La contaminación de agroquímicos llego a la CABA

Así lo indican estudios científicos que comprobaron la existencia de glifosato y otros agroquímicos en sangre y orina de habitantes de zonas no rurales del AMBA, que llegarían a través del agua, frutas, verduras, polvo de hogar e, incluso, a través de la lluvia. Qué hay detrás del agronegocio y sus efectos en la salud.
La provincia de Buenos Aires es la principal exportadora de soja para alimentación animal, por lo que la utilización de agrotóxicos en los campos no es novedad. Los plaguicidas como el glifosato, 2.4D o atrazina, y los insecticidas como endosulfán o clorpirifos son altamente tóxicos y desde hace años causan graves daños a la salud de las comunidades cercanas a las cosechas donde se los utilizan.
Algunos de éstos pueden ser cancerígenos, incluso el clorpirifos que a pesar de estar prohibido en Argentina, su adquisición continúa siendo de fácil acceso. La falta de controles férreos a la actividad agrícola nos trae a una nueva problemática: el peligro ya no sólo es rural, la toxicidad llegó a la Ciudad.
Esta situación creciente abre nuevas incógnitas: cuánto perjudica a la salud, qué organismos estatales deberían intervenir o cómo evitar que lleguen a nosotros estos agroquímicos.
Entre los trabajos de investigación que buscan brindar algunas respuestas se destacan dos. Uno de ellos es el Proyecto Sprint (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global), que fue lanzado en septiembre de 2020 y trabaja con un consorcio de institutos de investigación de 10 países europeos y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), como representante de nuestro país. Tiene como objetivo evaluar el impacto de los agroquímicos en la salud humana y los efectos adversos en plantas, animales y ecosistemas.
De igual forma, se creó el Proyecto PIS (Pesticidas Introducidos Silenciosamente), perteneciente a la ONG latinoamericana Democracia en Red, que realizó más de 200 análisis de orina humana durante el primer semestre de 2023.
La finalidad fue medir el nivel de exposición a los agroquímicos en personas de entornos rurales, que estuvieran cerca de campos donde se haga aplicación y en las zonas urbanas del AMBA.
En diálogo con @elargentinodiario, Don Powa, coordinador de este último proyecto, explicó: “El estudio lo hicimos en tres distritos distintos: unos netamente rurales, uno periurbano y uno 100% urbano, que fue en CABA. Medimos en Saladillo, Lobos y Mar Chiquita como el enfoque rural; y en La Matanza con enfoque periurbano porque lo hicimos en un asentamiento que está justo en el borde del partido, que se llama Barrio Nicole, donde de un lado tenés ciudad y del otro lado tenés campo”, detalló.
Contra todo pronóstico, aseguró que se sorprendieron cuando los resultados arrojaron que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue el lugar con mayor positividad de agroquímicos en orina humana: 23%.
«Hacemos testeos con voluntarios y yo mismo fui uno. Vivo en Colegiales y me encontraron 4,5 partes por millón de glifosato en orina, mientras que el piso de detección es 1. Ahora tenemos pruebas concretas de que esta contaminación nos afecta a todos”, explicó.
Aunque los estudios sobre la proveniencia de estos químicos continúan, las personas que dieron positivo en sus estudios declararon tener altos consumos de frutas y verduras, y también de agua de red, embotellada e incluso filtrada.
“La gente de CABA claramente no tiene exposición por vía aérea a esta contaminación, a diferencia de los habitantes de municipios de provincia que sí, ya que están más cerca de las cosechas, aunque faltan estudios para que esto esté 100% probado”, señaló Powa.
Y alertó: “La principal hipótesis de cómo llegan estos agroquímicos a los porteños es a través de las frutas y verduras que entran por el mercado central. Y en Provincia, detectamos agroquímicos en el agua de red de pueblos como Vidal y Mar de Cobos; y en el agua de lluvia de Mar Chiquita, por ende, también en sus napas”.
Argentina vive del agronegocio y es la principal fuente de divisas. Por lo tanto, Don Powa planteó que no sólo es un problema de salud pública y ambiental, sino también “del modelo de generación de divisas a nivel país”: “La proyección es que los mercados internacionales se van a ir cerrando a este tipo de producciones. Esto implica empezar a pensar modelos de transición para la próxima década porque por ahí también se nos va a cortar a nosotros”.

Silenciamiento
En diálogo con este medio, Claudio De Francesco, biólogo, investigador del CONICET y voluntario del Proyecto Sprint, explicó que la participación de Argentina en el mencionado proyecto debería concluir recién en el año 2025, pero finalizó tempranamente por decisión de las autoridades institucionales de INTA.
“Con esta decisión, tomada por Mariano Garmendia, presidente del INTA; y Nacira Muñoz, vicepresidenta, Argentina se aleja de trabajar en las vías de reducción de la exposición a plaguicidas detectada en esta primera etapa del proyecto en forma conjunta con especialistas en neurociencias, medicina, toxicología, políticas públicas, economía, agronomía, veterinaria, entre otras áreas científicas”, detalló De Francesco.
El INTA, en ese marco, prohibió la publicación de los resultados del proyecto aunque igualmente lograron trascender: Argentina duplica o triplica la cantidad de plaguicidas que son utilizados en Europa, según la zona de estudio. Es que, en nuestro país, también se realizan mezclas de químicos para aumentar la potencia de cada veneno, reuniendo hasta 120 plaguicidas.
Según comentó De Francesco, la justificación del organismo fue que “la investigación en humanos estaba fuera de su ámbito de incumbencia”. No obstante, en el contrato original firmado entre INTA y Sprint se especificaba que se realizarían muestreos en ambiente, animales, plantas y también en humanos, ocupándose de esta actividad específicamente profesionales del área de Salud, como finalmente ocurrió.
Tras este cambio institucional de opinión, el entrevistado adhirió: “También empezaron a decir que nuestros datos eran confidenciales. Sin embargo, los datos eran y son personales. Lo que yo quiera hacer con mis datos como voluntario es responsabilidad mía”.
Por lo expuesto, consideró también que el INTA debe una respuesta: “Cuando llegaron los resultados, que fueron muchos plaguicidas en sangre, orina, materia fecal y en el aire que respiramos, se desentendió de nosotros”.
Y finalizó: “El proyecto Sprint contaba con presupuesto de la Comisión Europea, permitía la interacción profesional de los científicos argentinos con otros, de otras partes del mundo y quedó trunco, dejó un sabor amargo en muchas personas, no solo en los voluntarios, así como muchas preguntas”.

Falta de control y reclamos
El INTA prohibió así que se realizara la segunda etapa de la investigación del Proyecto Sprint que consistía en la explicación de esos resultados y el diseño de caminos para disminuir la exposición a los plaguicidas.
Pero la responsabilidad de la falta de correcto control sobre la utilización de agrotóxicos no debe estar unificada. Mientras que De Francesco señaló que “a pesar de tener una buena Ley Ambiental, falta claridad en las reglas y en la regulación de la producción y comercialización”, Don Powa adhirió que la responsabilidad de diseñar y hacer cumplir “la normativa que regula el manejo, las distancias, las autoridades de control, las recetas electrónicas, la zonificación es de injerencia municipal”.
La autoridad máxima más próxima al domicilio de las personas afectadas, paradójicamente, podría tener la solución.

Fuente: Diario El Argentino