La Política Ambiental
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dictó un fallo clave para la protección ambiental y la salud pública al ratificar la prohibición de fumigar con agrotóxicos a menos de 1.000 metros de viviendas, escuelas y zonas pobladas en el municipio de General Pueyrredón. El tribunal ordenó, además, medidas urgentes como la provisión de agua potable a establecimientos educativos rurales y la realización de estudios ambientales sobre suelos y aguas.
La decisión judicial representa un respaldo firme a una lucha vecinal que lleva más de una década, y que tuvo como principal impulsora a la Asamblea Paren de Fumigarnos de Mar del Plata. La causa fue iniciada en 2013 por un grupo de 32 vecinos, luego de que el gobierno municipal intentara reducir la distancia mínima de fumigación de 1.000 a solo 100 metros, en contradicción con la ordenanza 18.740 de 2008.
Salud y ambiente como prioridad
En su resolución del 26 de mayo, la Corte reafirma el principio "preventivo y precautorio" establecido por la Ley General del Ambiente, y advierte sobre el impacto sanitario y ecológico del uso de agroquímicos. Los jueces Sergio Torres, Mario Kohan, Hilda Kogan y Daniel Soria dejaron en claro que la prioridad es “la preservación de la salud y la calidad de vida humana”.
La resolución también ordena que, en un plazo de 15 días, el municipio difunda masivamente la medida cautelar vigente y notifique a productores agropecuarios, colegios profesionales y escuelas afectadas. En un mes, las autoridades locales y provinciales deberán presentar informes sobre los productores que operan dentro de la “zona de seguridad”, junto con las causas judiciales abiertas por fumigaciones ilegales.
Agua contaminada y estudios pendientes
La resolución de la Corte responde a denuncias documentadas por la Asamblea, entre ellas, informes sobre presencia de glifosato y nitratos en el agua subterránea que abastece a escuelas rurales. El Grupo Aguas, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, detectó contaminación en cuatro escuelas y un jardín del oeste marplatense. También fueron presentados estudios bioquímicos que alertan sobre la presencia de plaguicidas en la población infantil.
Por estos motivos, el máximo tribunal ordenó al INTA Balcarce realizar nuevos estudios de agua y suelo en la zona de resguardo, en un plazo de 20 días. Al mismo tiempo, el municipio deberá garantizar el acceso a agua potable segura en las escuelas afectadas.
Jorge Picorelli, referente de la Asamblea y exdocente de la Escuela Primaria 51 —una de las afectadas— celebró el fallo: “Esta resolución es contundente. El municipio no cumplió con nada de lo que debía: ni barreras forestales, ni controles, ni registro de productores. Ahora deben hacerlo y rendir cuentas ante la Corte”.
El rol del INTA y las tensiones internas
La Corte confió la tarea de relevamiento ambiental al INTA Balcarce, aunque persisten dudas en la comunidad científica y ambientalista sobre la transparencia del organismo. La ingeniera Virginia Aparicio, investigadora del proyecto internacional Sprint, fue apartada luego de detectar la presencia de múltiples agroquímicos en muestras humanas tomadas en la región. La Asamblea denuncia censura y hostigamiento a quienes exponen los efectos del modelo agroindustrial.
“El INTA debe estar, pero debe actuar con responsabilidad pública y sin ocultar datos que son esenciales para tomar decisiones sanitarias”, señaló Picorelli.
Una lucha vecinal que no afloja
Desde 2015, General Pueyrredón está gobernado por gestiones de derecha —primero Carlos Arroyo (Cambiemos), y actualmente Guillermo Montenegro (PRO)— que, según denuncian los vecinos, nunca mostraron voluntad política de aplicar las normas existentes. La Corte ya había ratificado la vigencia del límite de 1.000 metros en 2019, pero las ordenanzas siguieron sin cumplirse.
Lucas Landívar, abogado de la Asamblea, advirtió: “Hay causas judiciales congeladas, como la muerte masiva de peces en la Laguna de los Padres. Esta resolución es un paso hacia la justicia ambiental, pero aún falta que el Estado haga cumplir la ley en serio”.
El fallo también exige a la Fiscalía General de Mar del Plata que informe sobre las denuncias penales radicadas por uso indebido de agrotóxicos dentro de la zona de exclusión. Mientras tanto, la comunidad continúa exigiendo una ordenanza que promueva la agroecología como alternativa real al uso de plaguicidas, así como el desarrollo de políticas públicas activas para el cuidado del ambiente.
“Nos prometen cambios, nos prometen diálogo, pero nada se concreta. Nunca más se va a retroceder de los 1.000 metros. Esa es una conquista del pueblo”, afirmó Picorelli.
Contexto
El conflicto por el uso de agrotóxicos no es exclusivo de Mar del Plata. En distintos puntos del país, organizaciones sociales, docentes, médicos y científicos reclaman por el impacto del modelo agroindustrial basado en el uso intensivo de pesticidas. Este fallo de la Corte bonaerense se suma a otras decisiones similares, como la reciente medida del máximo tribunal de Santa Fe, que reconocen los derechos ambientales y sanitarios de las poblaciones rurales.
En una provincia donde 135 municipios regulan de forma dispar el uso de agroquímicos, la falta de una legislación unificada sigue siendo una deuda pendiente. La resolución judicial vuelve a encender una señal de alerta: la salud pública no puede esperar más.
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