Río Negro: Polémica por la modificación de la Ley de Tierras en favor de la minería

El bloque de Juntos Somos Río Negro propone reformas a leyes de tierras y códigos mineros, generando polémica y preocupación. Las modificaciones podrían afectar cerca de 5 millones de hectáreas.
Región Patagonia22/11/2023La Política AmbientalLa Política Ambiental
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Se teme que estas reformas favorezcan proyectos extractivistas e inmobiliarios. Foto: archivo Marcelo Martínez.

El bloque de Juntos Somos Río Negro (JSRN) desató una fuerte controversia en la Legislatura provincial al presentar proyectos que buscan modificar las leyes de tierras y códigos vinculados a la actividad minera. Estas reformas generaron un intenso debate, ya que se teme que puedan tener graves implicaciones ambientales en favor de proyectos extractivistas y negocios inmobiliarios.

 
Las propuestas, que serán tratadas en el recinto legislativo este viernes, encendieron las alarmas entre las comunidades originarias y diversas organizaciones. Se señala que estas modificaciones podrían afectar cerca de 5 millones de hectáreas, muchas de las cuales están en posesión de comunidades mapuche-tehuelches, sin tener en cuenta el mecanismo de consulta previa e informada, requerido por normativas internacionales vigentes en Argentina.

 
El Espacio Asambleario Autónomo manifestó su repudio a esta iniciativa, calificando el intento de reformar la Ley de Tierras como "atolondrado" y criticando la falta de consulta a las comunidades afectadas. Señalaron similitudes en la rapidez con la que se pretende aprobar estas reformas, recordando casos anteriores donde decisiones similares se tomaron entre gallos y medianoche, sin el debido escrutinio público.

 
Las modificaciones propuestas contemplan cambios significativos en la legislación, como la transformación del uso de las tierras fiscales, pasando de una orientación hacia la producción agrícola y ganadera de pequeña escala a la posibilidad de uso industrial o turístico.

 
Simultáneamente, los proyectos buscan alterar códigos relacionados con la actividad minera, incluyendo el procedimiento y la recaudación de regalías. Esto generó preocupación al centralizar el cobro de regalías en el ejecutivo, quitando participación a los municipios, entre otras modificaciones que carecen de detalles específicos.

 
La oposición criticó estas acciones como parte de una metodología que busca poner los recursos naturales al servicio de intereses particulares, evocando eventos anteriores donde leyes ambientales fueron derogadas en favor de la actividad petrolera, impactando negativamente en el ambiente.

 
Se denunció también la negativa del partido JSRN a completar el Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas y avanzar hacia una ley de propiedad comunitaria de los territorios indígenas, lo que generó tensiones y acusaciones de racismo estructural en detrimento de los pueblos originarios. (ANB)

Fuente: anbariloche

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