ASAMBLEA VECINAL DE LUJÁN: defendiendo el ambiente, la salud y el desarrollo sustentable, por una mejor calidad de vida en todo el partido de Luján

El viernes 27 de mayo el intendente Boto presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para habilitar la termoeléctrica que incluye una excepción a la prohibición de instalar industrias contaminantes en el partido de Luján. Esto implica burlar lo establecido en la ordenanza 6224, que fuera aprobada en 2013, tras años de movilización comunitaria, y como respuesta al intento de reapertura de la Curtiembre CURTARSA, la fábrica más contaminante en la historia de Luján.
En 2012, tras largos años de lucha y con participación ciudadana, se había logrado el cierre de la curtiembre. En aquel momento, se habían constatado altísimos índices de contaminación en el agua subterránea y en el río Luján. Las consecuencias en la salud de la población fueron evidentes: habían aumentado notablemente los casos de cáncer y otras enfermedades relacionadas a la presencia de metales pesados en el agua.
Al respecto, recordemos que la Ley 11.459, regula la radicación industrial en la provincia de Buenos Aires, y estipula que los establecimientos sean clasificados como de 1°, 2° o 3° categoría. Para esto se tiene en cuenta el Nivel de Complejidad Ambiental (N.C.A.) que indica las características particulares de un proyecto o establecimiento industrial en su interacción con el ambiente que lo rodea. Se trata de una ponderación numérica que se define por la sumatoria de 5 variables ( rubro, efluentes y residuos, riesgos potenciales, dimensión, localización) a las que se les otorga un valor y se expresa por medio de una ecuación polinómica: NCA = Ru + ER + Ri + Di + Lo
Los establecimientos de tercera categoría "se consideran peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al ambiente".
Por otra parte, la localización de una empresa se clasifica teniendo en cuenta la zonificación municipal y la infraestructura de servicios que posee (agua, cloacas, luz, gas), de manera que puede estar en un Parque Industrial, una zona Industrial exclusiva, o en el resto de las zonas establecidas en el COU (Código de ordenamiento urbano).
A principios de este año, un grupo de empresarios se dirigieron al intendente solicitando "revisar" la Ordenanza 6.224, alegando que es “confusa” y que frena inversiones que permitirían ampliar algunas industrias, que quedarían “injustamente” categorizadas.
Consideramos oportuno recordar que todas las industrias instaladas, que se instalen, amplíen o modifiquen sus establecimientos o explotaciones, en la Provincia de Buenos Aires, se encuentran condicionados al cumplimiento de la ley 11.459 que tiende a que las industrias en ese ámbito territorial realicen sus actividades en el marco de un desarrollo sustentable.
Para ello, determina que cada industria debe obtener un Certificado de Aptitud Ambiental (C.A.A.) para que las autoridades municipales puedan extender las habilitaciones industriales.
El C.A.A. lo extiende la autoridad de aplicación (municipio o provincia según la categoría de la industria) de acuerdo con la siguiente secuencia de procedimientos: 1) factibilidad de radicación, 2) Categorización industrial. 3)Evaluación de impacto ambiental si son de 2° o 3° categoría, 4) CAA si se aprueba la EIA (Evaluación de Impacto Ambiental)
Los parques o agrupamientos industriales en la Provincia deben también obtener su C.A.A., siendo en todos los casos la autoridad provincial quien expide dicho certificado.
Por lo expuesto, y como Asamblea vecinal de Luján, en defensa del ambiente, de nuestra salud y del bienestar de las futuras generaciones, decimos NO a cualquier intento por derogar, modificar, “puentear”, saltear, suspender o limitar la Ordenanza 6.224, porque es el fruto de una larga lucha de muchas personas involucradas en la defensa de la salud y el ambiente, movilizados al ver las consecuencias de la contaminación.
Nos basamos en el artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (en consonancia con el art. 41 de la Constitución Nacional) que consagra el derecho de los habitantes a gozar de un ambiente sano en su provecho y en el de las generaciones futuras, y el deber de preservar, recuperar y conservar los recursos naturales [...] controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema, promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo.
Exigimos tener acceso a la información, que debe ser pública, clara, y recibida en tiempo y forma. La constitución garantiza nuestro derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente. Sin embargo, el señor Intendente solo ha hablado del tema en algunos medios de comunicación, y no ha recibido a los vecinos que, mediante nota presentada en el mes de febrero, solicitaron una reunión. Y ahora presenta un proyecto que inaugura un festival de excepciones a las normas que nos rigen. Excepciones al Código de Ordenamiento Urbano y excepciones a la Ordenanza 6224 que prohíbe la radicación de sólo el 5% de industrias más contaminantes en el partido de Luján. Todo con el único fin de habilitar un negociado que a nuestro pueblo no le deja un centavo ni nos inyecta energía. Sorprende la actitud de Boto, considerando que, en 2018, antes de ser intendente, acompañó a los vecinos en su reclamo contra la contaminación de la termoeléctrica. En ese momento, presentó un recurso de amparo ante la autoridades provinciales, gestionó reuniones con diputados nacionales y realizó varias apariciones mediáticas declarando estar en contra de la termoeléctrica y prometió su clausura. Nadie sabe los motivos de su cambio de opinión ya que se niega a dar explicaciones a la comunidad. El intendente que prometió a la comunidad un Luján Limpio impulsa una estafa sin precedentes al intentar la habilitación de una empresa que está funcionando clandestinamente desde 2017.

Del mismo modo, solicitamos a los integrantes del cuerpo legislativo, que consideren el perjuicio ambiental que ocasionaría para Luján la habilitación de la termoeléctrica, siendo una industria de 3° categoría. Pero lo más grave, es que se trataría de un acto de corrupción, ya que dicha empresa está funcionando de modo completamente ilegal
Tenemos memoria. No queremos reeditar situaciones ya vividas en Luján, de empresas que se instalan y dejan un pasivo ambiental con daños imposibles de subsanar. Están en juego la calidad del agua que consumimos, la calidad del aire, la calidad de vida de los vecinos. Está en juego el ejercicio democrático de respetar las leyes. No debe haber excepciones para favorecer a unos pocos y perjudicar a muchos.
El martes 21 de junio el Concejo Deliberante puede ser partícipe y cómplice de este fraude contra las vecinas y vecinos del Partido de Luján. O puede respetar las normas que nos rigen y que fueron impulsadas por las luchas de nuestra comunidad. En primer lugar, respetar la Ordenanza 6224 y proteger el ambiente; en segundo lugar, ser coherente con la Resolución 31/2018 que declara a la empresa Araucaria Energy S.A. persona jurídica no grata y defender nuestra autonomía; y por último, atender la opinión del Consejo Urbanístico Ambiental, órgano consultivo de los concejales, que rechazó de plano el proyecto por razones jurídicas, ambientales y sociales: la termoeléctrica no tiene licencia para habilitarse en Luján.
Desde la Asamblea de Luján insistiremos con las causas que nos convocan.
Defendemos la vida, la salud y el ambiente sano. Defendemos el trabajo digno y el desarrollo sustentable. No queremos que ninguna localidad o barrio de Luján se convierta en tierra de negocios para empresas que solo generan daño.

 Convocamos a la comunidad y a todas las organizaciones sociales y políticas a asistir al Concejo Deliberante el martes 21 de junio a las 15 hs. en defensa de nuestra salud y del ambiente.
¡Si a la vida! ¡No a la contaminación!
Asamblea de Luján