León Felipe Alvaredo Von Semasco
Muchos argumentos desde los Gobiernos en todo el mundo para posponer medidas ambiciosas que ayuden a la adaptación y mitigación al Cambio Climático tienen que ver con los riesgos que implica destinar recursos para la sustitución de redes eléctricas, la modificación de los hábitos de consumo y la disminución de las emisiones de las cadenas productivas. Estas perspectivas se asocian a un discurso el cual sostiene que, particularmente, en los países en vías de desarrollo o del Sur Global, los problemas económicos y sociales deben ponderarse por sobre los ambientales. Sin embargo, la experiencia chilena demuestra que, si las políticas climáticas se priorizan, los cambios no sólo son posibles, sino además beneficiosos en todos los aspectos.
Los avances obtenidos en la transformación de la política energética de Chile tienen que ver, en primera instancia, con sus enormes recursos renovables: el territorio goza de fuertes vientos constantes en la región montañosa de la Patagonia y de algunos de los niveles de radiación solar más altos del mundo en el desierto de Atacama, lo que permite la generación de hidrógeno verde. Esos recursos son estratégicamente aprovechados por el Gobierno, el cual prometió 50 millones de dólares para financiar seis proyectos destinados a impulsar la industria nacional de dicho bien. Esto significa un gran avance hacia los ambiciosos compromisos a largo plazo que tiene el país, los cuales incluyen lograr emisiones iguales a cero en 2050 y convertir el 70% de su consumo energético total en energías renovables para 2030.
Para Timothy Conley, especialista en Engagement Digital del Foro Económico Mundial (WEF), hubo otros factores fundamentales que se pusieron en juego para lograr avanzar en los cambios de la matriz energética chilena: un amplio apoyo político, asociaciones público-privadas, alianzas bilaterales y regionales (como la Alianza Energética Chile-Alemania o el gran apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-), y tecnologías verdes innovadoras.
Con respecto al primer punto, es un aspecto fundamental, ya que la transición hacia energías sostenibles es apoyada por todos los partidos políticos del país, y también por los mismos ciudadanos. Según el Programa de Yale para la Comunicación sobre el Cambio Climático, el 91% de los chilenos está de acuerdo con que el problema del cambio climático debe ser abordado por el Gobierno. Así, el consenso aparece como un eje clave a la hora de tomar decisiones.
Es importante destacar, finalmente, que desde el Gobierno chileno se busca una transición inclusiva con respecto a la temática de género. Esto se plasmó en el proyecto de 2018 “Energía+Mujer”, el cual impulsaba la participación femenina y la igualdad salarial en el sector de las energías renovables del país.
De esta manera, el gran ejemplo chileno demuestra que con determinación, inversión y cooperación, la transición hacia una matriz energética sostenible e inclusiva es posible también para los países de América Latina; pero para ello debe haber un consenso nacional con respecto a la urgencia de tomar medidas para paliar las consecuencias del Cambio Climático.
El motivo de cierre de este programa, que comenzó en el gobierno de Menem, se debe a que el Ministerio de Capital Humano no designó a ningún funcionario en el área, por lo que nadie puede firmar la continuidad.
Desde 2008 se prohíbe en todo el territorio provincial la explotación minera metalífera a cielo abierto, la minería de minerales nucleares y el empleo de sustancias tóxicas en los procesos mineros. Cámaras y asociaciones mineras apelaron y fueron rechazadas.
