Organizaciones sociales, docentes y referentes locales denuncian que la nueva ordenanza ambiental de la Villa de Merlo elimina la participación ciudadana en la evaluación de proyectos urbanísticos y viola normas provinciales y nacionales.
ACTUALIDAD27/08/2025
La Política Ambiental
En la Villa de Merlo, San Luis, el Concejo Deliberante aprobó recientemente una reforma que modifica de raíz el mecanismo de evaluación de impacto ambiental en el municipio. La nueva ordenanza, impulsada por el oficialismo, elimina la participación de especialistas independientes, organizaciones sociales y universidades del proceso técnico de evaluación. A partir de ahora, las decisiones quedarán únicamente en manos de una comisión conformada por funcionarios municipales.
Esta decisión despertó una ola de críticas por parte de sectores académicos, ambientales y ciudadanos, que la consideran un retroceso en materia de políticas ambientales. Para muchos, la reforma no solo debilita los controles, sino que también vulnera normas superiores, como la Ley Nacional de Ambiente y la Constitución Provincial, que garantizan el derecho a un ambiente sano y la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.
La excusa: agilizar trámites
Desde el oficialismo municipal se justificó el cambio argumentando que la ordenanza anterior “entorpecía” los procesos y que había demoras excesivas por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia, lo que impedía avanzar en tiempo y forma con la aprobación o rechazo de proyectos.
Sin embargo, los números desmienten ese argumento. Bajo la ordenanza vigente desde 2005, la urbanización de Merlo no se detuvo: en poco más de una década se construyeron más de 700.000 m² entre viviendas, complejos turísticos y obras públicas. La falta de control, en realidad, no se debía a trabas legales, sino a la inacción municipal.
Incluso la propia presidenta del Concejo Deliberante admitió públicamente que muchos Estudios de Impacto Ambiental ni siquiera eran evaluados, y que las obras avanzaban igual, sin haber sido aprobadas formalmente.
“Un retroceso en toda regla”
Ante este panorama, casi veinte organizaciones sociales, ambientales, académicas y políticas de Merlo lanzaron un comunicado conjunto en el que denuncian que la nueva ordenanza representa un "retroceso legal, institucional y ambiental" que desconoce normas de jerarquía superior. También advierten que la eliminación de la participación ciudadana viola el principio de no regresión ambiental, un pilar básico del derecho ambiental.
El comunicado cuestiona además la creciente connivencia entre el municipio y emprendimientos inmobiliarios que atentan contra el ecosistema serrano. Se menciona, como ejemplo, el polémico desmonte en la zona T4 del loteo Los Nogales, vinculado a un megaproyecto turístico, y el intento del intendente —hoy con licencia— de cambiar la categoría de protección del área para permitir su desarrollo.
Ataques a quienes cuestionan
Las organizaciones también denunciaron una política de persecución hacia quienes se oponen a este tipo de decisiones. Mencionaron la intervención política de la Cooperativa de Agua de Merlo, así como el reciente intento de desalojo de la Cooperativa de Recicladores Merlinos, que venía trabajando en un predio reacondicionado con fondos nacionales para tareas ambientales y sociales.
En todos los casos, apuntan a una lógica de gestión que prioriza negocios privados por encima del bienestar común, los derechos colectivos y el cuidado ambiental.
Exigen anulación de la nueva ordenanza
Las agrupaciones firmantes adelantaron que impulsarán acciones legales y administrativas para frenar la aplicación de la nueva normativa, y exigen que la ordenanza sea declarada nula por contradecir leyes provinciales y nacionales.
Lo que está en juego no es solo un procedimiento burocrático, sino la posibilidad de que la ciudadanía participe activamente en la toma de decisiones sobre el futuro ambiental, urbano y social de Merlo. En tiempos donde los conflictos por el territorio y los bienes comunes son cada vez más frecuentes, esta reforma genera una peligrosa concentración de poder en manos de pocos, y deja afuera a quienes deberían ser parte fundamental del proceso: la sociedad civil.
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