Tres empresarios y una despachante de Aduana fueron procesados, tras detectarse una millonaria estafa en dólares al Estado nacional. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, tomó la decisión, luego de detectar la falsificación de documentación de importación de maquinaria para la construcción de Vaca Muerta, (provincia de Neuquén).

En total, la maniobra fraudulenta resultó de u$s92.339.773,8 que fueron girados al exterior.

Desde la Justicia, informaron que los involucrados en el hecho fueron identificados como Damián Strier y Oscar Guercio, de la empresa NRG Argentina SA; Pablo Marull, de Marull Heavy Equipment LLC; y la despachante de Aduana, Karina Cantafio. Todos estarían vinculados a 24 casos de contrabando agravado y defraudación a la administración pública, entre el 29 de junio del año 2020 y el 8 de abril del año 2022 a través del Departamento Aduana de Campana y de la Aduana de San Antonio Oeste.

Millonario fraude al Estado en Vaca Muerta
 

Después de la investigación correspondiente, la justicia logró determinar que NRG llevó a cabo importaciones al país con Marull Heavy Equipment LLC. Se ingresó al país equipamiento para el montaje y puesta en funcionamiento de una «planta para producir arenas silíceas», la cual se emplea para proveer de arena de fractura para la industria del petróleo y el gas. Vale detallar que este tipo de procedimientos, cuenta con un tratamiento aduanero en particular.

 
Para completar el ilícito, los acusados se valieron de documentación falsa. Pero la maniobra no terminaba ahí, ya que luego sacaban la plata del país: «La operatoria de contrabando de importación agravada investigada, les habría permitido obtener al tipo de cambio oficial, la suma de u$s92.339.773,8, que luego fueron girados al exterior, ello en base a la presentación de documentación falsa».

  

Tres empresarios y una despachante de Aduana habrían autorizado importaciones de manera irregular para Vaca Muerta.
 

El juez concluyó que «en definitiva, de las probanzas colectadas, surge que se habría creado un flujo financiero ilícito trasnacional que habría permitido a los imputados fugar divisas obtenidas de modo irregular y al tipo de cambio oficial, mediante operaciones de comercio exterior, engañando al control aduanero con declaraciones falsas respaldadas con facturación apócrifa, para así obtener ganancias ilícitas y generando un consecuente perjuicio a las arcas del Estado nacional».

La medida de la Justicia fue dictada sin prisión preventiva, pero con embargos de hasta 5 mil millones de pesos. El magistrado mantuvo la inhibición general sobre los bienes de los procesados y de la empresa NRG. Por otra parte, solicitó al Banco Central de la República Argentina «que comunique a todas las entidades bancarias el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias, cajas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo y demás productos bancarios y financieros y la prohibición de innovar respecto de la totalidad de las cajas de seguridad» de los acusados y las empresas.

Fuente: Iprofesional