La Política Ambiental
Con la promesa de atraer inversiones y diversificar la matriz productiva, la Legislatura de Neuquén aprobó esta semana la ley “Invierta Neuquén”, una iniciativa que crea un régimen de beneficios para quienes apuesten por sectores considerados “estratégicos” por el gobierno provincial. La norma fue aprobada con 23 votos a favor y 4 en contra, en una sesión atravesada por elogios al potencial económico… y críticas por la falta de controles y equilibrio.
La ley propone exenciones fiscales, acceso a tierras públicas, créditos blandos y subsidios para proyectos vinculados al turismo, la salud, la tecnología, la infraestructura, la producción agropecuaria, la energía y —clave en la región— el desarrollo hidrocarburífero y minero. El objetivo oficial es claro: estimular inversiones privadas que generen empleo, desarrollo territorial y mayor dinamismo económico en una provincia que ha apostado fuerte a sus recursos naturales.
Desde el bloque oficialista y sectores aliados, se celebró la medida como una herramienta concreta para atraer capitales e impulsar el crecimiento fuera del empleo público. “Es una apuesta a una provincia con más trabajo privado y más oportunidades en el interior”, dijo Ernesto Novoa (Comunidad). En esa línea, desde el PRO, Marcelo Bermúdez destacó la reducción impositiva como motor de inversión y valoró la transparencia de los procesos: “Se va a publicar quién invierte, cuánto y en qué”.
Sin embargo, el proyecto no estuvo exento de cuestionamientos. Desde Unión por la Patria y los bloques de izquierda, las críticas apuntaron a que la ley otorga muchos beneficios sin exigir contraprestaciones claras. La diputada Lorena Parrilli (UxP) alertó sobre “los privilegios para empresas” y la posibilidad de que el Estado entregue tierras sin requerir una inversión mínima. “Es un RIGI a la neuquina”, expresó, en referencia al régimen impulsado por el gobierno nacional de Javier Milei.
Otro punto de debate es que el Comité Provincial de Inversión Neuquina (CPIN), órgano encargado de decidir qué proyectos se aprueban, dependerá exclusivamente del Poder Ejecutivo. Esto generó preocupaciones sobre la concentración de decisiones y la falta de participación de otros sectores sociales o políticos.
En un contexto en el que el país discute el equilibrio entre inversión, empleo y protección ambiental, esta norma abre varios interrogantes. Neuquén es una provincia rica en recursos —con Vaca Muerta a la cabeza— pero también con desafíos en materia de gestión territorial, conflictos socioambientales y necesidades urgentes de diversificación económica real y sostenible.
“Invierta Neuquén” puede ser una oportunidad si se implementa con transparencia, criterios técnicos claros y participación ciudadana. Pero también corre el riesgo de repetir viejas recetas: apostar al extractivismo sin planificación, atraer capitales sin reglas firmes o entregar beneficios sin asegurar impactos positivos duraderos.
La clave estará en cómo se controle, quién accede a los beneficios y qué se le exige a cambio. Porque una provincia que quiere crecer no solo necesita inversiones, sino también decisiones justas, sustentables y pensadas a largo plazo.
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