Gravísima persecución a los defensores del agua en Uspallata: piden detención de Federico Soria por movilizaciones contra la minera San Jorge

Este lunes 31 de marzo, en el Polo Judicial de Mendoza, se llevó a cabo una audiencia crucial en la que se solicitó la detención de Federico Soria, reconocido referente de las Asambleas por el Agua Pura, quien fue detenido tras la audiencia y se encuentra a la espera de una nueva instancia judicial. Esta detención se suma a la de Mauricio Cornejo, quien desde hace semanas está cumpliendo prisión domiciliaria luego de haber estado detenido en condiciones inhumanas durante 21 días. Ambos activistas están involucrados en una causa judicial impulsada por el Gobierno de Mendoza en respuesta a su firme defensa de los recursos hídricos de la región y su rechazo a la reactivación de la minera San Jorge, un proyecto que se encuentra en conflicto con la comunidad de Uspallata.

En esta causa, ambos han sido acusados, entre otras cosas, bajo el Artículo 213 bis del Código Penal, una figura que no se usaba desde la última dictadura militar, que les imputa formar parte de una “agrupación que intenta imponer sus ideas por medio de la violencia o el terror”. Esta acusación se basa en una denuncia presentada por Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, pero que, según denuncian los activistas, carece de pruebas sólidas y responde a un armado judicial impulsado por los intereses de las corporaciones mineras y el Gobierno de Mendoza para silenciar a quienes defienden el agua y los derechos territoriales.

La causa judicial contra Mauricio Cornejo y Federico Soria es parte de una persecución política contra quienes se oponen a la minería en la región, en defensa del agua y la Ley 7722 de Mendoza, que prohíbe el uso de sustancias químicas en la minería, y protege los recursos hídricos de la provincia. La ley, sancionada en 2007 por la Legislatura de Mendoza, es un baluarte en la defensa del agua como bien común y está orientada a prevenir la contaminación de los cursos de agua con el uso de cianuro y otros productos peligrosos en las actividades mineras. A lo largo de los años, la ley ha sido defendida por amplios sectores de la sociedad, que ven en ella una herramienta clave para preservar la salud de los habitantes y la biodiversidad de la provincia. Sin embargo, la reactivación de la minera San Jorge, que había sido detenida durante años debido a su impacto ambiental y la resistencia popular, amenaza con abrir una puerta a nuevas formas de contaminación y explotación.

Mauricio Cornejo, quien fue uno de los primeros en ser detenido en este contexto, es un reconocido activista ambiental que ha dedicado gran parte de su vida a luchar por la protección del agua y el medio ambiente en Uspallata. Cornejo fue arrestado el 24 de febrero de 2025 y pasó 21 días bajo detención en el Polo Judicial de Mendoza, en condiciones de salud graves, tras haber sido operado de la clavícula y de los dedos de un pie. Durante esos días, su situación de salud se agravó debido a las pésimas condiciones de detención, y fue solo gracias a la movilización popular y a las recomendaciones médicas que fue puesto en prisión domiciliaria. Sin embargo, la detención de Cornejo, y ahora de Soria, no son incidentes aislados, sino una parte de una escalada represiva que busca amedrentar a la comunidad de Uspallata, cuyos habitantes se han movilizado en defensa del agua y la Ley 7722.

Antes de su detención, Soria había denunciado, en un audio que circuló en redes sociales, que el gobierno provincial y las corporaciones mineras, en complicidad con actores locales, estaban detrás de una "causa armada" para criminalizar la protesta. En sus palabras, la acusación contra él y Cornejo, basada en una denuncia falsa de Vera, carece de sustento y responde a intereses corporativos y políticos que buscan ocultar la verdad sobre el impacto de la minería en la región.

Federico Soria acusó también al Gobierno de Mendoza y a Minera San Jorge de intentar ocultar los efectos negativos de la minería, mientras que Soulwide Holding, la empresa matriz de la minera, estaría vinculada a prácticas irregulares, incluidas acusaciones de sobornos, violaciones a los derechos humanos y contaminación ambiental en otras partes del mundo. Soria insistió en que lo que está en juego es la preservación del agua y la lucha por un territorio libre de minería contaminante.

Desde las Asambleas por el Agua, se denunció que la justicia mendocina está actuando como un instrumento del poder político y económico, con la intención de intimidar a los vecinos de Uspallata y deslegitimar la protesta social. La criminalización de la protesta se ha intensificado a medida que las movilizaciones en defensa de los recursos naturales y el rechazo a la minería han ganado fuerza en Mendoza, especialmente tras la reactivación del proyecto San Jorge. En este contexto, la Ley 7722 ha adquirido una relevancia aún mayor, ya que se considera que su respeto es vital para la preservación del agua en una provincia que enfrenta graves problemas hídricos debido al cambio climático y la sobreexplotación de sus recursos naturales.

La justicia mendocina, al encarcelar y procesar a activistas como Mauricio Cornejo y Federico Soria, está enviando un mensaje claro: la represión y la criminalización de quienes luchan por el agua y el respeto de la Ley 7722 es una estrategia para desactivar la resistencia popular y garantizar la continuidad de los proyectos mineros en la región, a pesar de los riesgos ambientales y sociales que conllevan.

En respuesta a estas persecuciones, las Asambleas por el Agua han convocado una serie de movilizaciones. La primera de ellas será un ruidazo que tendrá lugar este martes 1 de abril a las 19:00 horas en el KM0 de Mendoza, en rechazo a la detención de Federico Soria y en apoyo a la liberación de Mauricio Cornejo. Los vecinos de Uspallata y activistas de todo Mendoza han mostrado su determinación para seguir luchando en defensa del agua y la Ley 7722, reclamando que se respete la legislación que protege los recursos hídricos y se frene la criminalización de la protesta.

En conclusión, lo que está ocurriendo en Mendoza es una grave persecución política contra los defensores del agua y los recursos naturales, en un intento por silenciar a quienes luchan por un futuro libre de contaminación minera. La comunidad de Uspallata y los movimientos sociales seguirán defendiendo sus derechos y la Ley 7722, y no permitirán que el interés corporativo pase por encima de los intereses de la comunidad y del medio ambiente.