Demandan al Estado de Chile por 20.000 toneladas de desechos mineros en Arica

El Primer Tribunal Ambiental de Chile llevó a cabo una audiencia crucial en el caso presentado por la Fundación Mamitas del Plomo de Arica, quien demanda al Estado chileno por el daño ambiental provocado por el abandono de 20.000 toneladas de desechos mineros en la comuna de Arica. Estos desechos, provenientes de la empresa sueca Boliden Metals y traídos al país por la compañía chilena Promel entre 1984 y 1985, contienen polimetales como arsénico, cadmio, cromo y plomo, y están ubicados en un sector conocido como “Quebrada Encantada Baja”.

La fundación argumenta que estos residuos tóxicos están afectando gravemente la salud de los habitantes cercanos, particularmente en la conocida zona del "Sitio F", un terreno fiscal donde los desechos permanecen. Durante los días 13 al 15 de enero, se celebró la audiencia de conciliación y alegaciones finales, en la cual se presentaron pruebas de los impactos del daño ambiental. Sin embargo, la pregunta sigue vigente: ¿quién se hace responsable de este desastre?

Un daño ambiental sistemático

El abogado Juan Molina, en representación de la Fundación Mamitas del Plomo, presentó pruebas contundentes de los daños que los residuos han causado en la salud de la población. Se encontraron metales pesados en muestras de sangre de niños y adolescentes tomadas entre 2021 y 2022. Según Molina, este daño no es un brote de enfermedad aislado, sino un problema sistémico que afecta el suelo, el aire y los ecosistemas, deteriorando la vida y la salud de una población significativa.

El daño, que se extiende por más de tres décadas, ha alcanzado niveles de intensidad y duración que justifican un tratamiento urgente y una reparación inmediata. “Desde las 'abuelas del plomo' hasta las 'nietas del plomo', generaciones enteras han sido afectadas”, destacó Molina, quien insistió en que el Estado no solo ha ignorado la magnitud del problema, sino que también ha fallado en implementar medidas adecuadas para mitigar los riesgos.

Negligencia estatal y la exclusión de víctimas

El abogado de la fundación también señaló la negligencia del Estado al permitir que los desechos tóxicos fueran importados sin un plan de manejo adecuado, y al no tomar medidas efectivas para evitar la construcción de viviendas cercanas a zonas contaminadas. A pesar de la normativa vigente, como la Ley de Polimetales, la respuesta estatal ha sido insuficiente y errática, con graves deficiencias en los controles y en el seguimiento de la salud de los afectados.

Por su parte, Karla Vargas, abogada de la ONG Fima, remarcó que el Estado permitió el ingreso de los desechos entre 1984 y 1989 sin los planes de manejo adecuados, además de haber almacenado los residuos de manera insegura en el Sitio F. También cuestionó la falta de medidas de seguridad durante el traslado de los residuos en 1997 y la ausencia de estudios periódicos para evaluar los riesgos a la salud.

La persistencia del daño

La situación sigue siendo crítica más de 30 años después. Según el abogado Santiago García de Fima, alrededor de 16.500 personas siguen viviendo en las cercanías de los sitios contaminados. Testimonios de los afectados apuntan a problemas graves de salud, como cáncer, abortos espontáneos, enfermedades respiratorias y barreras para acceder a tratamientos médicos adecuados.

El daño provocado por los desechos mineros no solo afecta la salud de los habitantes actuales, sino que también tiene efectos transgeneracionales, afectando a futuras generaciones que probablemente heredarán enfermedades crónicas y agudas debido a la contaminación de los suelos.

La defensa del Estado

Por otro lado, el abogado Osvaldo Solís, representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), reconoció la existencia de víctimas afectadas por los desechos tóxicos, pero argumentó que los esfuerzos del Estado, como el encapsulamiento de los residuos en 1998 y la implementación de la Ley de Polimetales, han sido suficientes para mitigar los riesgos. Según Solís, las pruebas demuestran que no existen fuentes activas de contaminación en las áreas afectadas, ya que los niveles actuales de metales pesados son comparables a los niveles naturales de la región.

Solís también defendió que las acciones del Estado en materia de remediación y compensación están alineadas con las capacidades presupuestarias del país, y solicitó que la demanda sea rechazada, argumentando que el daño ambiental ya ha sido reparado.

¿Qué sigue para los afectados?

La disputa legal entre la Fundación Mamitas del Plomo y el Estado de Chile continúa, con la salud y el bienestar de miles de personas en juego. La situación plantea una pregunta importante: ¿hasta qué punto el Estado es responsable de garantizar la salud de sus ciudadanos frente a los desastres ambientales provocados por la actividad minera?

Las autoridades deberán ahora evaluar si las medidas adoptadas son suficientes o si, por el contrario, la reparación del daño debe ser más profunda y urgente, con un enfoque en la restitución ambiental y la garantía de salud para las generaciones futuras.

Este caso no solo pone de relieve la negligencia en el manejo de residuos tóxicos, sino también la necesidad de un cambio en las políticas públicas de Chile, que debe priorizar el bienestar de las personas y la preservación de su entorno. Para los habitantes de Arica, la justicia parece un camino largo, pero necesario.