Por primera vez, la Justicia provincial impone una pena efectiva por delitos ambientales. El fallo marca un antes y un después en la lucha contra los incendios intencionales.

El Presupuesto nacional 2024 tuvo una reducción real del 26,3%, con recortes en partidas ambientales que oscilaron entre el 34% y el 81%. En un contexto de crisis climática, la falta de inversión en prevención y adaptación expuso sus consecuencias: incendios devastadores en la Patagonia y Corrientes e inundaciones en Bahía Blanca, con graves pérdidas y daños.