos frutícolas, agostaderos o praderas en terrenos agropecuarios colindantes con forestales. Las reformas acordadas establecen que esta capacitación y certificación deberá realizarse de manera previa a la adecuación de suelos y que se impondrán multas de hasta 100 a mil veces el valor diario de la UMA. “De nada sirve reforestar si con estos incendios terminan perdiéndose árboles viejos y nuevos, si nadie hace lo correcto” que es atender los problemas que generan las quemas agrícolas en muchas regiones de la entidad. https://www.milenio.com/politica/aprueban-multas-por-quemas-agricolas-en-edomex
El Gobierno británico decidió revocar la concesión de una empresa ferroviaria subsidiaria de la Deutsche Bahn debido al mal servicio y las quejas de los usuarios. La operación, desde marzo, estará a cargo de una nueva empresa estatal. No es la primera vez que ocurre: en 2018, otra concesión había revertido al Estado.
Ceará es el primer estado en implementar Sertão Vivo, proyecto que permitirá la gestión sostenible de tierras en el noreste de Brasil, en zonas muy vulnerables al cambio climático. Es impulsado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de las Naciones Unidas, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y el Gobierno del Estado de Ceará. Su alcance se amplió a nueve estados, con una inversión inicial de 386 millones de dólares, que se espera llegar a 1,8 millones de personas, dando prioridad a la participación de mujeres, jóvenes y comunidades tradicionales.
La decisión también alcanza a la multinacional que comercializaba el producto químico. La jueza del caso tuvo por comprobado que el cargamento, prohibido y catalogado como residuo peligroso, provocó que tres mujeres contrajeran cáncer en un paraje rural de Santiago del Estero
