El juez Adrián González Charvay, titular del Juzgado Federal de Campana, decidió levantar la feria judicial y  modificó la medida cautelar  vigente  desde 2017  contra la Termoeléctrica ARAUCARIA ENERGY, con un fallo basado  en un nuevo Estudio de Impacto Ambiental realizado por dos consultoras  privadas, Estrategias Ambientales y DAKAR,   contratadas por la empresa Araucaria , respaldado por la municipalidad de Pilar y  el Ministerio de Ambiente de Provincia,  el magistrado resolvió permitir el funcionamiento provisorio de la “Central Matheu III” – ubicada en la calle Alborada S/N de la localidad de Villa Rosa del partido de Pilar-, con dos (2) turbinas en el horario comprendido entre las 8:00 hs. a 21:00 hs. y hasta el día 30 de junio del año en curso,  argumentando que es necesario producir energía para evitar el desabastecimiento del suministro en eléctrico en el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia. 
Desde la Asociación Civil Organización de Ambientalistas Autoconvocados ( O.A.A)   repudiamos el accionar del juez , del Municipio de Pilar y del Ministerio de Ambiente provincial. Consideramos que fallo es arbitrario, no aplica los principios del derecho ambiental, permite el funcionamiento sin la totalidad de los permisos y/o habilitaciones ambientales. Habilita el funcionamiento supuestamente para pruebas pero lo hace por un periodo de seis meses que es muy extenso para una simple prueba que como mucho puede durar un par de días. El Juez no da ninguna precisión de cómo serán esas pruebas quien, como y cuando se ejecutarán, cuando  era tarea del juez establecer esas directrices ejecutivas, por lo que entendemos que se desentendió del caso, lo dejó librado al municipio y el ex OPDS -hoy Ministerio de Ambiente - que fueron los cómplices de toda la ilegalidad inicial que permitió la irregular instalación de las Termoeléctricas. 
El fallo asegura también que el impacto será menor por el retiro de la termoeléctrica APR, la muni presenta conformidad por todo esto y dice que ejercerá poder de policía y controles pero que es el gobierno de la Provincia quien deberá controlar por ser una industria de categoría 3, desentendiendose como el Juez de toda responsabilidad.

Desde la O.A.A insistimos en las irregularidades que se continúan presentando en este proceso que hoy demuestra que la Justicia vuelve a actuar privilegiando intereses y con un muy mal accionar y que el actual gobierno de Pilar accede a una acción irregular presentando conformidad para la modificación de la medida cautelar dictada, incumpliendo su promesa de campaña.

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Fuente: ambientalistas.org.ar