

Se trata de un sistema de etiquetado de eficiencia energética de vivienda que permita clasificarlas según su grado de eficiencia en el requerimiento global de energía primaria.
El Gobierno creó el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV) para promover la eficiencia energética unificada en todos los hogares del país. Se trata de un sistema de etiquetado de eficiencia energética de vivienda que permita clasificarlas según su grado de eficiencia en el requerimiento global de energía primaria, mediante una "etiqueta de eficiencia energética", según la Resolución 5/2023 de la Secretaría de Energía, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
Para el Poder Ejecutivo, el etiquetado permitirá cuantificar el requerimiento energético de las viviendas de todo el territorio nacional, de manera de poder compararlas entre sí bajo un criterio unificado "y construir una línea de base que sirva de referencia para la elaboración de nuevos programas y el direccionamiento de mecanismos de incentivos, a los fines de mejorar las prestaciones energéticas de las viviendas y reducir el consumo de energía en los hogares".
Asimismo, se mejoró el "Aplicativo Informático Nacional de Etiquetado de Viviendas", diseñado para realizar la carga de datos de una vivienda y emitir la Etiqueta de Eficiencia Energética.
La Secretaría de Energía invitó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a celebrar convenios con la Subsecretaría de Energía Eléctrica para la implementación del PRONEV.
El organismo subrayó que, actualmente, el Aplicativo de Etiquetado de Viviendas cuenta con más de 2.600 usuarios activos y más de 3.400 viviendas analizadas; se han ejecutado ocho experiencias de implementación (pruebas piloto), analizándose a través de éstas un total de 1.357 viviendas en todo el país.
A fines del año pasado, la Subsecretaría de Energía Eléctrica expuso la necesidad de contar con un marco normativo adecuado, que establezca los lineamientos generales del sistema de etiquetado de eficiencia energética, de manera tal de fomentar su implementación en todo el territorio nacional de manera unificada.
En consecuencia, esa Subsecretaría concluyó que la implementación de medidas pasivas y activas de eficiencia energética en el sector residencial "resulta fundamental", dado que representa el 27,4% del consumo energético final total del país, y que el sector de las construcciones en general representó el 37% de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía en 2021, "por lo que existe un gran potencial en este sector para la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero y para la consecución de los compromisos de mitigación y adaptación al cambio climático asumidos por el Estado Nacional", según la Resolución.
Fuente: Ambito


Humedad extrema en el AMBA: el calor invisible que agobia a la ciudad

Litio, derrames, fallos y una ley en la mira: el combo explosivo que sacude a Catamarca

Diputados de la oposición impugnan la audiencia pública por la Ley de Glaciares y denuncian “irregularidades”



Heladas tardías golpean a varias provincias argentinas: viñedos, frutales y miles de hectáreas bajo amenaza

Ciencia bajo presión: una investigadora del INTA que estudió plaguicidas enfrenta un pedido de exoneración
Virginia Aparicio coordinó en la Argentina el proyecto internacional SPRINT, que investigó la presencia de plaguicidas en el ambiente, los alimentos, los animales y las personas. Su abogado asegura que un sumario administrativo propone aplicarle la sanción más grave del empleo público. El gremio APINTA denunció un intento de disciplinamiento y reclamó libertad para investigar.

Córdoba: un temporal de granizo destruyó más de 2.300 paneles solares en La Francia

Neuquén: ordenan un nuevo juicio contra una exintendenta por un basural a cielo abierto

Santa Fe: la Justicia confirmó el archivo de la causa por contaminación del Paraná vinculada a Acindar

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó la decisión que había levantado la medida cautelar y dispuso mantener suspendidos los desmontes en toda la provincia. Para el tribunal, la modificación de la normativa forestal chaqueña no demuestra por sí sola que haya desaparecido el riesgo ambiental que dio origen a la protección.




